Román Rodríguez: «Nueva Canarias será determinante en 2019»

El presidente de Nueva Canarias asegura con rotundidad que los progresistas darán un salto en número de votos tal que les permitirán articular una mayoría suficiente para optar a formar un Gobierno en el que desaparezca Coalición Canaria (CC). Predice que el partido de Fernando Clavijo «no pasará del 15%» de los apoyos electorales en el próximo año 2019

11/11/2018 CANARIAS7/ LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El presidente de Nueva Canarias (NC) dice sentir que el viento empieza a soplar a favor de sus pretensiones, que no son otras que articular una «mayoría de progreso» para producir un cambio político lo suficientemente potente para desalojar definitivamente a Coalición Canaria (CC) del Gobierno autonómico. Ese cambio tendrá como guía, subrayó, la recuperación de servicios públicos y un crecimiento económico «sostenible y justo».

«En 2019 toca cambio político», declara rotundo y «NC será determinante», añade. Hace ya algún tiempo que Román Rodríguez viene manejando prospecciones y encuestas electorales que, junto con sus particulares análisis políticos, le llevan a insistir en que su partido «aumentará representación en el Parlamento» en las próximas elecciones autonómicas y locales, y «solamente el Partido Socialista Canario (PSC) nos superará en términos relativos», apuntó en un desayuno informativo celebrado en CANARIAS7.

Sobre esa conclusión, y en esa «mayoría de progreso» en la que incluye indirectamente a los socialistas, es en la que deposita actualmente todos sus esfuerzos con el firme propósito de llevar a la realidad la «oportunidad de hacer un gobierno de otro orden». Prevé, en todo caso, un Gobierno que será «progresista y nacionalista» al participar en él NC.

El presidente de Nueva Canarias asegura que no es una utopía. «En el Parlamento actual, las fuerzas progresistas representamos 72.000 votos más que las conservadoras», argumenta, aunque en el reparto de escaños las primeras salen perdiendo. Además, «es una realidad incontrovertible -aseguró- que la opinión pública evoluciona ya hacia ese cambio» y prevé que, con el nuevo sistema electoral, entrará un solo partido más -Ciudadanos-. Pero más importante en su aspiración a multiplicar los respaldos electorales es la «fragmentación de Coalición», destacó.

A este último respecto, Rodríguez alude a las llamadas de advertencia que han salido a la palestra por la Agrupación Herreña Independiente (AHI) y su equivalente en La Palma, ambas dentro de CC. «El proceso de descomposición de Coalición continua con los herreños y los palmeros que vuelven a resurgir con sus siglas», señaló.

Al mismo tiempo, Román Rodríguez calcula que a CC «la ciudadanía no les va a seguir» tras haber llegado al acuerdo electoral con Unidos por Gran Canaria.

«Creo que eso no funciona -reflexionó-. Son respetables ese tipo de acuerdos y los entiendo, porque lo que buscan es salvar los muebles pero están en un proceso de pérdida de confianza que además, no es nuevo», reitera.

En este sentido, el portavoz del grupo parlamentario recordó cuando todavía militaba en CC. «En 1999 -año en el que consiguió la Presidencia de Gobierno- sacamos el 37,5% de los votos; Fernando Clavijo, en 2015, solamente llegó al 17,60%», enfatizó. Y ahondó: «Van a seguir bajando, porque lo único que ha salvado a la Coalición de Clavijo es el sistema electoral». Así que predijo que el año próximo «no van a pasar del 15% del voto emitido».

Desconvergencia

El máximo responsable de NC considera que la «desconvergencia» de Canarias respecto del resto del territorio nacional es lo que explica, en parte, la pérdida de confianza que predice para el partido que sustenta al Ejecutivo de Canarias.

Al respecto, puso énfasis en que en 2017 «estamos en el 81,7% de la renta per cápita media del Estado y en 2000 estábamos en el 97,7%». Abundó en que «los parámetros que van mal son los que dependen de este Gobierno, nos estamos empobreciendo aún más», subrayó.

Así, continuó, «no puede ser que en Castilla y León, con una estructura poblacional similar a Canarias dediquen 500 millones de euros a dependencia y aquí nosotros ¡103 millones nada más!…».

Sobre el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año próximo, Román Rodríguez denunció, entre otras cosas, el hecho de que «el Gobierno de Fernando Clavijo no dedica ni un solo euro a combatir la pobreza». Recordó que el «primer problema de la sociedad canaria es la desigualdad; el 40% de la población está en riesgo de exclusión social y no hay ni un solo euro», insistió.

Rodríguez tildó de «vergüenza» esta decisión y especuló con que «esperan tirar con los 30 millones que vengan del Estado y que Nueva Canarias consiguió en los Presupuestos de 2018», a pesar de lo cual avanzó la previsible enmienda a la totalidad a las cuentas autonómicas.

Dilaciones

Otra cuestión que al presidente de NC dice provocarle «inquietud» es el procedimiento judicial en el que se encuentra el presidente del Gobierno con el conocido como caso Grúas.

«Deseo que esta cuestión se resuelva de manera diligente», declaró, pero censuró a Fernando Clavijo que hubiera protestado por una supuesta dilación en las actuaciones de la Fiscalía. «Para dilaciones los casos de Silverio Matos -exalcalde de Santa Lucía de Tirajana y compañero de filas en NC-, o el de Carmelo Padrón» -referente socialista-. «No es bueno un presidente investigado», apostilló, «porque debilita la institución, resta credibilidad y tiempo a la acción gubernamental».

Errores

Román Rodríguez cree que el jefe del Ejecutivo se «equivocó» cuando solicitó comparecer en el Parlamento para dar cuenta del caso Grúas porque «politizó sus problemas con la Justicia». «También el presidente hizo mal -abundó- cuando genera un escrito duro exigiendo rapidez y casi sobreseimiento, y se equivoca más el consejero de Presidencia insinuando politización del tema y atacando a la mensajera, la abogada de uno de los denunciantes».

A su juicio, tales actuaciones reflejan «nerviosismo y debilidad» y lamenta el «impacto negativo que va a tener en la figura del presidente del Gobierno en un momento que no está para tirar voladores». «No vamos a hacer oportunismo político con este tema, porque no lo hemos hecho con ningún otro», dijo.

El presidente de Nueva Canarias se manifiesta convencido de que su partido va a aumentar notablemente el apoyo social en las próximas elecciones autonómicas y locales. Afirma que es «incontrovertible» que hay una opinión pública que «evoluciona» y lo hace, sostiene, hacia la conformación de una mayoría de progreso» que posibilitará un cambio de Gobierno autonómico a partir del año 2019. En ese marco, augura que NC será «determinante».

Román Rodríguez asegura que Coalición Canaria (CC) empezó a perder la confianza de la ciudadanía hace años. Recordó que en 1999, cuando él alcanzó la Presidencia de Gobierno siendo candidato de CC, la federación sacó el 37,5% de los votos, mientras que los nacionalistas liderados por el actual jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, obtuvieron el 17,60% de los sufragios emitidos. «En 2019, no van a pasar del 15%», pronosticó durante el desayuno informativo en CANARIAS7.

Entra en vigor el Estatuto canario y el Régimen Fiscal y Económico

Hoy, 6 de noviembre, Canarias entierra el sistema electoral más injusto de Europa y acaba con los aforamientos: desaparecen la doble y la triple paridad en el sistema electoral canario, se preven más competencias para la nacionalidad canaria, se fija la demarcación de las aguas territoriales y el anclaje constitucional del REF y su desvinculación de la financiación autonómica general.

La nueva norma, con rango de ley orgánica, acaba con el sistema electoral más injusto de Europa y convierte a Canarias en la primera comunidad autónoma española en abolir el aforamiento del que hasta hoy venían disfrutando las autoridades autonómicas, es decir, los altos cargos del Gobierno (consejeros y presidente) y los diputados regionales. Fernando Clavijo se convierte así en el primer damnificado del fin de los aforamientos: el caso Grúas, en el que está denunciado, regresa a los juzgados de La Laguna y a las resoluciones de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife

A partir de las próximas elecciones de mayo de 2019, los electores canarios tendrán que elegir dos listas al Parlamento regional, una por la circunscripción electoral de su isla, y la otra por una nueva circunscripción regional de nueve escaños. Y puede darse a partir de ahora que la ciudadanía pueda ser llamada a las urnas con el único fin de renovar el Parlamento autonómico porque también aparece ahora en el ordenamiento legal de la nacionalidad la capacidad del presidente de disolver la Cámara siempre que haya transcurrido un año desde su constitución y no esté tramitándose una moción de censura.

Con el nuevo sistema y con la adjudicación de un nuevo escaño a la isla de Fuerteventura por su extraordinario incremento poblacional, desaparecen la doble y la triple paridad. La doble, porque la provincia de Las Palmas pasa a tener un escaño más (31) en las circunscripciones insulares frente a la de Santa Cruz de Tenerife. Y la triple paridad por la creación de la lista regional, donde tendrán más peso los electores de las islas más pobladas a la hora de designar a las nueve personas que conforman ese colegio electoral.

El Parlamento de 70 diputados y diputadas que emane de las elecciones de mayo próximo deberá elaborar, en un plazo no superior a tres años, una nueva Ley Electoral en la que decida incluso (si lo estima conveniente) reducir el número de representantes a 50. O elevarlo a 75. Y cumplir los preceptos del nuevo estatuto en cuanto a los topes exigibles para que las formaciones políticas puedan tener representación parlamentaria, bien manteniendo las actuales circunscripciones insulares o imponiendo una sola regional.

De manera excepcional, en las elecciones de 2019, la ciudadanía de Canarias se enfrentará a unas elecciones en las que habrá cinco urnas: una para elegir a su Ayuntamiento; otra, para el Cabildo de su isla; una tercera para la lista insular al Parlamento; la siguiente, de nueva creación, para la lista regional, y la última, para el Parlamento Europeo, cuya renovación toca cada cinco años.

El nuevo Estatuto de Autonomía concede a Canarias un buen número de nuevas competencias, entre otras la de gestionar las instituciones penitenciarias. Para ello es necesario desarrollar un decreto que dote de contenido económico cada uno de los servicios y el personal público que se transfiere. Además, permitirá que se convoquen referéndums sobre competencias propias de la nacionalidad.

También resulta notable el esfuerzo de los redactores del nuevo Estatuto de Autonomía por definir claramente el perímetro de las aguas territoriales de Canarias, que aun manteniendo su condición de aguas de titularidad del Estado, pasan a dar protagonismo al Archipiélago en su gestión administrativa para asuntos de importancia como las obligaciones de servicio público, el tráfico interinsular o los recursos pesqueros, entre otros. Un mapa incluido en el Estatuto, ayudará a resolver cualquier duda que se pueda plantear en cualquier momento sobre ese perímetro.

El REF

Además del nuevo sistema electoral, el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias consagra el Régimen Económico y Fiscal canario, el REF como una fuente de financiación separada del sistema de financiación que rige para todas las comunidades autónomas. El REF contiene, entre otras medidas, el descuento para residentes canarios del 75 por ciento en sus viajes a la península ibérica –con lo que esta bonificación no dependerá de futuras negociaciones presupuestarias–, ayudas a la desalación de agua para uso agrícola y el destino de una partida de los Presupuestos Generales del Estado para combatir la pobreza si los indicadores canarios se mantienen en peores niveles que los de la media estatal. Esto se supone que otorgará a Canarias mayor capacidad económica para corregir las diferencias derivadas de la lejanía y de la insularidad.

Texto completo del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias: EPUB   PDF   DOCX

 

Presupuestos engañosos en educación

Fernando Redondo Rodríguez y Pablo Joel Santana Bonilla (miembros de la Plataforma por el 5% del PIB para la Educación).

El proyecto de presupuestos presentado por el gobierno de Canarias para 2019, respecto a la educación y los servicios públicos, son un ejemplo de publicidad engañosa y manipulación informativa.

Centrándonos en el ámbito educativo, la divulgación del proyecto por parte del gobierno contiene varias falsedades que los datos desmienten con rotundidad. Por no extendernos, lo ilustraremos con dos ejemplos:

El gobierno dice que “los 1.713 millones de euros del presupuesto de educación son el mayor presupuesto con fondos propios”. Primera falsedad. En el año 2009 –una década atrás, el presupuesto de educación era de 1.750 millones de euros, es decir, 37 millones más. La afirmación del gobierno es escandalosamente engañosa ya que el PIB de 2019 será un 17% más alto que el de 2009 por lo que, siendo rigurosos, para que fueran equiparables, el presupuesto de 2019 debería crecer en 335 millones de euros. Es decir, debería alcanzar los 2.048 millones de euros. Esto nos puede dar una idea de la gravedad de los recortes sufridos por la educación canaria en esta década.

El gobierno también afirma que “esta cifra nos coloca en la senda de superar el objetivo del 5% del PIB en 2022”. Segunda falsedad. Los 53 millones de euros que aumenta el presupuesto de educación respecto al año anterior representa un crecimiento de 0,03 puntos. Esto nos sitúa en el 3,6% del PIB, muy lejos de la senda necesaria para llegar al objetivo. A ese ritmo de crecimiento tardaríamos 49 años en llegar al 5%, mientras que la Ley Canaria de Educación establece que deberíamos llegar en 3 años.

El análisis del proyecto de presupuestos para 2019 nos permite concluir lo siguiente:

1. Aunque aparentemente el presupuesto crece –como dice el gobierno-, ese crecimiento es bajo y ridículo respecto al PIB. Cuando se aprueba la Ley Canaria de Educación en 2014, el presupuesto de educación representaba el 3,79% del PIB. Cuando se agote esta legislatura estaremos en el 3,63%. Es decir, bajaremos en estos 5 años un 0,16% respecto al PIB.

2. Queda acreditado que la educación no es una prioridad para los firmantes del pacto presupuestario. PP, CC y ASG incumplen su compromiso de “incorporar en el Proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma Canaria para 2019 un presupuesto de Educación que se sitúe como mínimo en el 4% del PIB”. Pero además de incumplir la ley, el Presidente Clavijo rompe su promesa electoral de “incrementar el presupuesto de inversión en educación hasta alcanzar la media europea”.

3. Los 270 millones de euros de rebajas fiscales contenidas en los dos últimos presupuestos son innecesarias e injustas. Innecesarias porque tenemos la fiscalidad más baja del Estado y dichos ingresos son imprescindibles para recuperar los recortes sufridos por nuestros debilitados servicios públicos. E injustas porque los más beneficiados serán las clases medias altas y ciertos grupos empresariales, ya que para ese 40% de la población canaria que se encuentra en el umbral de la pobreza (parados y trabajadores pobres), la bajada del IGIC les repercutirá de forma mínima y no se beneficiarán de las deducciones en el IRPF ya que, la gran mayoría, no presenta la declaración de la renta por no estar obligados a ello.

4. Estos presupuestos no son solidarios con la desigualdad económica y social. No contienen ninguna medida que mejore la contribución fiscal de los sectores que más beneficios obtuvieron durante la crisis y la recuperación y, con ello, impiden disponer de unos ingresos y un techo de gasto suficientes para afrontar una verdadera política de redistribución de la riqueza y recuperación de los servicios públicos.

En definitiva, pese a la publicidad engañosa que trata de ocultar la realidad, estos presupuestos no trasladan la recuperación económica a los servicios públicos. La financiación de la educación, en concreto, se encuentra entre las más bajas de la historia en relación con el PIB.

Es falso que los presupuestos de 2019 sean sociales

Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019, marginan a dos de los tres servicios públicos esenciales, la sanidad y la educación.

Las rebajas fiscales acordadas por el tripartito de CC, el PP y la ASG sólo son propaganda ya que su impacto en las economías familiares y de las empresas es ridículo, sin embargo, detraen 150 millones de euros del gasto social autorizado al Gobierno de Canarias para el próximo año.

Es falso que este presupuesto sea social.

El Ejecutivo en minoría de CC ha llevado a la Cámara el último presupuesto de la IX Legislatura con una subida, en relación a 2018, de un 6,8%, la mitad aproximadamente del incremento de las cuentas en vigor. Este aumento se debe principalmente a las transferencias estatales consecuencia de la buena gestión realizada también por NC en los acuerdos presupuestarios estatales de 2017 y 2018.

Los recursos propios prácticamente no crecen y en absoluto responden a las necesidades de la población canaria, fundamentalmente por las rebajas fiscales acordadas con el PP y la ASG, sostén parlamentario del gabinete en minoría presidido por Fernando Clavijo. Esta política tributaria implica una reducción de 150 millones de euros en ingresos que, en cumplimiento del artículo 12.4 de la ley estatal de estabilidad, obliga a detraer una cantidad igual del gasto público autorizado a la comunidad canaria.

Pero además, las bajadas fiscales son pura cosmética y propaganda para ir a la campaña electoral de mayo del próximo año: su impacto en las familias y las empresas es ridículo.

Aplicar el tipo cero del IGIC a la entrega de energía eléctrica, en base a los datos reflejados en el proyecto de ley, supone que la factura de la luz de los hogares y las empresas de las islas bajará una media de menos de un euro al mes.

Escaso impacto en los bolsillos de las familias y de la cuenta de resultados de las empresas de unas rebajas tributarias que, sin embargo, nos restarán 150 millones de euros del gasto autorizado al Gobierno en 2019. De éstos, sólo la bajada de medio punto del IGIC hurta más de 100 millones de euros a los ingresos y, por tanto, al gasto público social.

Unas decisiones del tripartito que tienen un reflejo directo en las partidas asignadas a las consejerías de los servicios públicos esenciales. Con menos recursos disponibles consecuencia de la política fiscal y en base a la distribución de los fondos existentes, las medidas del Ejecutivo en minoría de CC son injustas con las políticas sociales.

La revolución social anunciada por Fernando Clavijo en los presupuestos de 2019 se desinfla: Es falso que los presupuestos de 2019 del tripartito de CC, el PP y la ASG sean sociales. La media del gasto de los tres servicios públicos esenciales es de un 4,5%, es decir, dos puntos menos que la media del gasto total.

Los departamentos marginados son la sanidad que crece un 2,6%, cuatro puntos menos. La subida es de 77 millones de euros, de los que 71 millones de euros se dirigen al capítulo I de personal. Solo quedan cinco ridículos millones de euros para afrontar todas las deficiencias existentes con los nuevos programas, equipamientos e infraestructuras.

El segundo departamento que no cuenta para el gabinete de Clavijo es la educación, donde sus partidas suben un 4,1%, casi tres puntos menos que el incremento medio global. Con esta decisión, los parlamentarios nacionalistas ya avanzaron que se volverá a incumplir la ley canaria que obliga a que la inversión en esta materia sea del 5% del PIB en 2022.

Y en el caso del 20% de subida para dependencia no hay fondos nuevos, cero euros de incremento, para la Prestación Canaria de Inserción.

Sobre el aumento de las inversiones que alcanzan la cifra inicial de 1.077 millones de euros incrementada con la próxima firma de los convenios con el Estado en otros 500 millones de euros, Nueva Canarias avanzó que la incapacidad gestora del Ejecutivo de CC volverá a ponerse de manifiesto porque no se ejecutará ni un tercio de los mismos.

Por todo esto Nueva Canarias se plantea presentar una enmienda a la totalidad: una petición de devolución del presupuesto de CC, el PP y la ASG, para defender la necesidad de bajar los impuestos a las rentas más bajas y a los productos básicos, es decir, aplicar una política fiscal progresiva.

Absueltos los acusados en el caso Palmera

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha absuelto a Silverio Matos, exalcalde del municipio grancanario de Santa Lucía, del delito de prevaricación del que le acusaba la Fiscalía en el denominado caso Palmera. 

El Ministerio Público pedía para el exdirigente de Nueva Canarias (NC) ocho años de inhabilitación por haber aprobado en enero de 2015 un convenio con una empresa privada para adquirir terrenos en la zona de El Doctoral a cambio de participaciones sociales en la empresa mixta que el Ayuntamiento pretendía crear para concurrir al concurso eólico convocado por el Gobierno de Canarias, finalmente suspendido.

La sentencia, notificada este miércoles a las partes, también absuelve a Antonio Ruiz, exconcejal de Urbanismo de Santa Lucía, y a dos empresarios, José Luis Alemán y Antonio Marcial Sánchez. La Fiscalía pedía para el primero la misma pena que para Matos, ocho años de inhabilitación. Los otros dos procesados figuraban en la causa como consecuencia de la intervención de la acción popular, ejercida por el denunciante, Rufino Pérez, exconcejal del Grupo Ansite (una escisión del Partido Popular) en el municipio de Santa Lucía. 

Hechos probados

En su relato de hechos probados, la Sala incide en que el alcalde y el concejal de Urbanismo promovieron  tres convenios de permuta con informes favorables del arquitecto municipal y del interventor, sin que constara en el acta “ningún tipo de objeción” por parte de la secretaria del Ayuntamiento. 

La sentencia, que tiene al magistrado Secundino Alemán como ponente, da validez a la pericial del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna Francisco José Villar Rojas, aportada por la defensa de Matos y Ruiz, para concluir que no era preciso el informe jurídico en el procedimiento elegido por la corporación local, el convenio de permuta, de naturaleza privada. 

La resolución remarca que los acusados actuaron “con pleno convencimiento” de que la permuta no sólo era jurídicamente correcta, sino también “la única viable”, una vez descartada una operación de compraventa, ya que el Ayuntamiento no disponía de consignación presupuestaria, y la expropiación forzosa, cuya tramitación se hubiera demorado durante meses cuando la oferta para concurrir al concurso eólico se tenía que presentar en un plazo de 60 días. El proyecto “era el único viable para disponer de posibilidades de resultar adjudicatario”, señala. 

Para la Audiencia de Las Palmas en el juicio quedó acreditado que la operación, lejos de ocasionar un perjuicio patrimonial al Ayuntamiento de Santa Lucía, era “muy beneficiosa” para las arcas municipales. Según la memoria económica del proyecto, la explotación del parque eólico, a través de una sociedad mixta en la que la corporación se reservaba el control absoluto, con el 51% de las acciones, le hubiera proporcionado durante la vida útil de la infraestructura (20 años) un beneficio de más de veinte millones de euros. 

“Encomiable esfuerzo” de la Fiscalía

La Sala destaca el “encomiable esfuerzo argumental” de la representante de la Fiscalía para sostener la acusación de prevaricación contra ambos exdirigentes, pero discrepa de sus conclusiones y niega la existencia de cualquier tipo de connivencia con los empresarios para favorecerles sin seguir los procedimientos exigibles, imposibilitando con ello la libre concurrencia, como argumentaba el Ministerio Público. “Es como el edificio alto con fuertes columnas que, sin embargo, está abocado a su caída al no tener cimientos sólidos”, manifiesta en torno a la posición de la Fiscalía. 

La sentencia incide en que los escritos de acusación no hacían ninguna referencia a que el objeto de los convenios fuera favorecer a una concejala del grupo de gobierno, Inmaculada Concepción Ramírez, que está casada con Agustín Domínguez, administrador de Machacadora Domínguez, una de las sociedades que cedieron terrenos al Ayuntamiento a cambio de un porcentaje de las participaciones en la sociedad mixta, del 9% en este caso. “Que el alcalde (Silverio Matos) oficie su boda no constituye ningún tipo de irregularidad” ni sirve “para acreditar ningún tipo de connivencia”, exponen los magistrados.

Tampoco se aludía en esos escritos a la posible existencia de inconveniente legal para que el Ayuntamiento pudiera formalizar ese convenio con el marido de una concejala. La aparición del nombre de la edil en el acta de la Junta de Gobierno se debe, según la resolución judicial, a un simple error, sin que su presencia, en todo caso, hubiera resultado relevante para adoptar la decisión. 

Un falso “pelotazo” de 3,6 millones de euros

También rechaza los argumentos esgrimidos por la Fiscalía en torno a la desproporción entre el valor del suelo cedido (120.000 euros por 10.000 metros cuadrados) y el supuesto beneficio que el propietario privado iba a lograr con las participaciones durante la vida útil del parque (3,6 millones de euros).

La Sala recuerda que tanto el autor del proyecto, Rafael Sánchez, gerente de la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, como los tres peritos judiciales que intervinieron en el juicio coincidieron en que la ubicación del centro de control en la parcela propiedad de Machacadora Domínguez era la ideal, de manual. El Ayuntamiento solo disponía de suelo con potencial eólico en esa zona, como acreditó el arquitecto municipal, pero era insuficiente para concurrir con visos de éxito al concurso, por lo que la corporación decidió, a propuesta del gerente de la Mancomunidad, adquirir parcelas colindantes de titularidad privada. 

La sentencia subraya que la primera intención del gobierno municipal era presentarse al concurso usando solo terrenos públicos y que dejó fuera del convenio otra parcela de Machacadora Domínguez, dos circunstancias que, a su juicio, desmontan la teoría del favorecimiento de intereses particulares.

Tampoco comparte la acusación del Ministerio Fiscal sobre el supuesto pelotazo de 3,6 millones de euros. La resolución judicial destaca, en primer lugar, que todos los socios de la empresa mixta partían del mismo punto, del mismo valor del suelo, por lo que no se benefició a ninguno de ellos. “Ni siquiera es correcto señalar que con una finca con un valor de 120.000 euros se va a ganar 3,6 millones, o más correctamente que la base del pelotazo esté en tal premisa que adolece de cierta simpleza”. Para la Audiencia, el error de partida es considerar “que se cambia una cosa por otra”, obviando que lo que cada socio aporta a la empresa es su valor patrimonial y que este viene determinado por el valor del suelo, que es el mismo para todos.

También cuestiona el dato, los 3,6 millones de euros de hipotético beneficio, porque partía de una estimación de 4.000 horas de potencial eólico cuando, según los coeficientes de optimización, debía situarse entre las 2.800 y las 3.000 horas, lo que reduce las ganancias de los 93 a los 61 millones de euros. En relación a la superficie cedida, la Sala recuerda que, además del centro de control, el proyecto preveía las canalizaciones hacia los aerogeneradores y una subestación.

Decisión correcta

A la hora de valorar el posible delito de prevaricación por el que los encausados estaban también acusados, la sentencia expone que la decisión adoptada por la comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Lucía en enero de 2005 y con carácter de urgencia de llevar a cabo una permuta de unos terrenos privados para construir un parque eólico público, «no solo es defendible mediante criterios de interpretación válidos jurídicamente, sino que respondía únicamente al interés general, lo que la sitúa justo en el lado contrario a la arbitrariedad en el ejercicio de la función pública».

El interés de Rufino Pérez era «solo político».

En lo que se refiere a lo expuesto por parte de la acusación popular contra los procesados respecto al delito de prevaricación, el ponente se pregunta «qué información privilegiada se les suministró por parte del alcalde y el concejal» a los empresarios investigados, «ni cuál es la base probatoria de tal temeraria afirmación», sostiene. «El hecho de que elevasen a escritura pública el día anterior a la aprobación del convenio la adquisición de la parcela Doctoral 11, ni supone ninguna irregularidad en sí misma, ni qué decir tiene que hipotéticamente y a lo sumo se podría haber planteado que se sintieron engañados los transmitentes, pues de esa forma quedaron imposibilitados de concurrir al proyecto con el Ayuntamiento, lo que ni siquiera ha acontecido», añade.

La pretensión de condena sostenida en exclusiva por la acusación popular, «no merece mayores consideraciones jurídicas por su absoluta falta de fundamento», detalla y hace alusión a la declaración del acusador Rufino Pérez, que no «proporcionó ningún dato objetivo mínimamente contrastable» en aras a sostener su denuncia y su personación como acusador popular: «Su interés en denunciar unos hechos heterogéneos era político».

La Audiencia reconoce al final de su sentencia que los acusados han sufrido «un daño» en forma de «pena de banquillo» por «tan largo procedimiento de investigación», aunque reconoce que no está en su mano repararlo más allá de declarando las costas de juicio de oficio.

Sentencia completa Caso Palmera