XII MEDIA MARATÓN Memorial Camilo Sánchez

La XII Gran Canaria Media Maratón Memorial Alcalde Camilo Sánchez vuelve a llenar el municipio de deporte, ocio y solidaridad con la implicación de la ciudadanía y las personas deportistas llegadas de otros municipio y de otras islas este fin de semana. Esta nueva edición en la que se han inscrito cerca de 3.000 personas, arranca este viernes con la Caminata y la Fiesta de la Fruta, una actividad creada para fomentar el ejercicio físico y los hábitos saludables en la que participan cerca de 500 personas.


El programa de esta décimo segunda entrega de la prueba lúdico-deportiva continúa el sábado, desde las 10.00 de la mañana con la III Carrera Benéfica con Perros, en la que 200 personas de todas las edades aportarán cada una 3 kilos de comida para perros o gatos, que serán destinados al Albergue Insular de Gran Canaria. El protagonismo por la tarde, a las 16.30 horas, lo tendrán los menores con la Carrera Infantil, que pondrá en la línea de meta de la zona peatonal a 800 niños y niñas que practican atletismo con diferentes clubes de la isla.
La jornada del sábado se completa con una charla a cargo del atleta olímpico Rubén Palomeque, a las 18.30 horas en el Salón Ateneo, en la que el olímpico en Pekin 2008 repasará su trayectoria y dará consejos para afrontar las distintas modalidades de la Gran Canaria Media Maratón, que también sirve de preámbulo a la Gran Canaria Maratón, que se celebrará el próximo mes de enero en la capital grancanaria.
El domingo, día principal de la prueba, la alcaldesa de Santa Lucía Dunia González dará el pistoletazo de salida a las 9.30 horas de las pruebas de 5, 10,5 y 21 kilómetros, en las que hay inscritas 1.850 personas. El podio estará ubicado en el Pabellón Municipal y el concierto del grupo Los 600 pondrá el broche festivo a esta edición. Los participantes de las distintas modalidades volverán a contar con servicios de guardarropa, ludoteca, vestuarios y ducha, servicios sanitarios.
La alcaldesa Dunia González recuerda que esta prueba lúdico-deportiva “nace para fomentar la práctica de la actividad física y con los años hemos conseguido mejorarla hasta convertirla en un referente, no solo en la isla sino también en Canarias”.
El concejal de Actividad Física y Deportes, Raúl de Pablo, asegura que Santa Lucía “será este fin de semana el epicentro del deporte en la isla” y destaca la participación de todos los sectores de la población y el gran ambiente que se vive durante los tres días de la Media Maratón Alcalde Camilo Sánchez.

La alcaldesa de Santa Lucía pide una Ley Canaria de Función Pública

La alcaldesa de Santa Lucía considera que es necesario “buscar otro modelo que impulse la gestión estratégica del empleo público local, porque contamos con estructuras de personal que no responden  a las necesidades actuales de los ayuntamientos y esto dificulta  la gestión y la gobernanza local”.

Dunia González realizó estas manifestaciones durante la inauguración de las “Jornadas sobre la Gestión Estratégica del Empleo Público Local” que se celebran  en un hotel en Vecindario.


Casi un centenar de  trabajadores y trabajadoras públicos de ayuntamientos como el de  Las Palmas de Gran Canaria, Santa Lucía de Tirajana, Agüimes, Telde, Mogán, Teror, Tinajo o Puerto del Rosario están inscritos en esta jornada, organizada por la Federación Canaria de Municipios (FECAM).

La primera edil santaluceña denunció que las limitaciones que nos marca  la ley de Presupuestos Generales del Estado en cuanto a la contratación de personal está generando una gran frustración porque provoca que tengamos unos servicios absolutamente deficitarios.

Dunia González abogó por tener mayor flexibilidad-como primera medida- para planificar de forma realista nuestros recursos y saber cuáles son nuestros efectivos, por eso necesitamos una Ley Canaria de Función Pública que nos facilite una estrategia adecuada en la plantilla y de qué manera contratar al personal necesario.

La alcaldesa recordó que ya en 2015 se emitió el Informe de la Comisión para la elaboración del Estatuto Básico del Empleado Público, donde se recogía que es obligación de los poderes públicos configurar una organización que permita satisfacer el derecho a una buena administración de los asuntos públicos, y se nos dio unas pautas que no podemos cumplir y las dificultades siguen siendo enormes para las administraciones.

Es escandaloso que la incapacidad gestora del Gobierno de CC le obligue a devolver 6,9 millones de euros a Madrid

Cuánto tiempo más pueden los ciudadanos de las islas soportar al insensible Gobierno en minoría de CC, incapaz de gestionar medidas en beneficio de la mayoría social y ahora obligado a devolver a Madrid fondos destinados a hacer más competitiva la principal industria local, el turismo.

Es escandalosa la devolución al Estado de 6,9 millones de euros para la mejora de los espacios turísticos públicos, uno de los principales retos del sector en Canarias, “abandonado y olvidado” por el Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo. La inacción del gabinete de CC en la renovación y modernización turística, una tarea preferente, avala la necesidad de que el Parlamento tome en consideración la proposición de ley de NC para la creación de una tasa turística con la que se obtendrían unos 150 millones de euros mínimos.

Román Rodríguez, portavoz parlamentario de NC, se mostró contundente al comprobar que el proyecto de ley presupuestario para 2019, el último de Clavijo, un dato escandaloso incluido en los presupuestos de la Consejería de Turismo. Al margen de que el Gobierno no haga un esfuerzo inversor propio, que ya es censurable cuando hablamos del principal motor económico, Rodríguez denunció que es inasumible que se devuelvan fondos para la renovación de los espacios públicos a la Administración estatal por no gastar los mismos desde de 2011.

Hay en el presupuesto una partida de 6,9 millones de euros, que aparece como inversión en el capítulo VII y que es una transferencia al Estado por inejecución del Convenio para la Mejora del Espacio Público Turístico de Canarias. Tras pedir prórrogas durante años el Ejecutivo de CC ha sido incapaz de justificar la inversión, y ahora debe devolverla.

¡Todo un éxito de gestión! que vuelve a evidenciar la incompetencia de este Gobierno. Cuando el sector comienza a retroceder en las islas por la incorporación de los destinos competidores al mercado, en lugar de poner en marcha medidas destinadas a ganar en competitividad, devolvemos dinero al Estado.

El Ejecutivo de CC, en opinión de Rodríguez, no ha hecho sus tareas, no ha sido capaz de incentivar, facilitar y cumplir con su deber de invertir en la rehabilitación de los espacios públicos. Ante el abandono gubernamental, el portavoz nacionalista dijo que parece conveniente que los grupos apoyen la toma en consideración de la proposición de ley de NC para crear el nuevo impuesto sobre estancias turísticas con el fin de adscribir esa recaudación, unos 150 millones de euros mínimos anuales, a la renovación, fomento de la calidad y la promoción turística así como a la protección del patrimonio natural, histórico y cultural de las Islas.

Relegada la rehabilitación como objetivo prioritario, el abandono se demuestra además en que el gabinete de Clavijo ha activado, de forma irresponsable al final de esta legislatura, la tramitación de un proyecto de ley, el de la barra libre a la construcción de nuevos establecimientos alojativos.

Sin renovación de las áreas obsoletas, tras poner el futuro de la oferta otra vez en manos del mercado, sin saber nada del anunciado estudio sobre la capacidad de carga de las islas como tampoco de la nueva regulación sobre el alquiler vacacional. Todo esto lo impulsa un gabinete que tampoco busca alternativas a otros graves problemas como los colapsos circulatorios o los vertidos incontrolados al litoral, en clara contradicción con un modelo de desarrollo sostenible.

Los presos políticos saharauis reciben el Premio Manos Solidarias Alcalde Camilo Sánchez

El activista y refugiado político saharaui Hassana Aalia, que  fue condenado por un consejo militar de Marruecos a cadena perpetua tras su participación en el campamento Gdeim Izik, recibió la noche de este martes el Premio Manos Solidarias Alcalde Camilo Sánchez durante la clausura de las XV Jornadas de Solidaridad Alcalde Camilo Sánchez en la sede de la Asociación de Vecinos Teneguía de Casa Pastores. En el acto también estuvieron presentes la alcaldesa de Santa Lucía, Dunia González, el consejero de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ramírez, la activista saharaui Aminatou Haidar y representantes del Frente Polisario.

La representante de la Federación Ventolera, organizadora de las jornadas, Chana González, manifestó que “este premio lo entregamos a todos los presos saharauis a través de Hassana Aalia para mostrarles nuestra solidaridad y denunciar las torturas que padecen y los juicios sin garantías a los que se enfrentan”. Hassana Aalia agradeció “este premio porque se lo vamos a hacer llegar a nuestros presos políticos y a sus familiares, estoy seguro que este reconocimiento va a ser un estímulo tanto para los presos como para la familia y amigos, porque  saber que otros pueblos están con nosotros y nuestra lucha nos da más fuerza para seguir defendiendo la libertad y la independencia del pueblo saharaui”.

En el acto también intervino Anselmo Fariñas, portavoz de la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui, que detalló el expolio que Marruecos está haciendo de los recursos del pueblo saharaui, con la colaboración de países como España y Francia.

En su intervención Aminatou Haidar denunció que la ONU se está comportando como un testigo con los ojos cerrados, que quiere ignorar los crímenes contra la humanidad que ha cometido Marruecos en los territorios ocupados”. Haidar mostró su preocupación “porque está entrando droga en los territorios ocupados y eso está dañando mucho a nuestra  juventud, que cada vez está más desesperada”.

La alcaldesa de Santa Lucía, Dunia González, agradeció a los organizadores de las jornadas de solidaridad su trabajo porque “gracias a los testimonios que hemos escuchado hoy, además de emocionarnos y de poder mostrarle nuestra solidaridad al pueblo saharaui, en este acto hemos podido recibir  información directa de lo que le ocurre a nuestro pueblo hermano. “La primera edil santaluceña añadió que “gracias a esta información podemos seguir denunciando que aquí al lado hay un conflicto internacional que no quieren contarnos, porque las grandes potencias que controlan la ONU se suelen poner del lado de los fuertes. “

NC incorporará la renta de ciudadanía como una prioridad en el programa de cambio de 2019

El presidente y portavoz parlamentario de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha anunciado que NC incorporará la renta canaria de ciudadanía, reconocida como un “derecho” de los canarios en el nuevo Estatuto y una “obligación” para los poderes públicos, como una “prioridad” en el programa de cambio de 2019. Rodríguez reprochó al Gobierno de CC, Fernando Clavijo,  que “haya despreciado” una medida defendida por los nacionalistas progresistas a lo largo de la IX Legislatura.

Con la entrada en vigor del nuevo texto estatutario, el presidente de NC recordó que las “personas que se encuentren en situación de exclusión social”, como se recoge en el artículo 24, tienen “derecho a acceder a una renta de ciudadanía” en los términos que establezcan las leyes. El mismo artículo establece que los “poderes públicos canarios velarán por erradicar los efectos de la pobreza y la exclusión social en las personas que viven en Canarias, a través del desarrollo de los servicios públicos”. Pero además el artículo 36, en su segundo punto, especifica que “los actos que vulneren los derechos reconocidos en el presente título (sobre derechos) podrán ser objeto de recurso ante la jurisdicción correspondiente, de acuerdo con los procedimientos que establezcan las leyes procesales del Estado”. También recoge, en su punto tercero, que “sin perjuicio de las garantías constitucionales, toda persona podrá dirigirse a la Diputación del Común en defensa de sus derechos por las posibles lesiones imputables a las administraciones públicas de Canarias”.

Para los nacionalistas progresistas, desde la publicación del Estatuto reformado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 6 de noviembre, “se produce un antes y un después” con respecto a las políticas para combatir la pobreza y la exclusión social en las Islas y el resto de los derechos reconocidos en el mismo.

Por ello, Román Rodríguez anunció que la renta de ciudadanía se incorporará como una prioridad en el programa de cambio para 2019 de Nueva Canarias. Durante año, recordó el presidente, los nacionalistas progresistas “hemos defendido, en solitario, la implantación de la renta básica, que es lo mismo que la renta de ciudadanía”.

Mientras, Fernando Clavijo descalificó la renta básica de NC con declaraciones como que “cronificaba” la pobreza y daba muestras de su “desconocimiento” al asegurar que esta medida, puesta en marcha con éxito en territorios como Euskadi, era propia de sistemas fracasados; Román asegura que NC está “empeñada en tratar de aportar medidas que ayuden a paliar la situación, y ya logramos” que los presupuestos estatales de 2018 dediquen 30 millones de euros además de que el reformado Régimen Económico y Fiscal (REF) obligue a Madrid a destinar a Canarias una partida anual mientras los indicadores superen la media del Estado.

“Conseguimos que el Gobierno estatal entendiera y aceptara nuestras medidas que, sin embargo, el Gobierno de CC “ni siquiera consideró”, reprochó Román Rodríguez. Entre las últimas, añadió, todas las enmiendas parciales a los presupuestos de Clavijo para deshacer las “irresponsables” rebajas fiscales decididas en 2018 y las previstas para 2019, con las que se dejaron de ingresar 125 millones de euros (este año) y otros 149 millones de euros previstos para el próximo año. Unas cantidades importantes, denunció, que se hurtan al gasto social público de una comunidad que está “a la cola de la cola” en servicios sanitarios, educativos y sociales.

Rodríguez reprochó al presidente del Gobierno que “haya despreciado lo que hoy es un derecho para los canarios y una obligación” para los poderes públicos. El portavoz parlamentario de NC preguntó a Clavijo “qué es lo que piensa ahora de la renta de ciudadanía cuando ya no es una medida defendida solo” por los nacionalistas progresistas.

Sin políticas económicas presupuestarias que hayan producido el cambio de modelo productivo, la “única receta de Clavijo para luchar contra la exclusión y uno de los grandes fracasos” de su gestión; la Prestación Canaria de Inserción (PCI), “su otra gran alternativa, se ha quedado desfasada e insuficientemente dotada” en cada una de las leyes presupuestarias aprobadas en estos años, incluida la de 2019 en trámite en el Parlamento, que dedica “cero euros de aumento” a este instrumento.

Román Rodríguez: «Nueva Canarias será determinante en 2019»

El presidente de Nueva Canarias asegura con rotundidad que los progresistas darán un salto en número de votos tal que les permitirán articular una mayoría suficiente para optar a formar un Gobierno en el que desaparezca Coalición Canaria (CC). Predice que el partido de Fernando Clavijo «no pasará del 15%» de los apoyos electorales en el próximo año 2019

11/11/2018 CANARIAS7/ LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El presidente de Nueva Canarias (NC) dice sentir que el viento empieza a soplar a favor de sus pretensiones, que no son otras que articular una «mayoría de progreso» para producir un cambio político lo suficientemente potente para desalojar definitivamente a Coalición Canaria (CC) del Gobierno autonómico. Ese cambio tendrá como guía, subrayó, la recuperación de servicios públicos y un crecimiento económico «sostenible y justo».

«En 2019 toca cambio político», declara rotundo y «NC será determinante», añade. Hace ya algún tiempo que Román Rodríguez viene manejando prospecciones y encuestas electorales que, junto con sus particulares análisis políticos, le llevan a insistir en que su partido «aumentará representación en el Parlamento» en las próximas elecciones autonómicas y locales, y «solamente el Partido Socialista Canario (PSC) nos superará en términos relativos», apuntó en un desayuno informativo celebrado en CANARIAS7.

Sobre esa conclusión, y en esa «mayoría de progreso» en la que incluye indirectamente a los socialistas, es en la que deposita actualmente todos sus esfuerzos con el firme propósito de llevar a la realidad la «oportunidad de hacer un gobierno de otro orden». Prevé, en todo caso, un Gobierno que será «progresista y nacionalista» al participar en él NC.

El presidente de Nueva Canarias asegura que no es una utopía. «En el Parlamento actual, las fuerzas progresistas representamos 72.000 votos más que las conservadoras», argumenta, aunque en el reparto de escaños las primeras salen perdiendo. Además, «es una realidad incontrovertible -aseguró- que la opinión pública evoluciona ya hacia ese cambio» y prevé que, con el nuevo sistema electoral, entrará un solo partido más -Ciudadanos-. Pero más importante en su aspiración a multiplicar los respaldos electorales es la «fragmentación de Coalición», destacó.

A este último respecto, Rodríguez alude a las llamadas de advertencia que han salido a la palestra por la Agrupación Herreña Independiente (AHI) y su equivalente en La Palma, ambas dentro de CC. «El proceso de descomposición de Coalición continua con los herreños y los palmeros que vuelven a resurgir con sus siglas», señaló.

Al mismo tiempo, Román Rodríguez calcula que a CC «la ciudadanía no les va a seguir» tras haber llegado al acuerdo electoral con Unidos por Gran Canaria.

«Creo que eso no funciona -reflexionó-. Son respetables ese tipo de acuerdos y los entiendo, porque lo que buscan es salvar los muebles pero están en un proceso de pérdida de confianza que además, no es nuevo», reitera.

En este sentido, el portavoz del grupo parlamentario recordó cuando todavía militaba en CC. «En 1999 -año en el que consiguió la Presidencia de Gobierno- sacamos el 37,5% de los votos; Fernando Clavijo, en 2015, solamente llegó al 17,60%», enfatizó. Y ahondó: «Van a seguir bajando, porque lo único que ha salvado a la Coalición de Clavijo es el sistema electoral». Así que predijo que el año próximo «no van a pasar del 15% del voto emitido».

Desconvergencia

El máximo responsable de NC considera que la «desconvergencia» de Canarias respecto del resto del territorio nacional es lo que explica, en parte, la pérdida de confianza que predice para el partido que sustenta al Ejecutivo de Canarias.

Al respecto, puso énfasis en que en 2017 «estamos en el 81,7% de la renta per cápita media del Estado y en 2000 estábamos en el 97,7%». Abundó en que «los parámetros que van mal son los que dependen de este Gobierno, nos estamos empobreciendo aún más», subrayó.

Así, continuó, «no puede ser que en Castilla y León, con una estructura poblacional similar a Canarias dediquen 500 millones de euros a dependencia y aquí nosotros ¡103 millones nada más!…».

Sobre el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año próximo, Román Rodríguez denunció, entre otras cosas, el hecho de que «el Gobierno de Fernando Clavijo no dedica ni un solo euro a combatir la pobreza». Recordó que el «primer problema de la sociedad canaria es la desigualdad; el 40% de la población está en riesgo de exclusión social y no hay ni un solo euro», insistió.

Rodríguez tildó de «vergüenza» esta decisión y especuló con que «esperan tirar con los 30 millones que vengan del Estado y que Nueva Canarias consiguió en los Presupuestos de 2018», a pesar de lo cual avanzó la previsible enmienda a la totalidad a las cuentas autonómicas.

Dilaciones

Otra cuestión que al presidente de NC dice provocarle «inquietud» es el procedimiento judicial en el que se encuentra el presidente del Gobierno con el conocido como caso Grúas.

«Deseo que esta cuestión se resuelva de manera diligente», declaró, pero censuró a Fernando Clavijo que hubiera protestado por una supuesta dilación en las actuaciones de la Fiscalía. «Para dilaciones los casos de Silverio Matos -exalcalde de Santa Lucía de Tirajana y compañero de filas en NC-, o el de Carmelo Padrón» -referente socialista-. «No es bueno un presidente investigado», apostilló, «porque debilita la institución, resta credibilidad y tiempo a la acción gubernamental».

Errores

Román Rodríguez cree que el jefe del Ejecutivo se «equivocó» cuando solicitó comparecer en el Parlamento para dar cuenta del caso Grúas porque «politizó sus problemas con la Justicia». «También el presidente hizo mal -abundó- cuando genera un escrito duro exigiendo rapidez y casi sobreseimiento, y se equivoca más el consejero de Presidencia insinuando politización del tema y atacando a la mensajera, la abogada de uno de los denunciantes».

A su juicio, tales actuaciones reflejan «nerviosismo y debilidad» y lamenta el «impacto negativo que va a tener en la figura del presidente del Gobierno en un momento que no está para tirar voladores». «No vamos a hacer oportunismo político con este tema, porque no lo hemos hecho con ningún otro», dijo.

El presidente de Nueva Canarias se manifiesta convencido de que su partido va a aumentar notablemente el apoyo social en las próximas elecciones autonómicas y locales. Afirma que es «incontrovertible» que hay una opinión pública que «evoluciona» y lo hace, sostiene, hacia la conformación de una mayoría de progreso» que posibilitará un cambio de Gobierno autonómico a partir del año 2019. En ese marco, augura que NC será «determinante».

Román Rodríguez asegura que Coalición Canaria (CC) empezó a perder la confianza de la ciudadanía hace años. Recordó que en 1999, cuando él alcanzó la Presidencia de Gobierno siendo candidato de CC, la federación sacó el 37,5% de los votos, mientras que los nacionalistas liderados por el actual jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, obtuvieron el 17,60% de los sufragios emitidos. «En 2019, no van a pasar del 15%», pronosticó durante el desayuno informativo en CANARIAS7.

Entra en vigor el Estatuto canario y el Régimen Fiscal y Económico

Hoy, 6 de noviembre, Canarias entierra el sistema electoral más injusto de Europa y acaba con los aforamientos: desaparecen la doble y la triple paridad en el sistema electoral canario, se preven más competencias para la nacionalidad canaria, se fija la demarcación de las aguas territoriales y el anclaje constitucional del REF y su desvinculación de la financiación autonómica general.

La nueva norma, con rango de ley orgánica, acaba con el sistema electoral más injusto de Europa y convierte a Canarias en la primera comunidad autónoma española en abolir el aforamiento del que hasta hoy venían disfrutando las autoridades autonómicas, es decir, los altos cargos del Gobierno (consejeros y presidente) y los diputados regionales. Fernando Clavijo se convierte así en el primer damnificado del fin de los aforamientos: el caso Grúas, en el que está denunciado, regresa a los juzgados de La Laguna y a las resoluciones de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife

A partir de las próximas elecciones de mayo de 2019, los electores canarios tendrán que elegir dos listas al Parlamento regional, una por la circunscripción electoral de su isla, y la otra por una nueva circunscripción regional de nueve escaños. Y puede darse a partir de ahora que la ciudadanía pueda ser llamada a las urnas con el único fin de renovar el Parlamento autonómico porque también aparece ahora en el ordenamiento legal de la nacionalidad la capacidad del presidente de disolver la Cámara siempre que haya transcurrido un año desde su constitución y no esté tramitándose una moción de censura.

Con el nuevo sistema y con la adjudicación de un nuevo escaño a la isla de Fuerteventura por su extraordinario incremento poblacional, desaparecen la doble y la triple paridad. La doble, porque la provincia de Las Palmas pasa a tener un escaño más (31) en las circunscripciones insulares frente a la de Santa Cruz de Tenerife. Y la triple paridad por la creación de la lista regional, donde tendrán más peso los electores de las islas más pobladas a la hora de designar a las nueve personas que conforman ese colegio electoral.

El Parlamento de 70 diputados y diputadas que emane de las elecciones de mayo próximo deberá elaborar, en un plazo no superior a tres años, una nueva Ley Electoral en la que decida incluso (si lo estima conveniente) reducir el número de representantes a 50. O elevarlo a 75. Y cumplir los preceptos del nuevo estatuto en cuanto a los topes exigibles para que las formaciones políticas puedan tener representación parlamentaria, bien manteniendo las actuales circunscripciones insulares o imponiendo una sola regional.

De manera excepcional, en las elecciones de 2019, la ciudadanía de Canarias se enfrentará a unas elecciones en las que habrá cinco urnas: una para elegir a su Ayuntamiento; otra, para el Cabildo de su isla; una tercera para la lista insular al Parlamento; la siguiente, de nueva creación, para la lista regional, y la última, para el Parlamento Europeo, cuya renovación toca cada cinco años.

El nuevo Estatuto de Autonomía concede a Canarias un buen número de nuevas competencias, entre otras la de gestionar las instituciones penitenciarias. Para ello es necesario desarrollar un decreto que dote de contenido económico cada uno de los servicios y el personal público que se transfiere. Además, permitirá que se convoquen referéndums sobre competencias propias de la nacionalidad.

También resulta notable el esfuerzo de los redactores del nuevo Estatuto de Autonomía por definir claramente el perímetro de las aguas territoriales de Canarias, que aun manteniendo su condición de aguas de titularidad del Estado, pasan a dar protagonismo al Archipiélago en su gestión administrativa para asuntos de importancia como las obligaciones de servicio público, el tráfico interinsular o los recursos pesqueros, entre otros. Un mapa incluido en el Estatuto, ayudará a resolver cualquier duda que se pueda plantear en cualquier momento sobre ese perímetro.

El REF

Además del nuevo sistema electoral, el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias consagra el Régimen Económico y Fiscal canario, el REF como una fuente de financiación separada del sistema de financiación que rige para todas las comunidades autónomas. El REF contiene, entre otras medidas, el descuento para residentes canarios del 75 por ciento en sus viajes a la península ibérica –con lo que esta bonificación no dependerá de futuras negociaciones presupuestarias–, ayudas a la desalación de agua para uso agrícola y el destino de una partida de los Presupuestos Generales del Estado para combatir la pobreza si los indicadores canarios se mantienen en peores niveles que los de la media estatal. Esto se supone que otorgará a Canarias mayor capacidad económica para corregir las diferencias derivadas de la lejanía y de la insularidad.

Texto completo del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias: EPUB   PDF   DOCX

 

Presupuestos engañosos en educación

Fernando Redondo Rodríguez y Pablo Joel Santana Bonilla (miembros de la Plataforma por el 5% del PIB para la Educación).

El proyecto de presupuestos presentado por el gobierno de Canarias para 2019, respecto a la educación y los servicios públicos, son un ejemplo de publicidad engañosa y manipulación informativa.

Centrándonos en el ámbito educativo, la divulgación del proyecto por parte del gobierno contiene varias falsedades que los datos desmienten con rotundidad. Por no extendernos, lo ilustraremos con dos ejemplos:

El gobierno dice que “los 1.713 millones de euros del presupuesto de educación son el mayor presupuesto con fondos propios”. Primera falsedad. En el año 2009 –una década atrás, el presupuesto de educación era de 1.750 millones de euros, es decir, 37 millones más. La afirmación del gobierno es escandalosamente engañosa ya que el PIB de 2019 será un 17% más alto que el de 2009 por lo que, siendo rigurosos, para que fueran equiparables, el presupuesto de 2019 debería crecer en 335 millones de euros. Es decir, debería alcanzar los 2.048 millones de euros. Esto nos puede dar una idea de la gravedad de los recortes sufridos por la educación canaria en esta década.

El gobierno también afirma que “esta cifra nos coloca en la senda de superar el objetivo del 5% del PIB en 2022”. Segunda falsedad. Los 53 millones de euros que aumenta el presupuesto de educación respecto al año anterior representa un crecimiento de 0,03 puntos. Esto nos sitúa en el 3,6% del PIB, muy lejos de la senda necesaria para llegar al objetivo. A ese ritmo de crecimiento tardaríamos 49 años en llegar al 5%, mientras que la Ley Canaria de Educación establece que deberíamos llegar en 3 años.

El análisis del proyecto de presupuestos para 2019 nos permite concluir lo siguiente:

1. Aunque aparentemente el presupuesto crece –como dice el gobierno-, ese crecimiento es bajo y ridículo respecto al PIB. Cuando se aprueba la Ley Canaria de Educación en 2014, el presupuesto de educación representaba el 3,79% del PIB. Cuando se agote esta legislatura estaremos en el 3,63%. Es decir, bajaremos en estos 5 años un 0,16% respecto al PIB.

2. Queda acreditado que la educación no es una prioridad para los firmantes del pacto presupuestario. PP, CC y ASG incumplen su compromiso de “incorporar en el Proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma Canaria para 2019 un presupuesto de Educación que se sitúe como mínimo en el 4% del PIB”. Pero además de incumplir la ley, el Presidente Clavijo rompe su promesa electoral de “incrementar el presupuesto de inversión en educación hasta alcanzar la media europea”.

3. Los 270 millones de euros de rebajas fiscales contenidas en los dos últimos presupuestos son innecesarias e injustas. Innecesarias porque tenemos la fiscalidad más baja del Estado y dichos ingresos son imprescindibles para recuperar los recortes sufridos por nuestros debilitados servicios públicos. E injustas porque los más beneficiados serán las clases medias altas y ciertos grupos empresariales, ya que para ese 40% de la población canaria que se encuentra en el umbral de la pobreza (parados y trabajadores pobres), la bajada del IGIC les repercutirá de forma mínima y no se beneficiarán de las deducciones en el IRPF ya que, la gran mayoría, no presenta la declaración de la renta por no estar obligados a ello.

4. Estos presupuestos no son solidarios con la desigualdad económica y social. No contienen ninguna medida que mejore la contribución fiscal de los sectores que más beneficios obtuvieron durante la crisis y la recuperación y, con ello, impiden disponer de unos ingresos y un techo de gasto suficientes para afrontar una verdadera política de redistribución de la riqueza y recuperación de los servicios públicos.

En definitiva, pese a la publicidad engañosa que trata de ocultar la realidad, estos presupuestos no trasladan la recuperación económica a los servicios públicos. La financiación de la educación, en concreto, se encuentra entre las más bajas de la historia en relación con el PIB.

Es falso que los presupuestos de 2019 sean sociales

Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019, marginan a dos de los tres servicios públicos esenciales, la sanidad y la educación.

Las rebajas fiscales acordadas por el tripartito de CC, el PP y la ASG sólo son propaganda ya que su impacto en las economías familiares y de las empresas es ridículo, sin embargo, detraen 150 millones de euros del gasto social autorizado al Gobierno de Canarias para el próximo año.

Es falso que este presupuesto sea social.

El Ejecutivo en minoría de CC ha llevado a la Cámara el último presupuesto de la IX Legislatura con una subida, en relación a 2018, de un 6,8%, la mitad aproximadamente del incremento de las cuentas en vigor. Este aumento se debe principalmente a las transferencias estatales consecuencia de la buena gestión realizada también por NC en los acuerdos presupuestarios estatales de 2017 y 2018.

Los recursos propios prácticamente no crecen y en absoluto responden a las necesidades de la población canaria, fundamentalmente por las rebajas fiscales acordadas con el PP y la ASG, sostén parlamentario del gabinete en minoría presidido por Fernando Clavijo. Esta política tributaria implica una reducción de 150 millones de euros en ingresos que, en cumplimiento del artículo 12.4 de la ley estatal de estabilidad, obliga a detraer una cantidad igual del gasto público autorizado a la comunidad canaria.

Pero además, las bajadas fiscales son pura cosmética y propaganda para ir a la campaña electoral de mayo del próximo año: su impacto en las familias y las empresas es ridículo.

Aplicar el tipo cero del IGIC a la entrega de energía eléctrica, en base a los datos reflejados en el proyecto de ley, supone que la factura de la luz de los hogares y las empresas de las islas bajará una media de menos de un euro al mes.

Escaso impacto en los bolsillos de las familias y de la cuenta de resultados de las empresas de unas rebajas tributarias que, sin embargo, nos restarán 150 millones de euros del gasto autorizado al Gobierno en 2019. De éstos, sólo la bajada de medio punto del IGIC hurta más de 100 millones de euros a los ingresos y, por tanto, al gasto público social.

Unas decisiones del tripartito que tienen un reflejo directo en las partidas asignadas a las consejerías de los servicios públicos esenciales. Con menos recursos disponibles consecuencia de la política fiscal y en base a la distribución de los fondos existentes, las medidas del Ejecutivo en minoría de CC son injustas con las políticas sociales.

La revolución social anunciada por Fernando Clavijo en los presupuestos de 2019 se desinfla: Es falso que los presupuestos de 2019 del tripartito de CC, el PP y la ASG sean sociales. La media del gasto de los tres servicios públicos esenciales es de un 4,5%, es decir, dos puntos menos que la media del gasto total.

Los departamentos marginados son la sanidad que crece un 2,6%, cuatro puntos menos. La subida es de 77 millones de euros, de los que 71 millones de euros se dirigen al capítulo I de personal. Solo quedan cinco ridículos millones de euros para afrontar todas las deficiencias existentes con los nuevos programas, equipamientos e infraestructuras.

El segundo departamento que no cuenta para el gabinete de Clavijo es la educación, donde sus partidas suben un 4,1%, casi tres puntos menos que el incremento medio global. Con esta decisión, los parlamentarios nacionalistas ya avanzaron que se volverá a incumplir la ley canaria que obliga a que la inversión en esta materia sea del 5% del PIB en 2022.

Y en el caso del 20% de subida para dependencia no hay fondos nuevos, cero euros de incremento, para la Prestación Canaria de Inserción.

Sobre el aumento de las inversiones que alcanzan la cifra inicial de 1.077 millones de euros incrementada con la próxima firma de los convenios con el Estado en otros 500 millones de euros, Nueva Canarias avanzó que la incapacidad gestora del Ejecutivo de CC volverá a ponerse de manifiesto porque no se ejecutará ni un tercio de los mismos.

Por todo esto Nueva Canarias se plantea presentar una enmienda a la totalidad: una petición de devolución del presupuesto de CC, el PP y la ASG, para defender la necesidad de bajar los impuestos a las rentas más bajas y a los productos básicos, es decir, aplicar una política fiscal progresiva.

Absueltos los acusados en el caso Palmera

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha absuelto a Silverio Matos, exalcalde del municipio grancanario de Santa Lucía, del delito de prevaricación del que le acusaba la Fiscalía en el denominado caso Palmera. 

El Ministerio Público pedía para el exdirigente de Nueva Canarias (NC) ocho años de inhabilitación por haber aprobado en enero de 2015 un convenio con una empresa privada para adquirir terrenos en la zona de El Doctoral a cambio de participaciones sociales en la empresa mixta que el Ayuntamiento pretendía crear para concurrir al concurso eólico convocado por el Gobierno de Canarias, finalmente suspendido.

La sentencia, notificada este miércoles a las partes, también absuelve a Antonio Ruiz, exconcejal de Urbanismo de Santa Lucía, y a dos empresarios, José Luis Alemán y Antonio Marcial Sánchez. La Fiscalía pedía para el primero la misma pena que para Matos, ocho años de inhabilitación. Los otros dos procesados figuraban en la causa como consecuencia de la intervención de la acción popular, ejercida por el denunciante, Rufino Pérez, exconcejal del Grupo Ansite (una escisión del Partido Popular) en el municipio de Santa Lucía. 

Hechos probados

En su relato de hechos probados, la Sala incide en que el alcalde y el concejal de Urbanismo promovieron  tres convenios de permuta con informes favorables del arquitecto municipal y del interventor, sin que constara en el acta “ningún tipo de objeción” por parte de la secretaria del Ayuntamiento. 

La sentencia, que tiene al magistrado Secundino Alemán como ponente, da validez a la pericial del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna Francisco José Villar Rojas, aportada por la defensa de Matos y Ruiz, para concluir que no era preciso el informe jurídico en el procedimiento elegido por la corporación local, el convenio de permuta, de naturaleza privada. 

La resolución remarca que los acusados actuaron “con pleno convencimiento” de que la permuta no sólo era jurídicamente correcta, sino también “la única viable”, una vez descartada una operación de compraventa, ya que el Ayuntamiento no disponía de consignación presupuestaria, y la expropiación forzosa, cuya tramitación se hubiera demorado durante meses cuando la oferta para concurrir al concurso eólico se tenía que presentar en un plazo de 60 días. El proyecto “era el único viable para disponer de posibilidades de resultar adjudicatario”, señala. 

Para la Audiencia de Las Palmas en el juicio quedó acreditado que la operación, lejos de ocasionar un perjuicio patrimonial al Ayuntamiento de Santa Lucía, era “muy beneficiosa” para las arcas municipales. Según la memoria económica del proyecto, la explotación del parque eólico, a través de una sociedad mixta en la que la corporación se reservaba el control absoluto, con el 51% de las acciones, le hubiera proporcionado durante la vida útil de la infraestructura (20 años) un beneficio de más de veinte millones de euros. 

“Encomiable esfuerzo” de la Fiscalía

La Sala destaca el “encomiable esfuerzo argumental” de la representante de la Fiscalía para sostener la acusación de prevaricación contra ambos exdirigentes, pero discrepa de sus conclusiones y niega la existencia de cualquier tipo de connivencia con los empresarios para favorecerles sin seguir los procedimientos exigibles, imposibilitando con ello la libre concurrencia, como argumentaba el Ministerio Público. “Es como el edificio alto con fuertes columnas que, sin embargo, está abocado a su caída al no tener cimientos sólidos”, manifiesta en torno a la posición de la Fiscalía. 

La sentencia incide en que los escritos de acusación no hacían ninguna referencia a que el objeto de los convenios fuera favorecer a una concejala del grupo de gobierno, Inmaculada Concepción Ramírez, que está casada con Agustín Domínguez, administrador de Machacadora Domínguez, una de las sociedades que cedieron terrenos al Ayuntamiento a cambio de un porcentaje de las participaciones en la sociedad mixta, del 9% en este caso. “Que el alcalde (Silverio Matos) oficie su boda no constituye ningún tipo de irregularidad” ni sirve “para acreditar ningún tipo de connivencia”, exponen los magistrados.

Tampoco se aludía en esos escritos a la posible existencia de inconveniente legal para que el Ayuntamiento pudiera formalizar ese convenio con el marido de una concejala. La aparición del nombre de la edil en el acta de la Junta de Gobierno se debe, según la resolución judicial, a un simple error, sin que su presencia, en todo caso, hubiera resultado relevante para adoptar la decisión. 

Un falso “pelotazo” de 3,6 millones de euros

También rechaza los argumentos esgrimidos por la Fiscalía en torno a la desproporción entre el valor del suelo cedido (120.000 euros por 10.000 metros cuadrados) y el supuesto beneficio que el propietario privado iba a lograr con las participaciones durante la vida útil del parque (3,6 millones de euros).

La Sala recuerda que tanto el autor del proyecto, Rafael Sánchez, gerente de la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, como los tres peritos judiciales que intervinieron en el juicio coincidieron en que la ubicación del centro de control en la parcela propiedad de Machacadora Domínguez era la ideal, de manual. El Ayuntamiento solo disponía de suelo con potencial eólico en esa zona, como acreditó el arquitecto municipal, pero era insuficiente para concurrir con visos de éxito al concurso, por lo que la corporación decidió, a propuesta del gerente de la Mancomunidad, adquirir parcelas colindantes de titularidad privada. 

La sentencia subraya que la primera intención del gobierno municipal era presentarse al concurso usando solo terrenos públicos y que dejó fuera del convenio otra parcela de Machacadora Domínguez, dos circunstancias que, a su juicio, desmontan la teoría del favorecimiento de intereses particulares.

Tampoco comparte la acusación del Ministerio Fiscal sobre el supuesto pelotazo de 3,6 millones de euros. La resolución judicial destaca, en primer lugar, que todos los socios de la empresa mixta partían del mismo punto, del mismo valor del suelo, por lo que no se benefició a ninguno de ellos. “Ni siquiera es correcto señalar que con una finca con un valor de 120.000 euros se va a ganar 3,6 millones, o más correctamente que la base del pelotazo esté en tal premisa que adolece de cierta simpleza”. Para la Audiencia, el error de partida es considerar “que se cambia una cosa por otra”, obviando que lo que cada socio aporta a la empresa es su valor patrimonial y que este viene determinado por el valor del suelo, que es el mismo para todos.

También cuestiona el dato, los 3,6 millones de euros de hipotético beneficio, porque partía de una estimación de 4.000 horas de potencial eólico cuando, según los coeficientes de optimización, debía situarse entre las 2.800 y las 3.000 horas, lo que reduce las ganancias de los 93 a los 61 millones de euros. En relación a la superficie cedida, la Sala recuerda que, además del centro de control, el proyecto preveía las canalizaciones hacia los aerogeneradores y una subestación.

Decisión correcta

A la hora de valorar el posible delito de prevaricación por el que los encausados estaban también acusados, la sentencia expone que la decisión adoptada por la comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Lucía en enero de 2005 y con carácter de urgencia de llevar a cabo una permuta de unos terrenos privados para construir un parque eólico público, «no solo es defendible mediante criterios de interpretación válidos jurídicamente, sino que respondía únicamente al interés general, lo que la sitúa justo en el lado contrario a la arbitrariedad en el ejercicio de la función pública».

El interés de Rufino Pérez era «solo político».

En lo que se refiere a lo expuesto por parte de la acusación popular contra los procesados respecto al delito de prevaricación, el ponente se pregunta «qué información privilegiada se les suministró por parte del alcalde y el concejal» a los empresarios investigados, «ni cuál es la base probatoria de tal temeraria afirmación», sostiene. «El hecho de que elevasen a escritura pública el día anterior a la aprobación del convenio la adquisición de la parcela Doctoral 11, ni supone ninguna irregularidad en sí misma, ni qué decir tiene que hipotéticamente y a lo sumo se podría haber planteado que se sintieron engañados los transmitentes, pues de esa forma quedaron imposibilitados de concurrir al proyecto con el Ayuntamiento, lo que ni siquiera ha acontecido», añade.

La pretensión de condena sostenida en exclusiva por la acusación popular, «no merece mayores consideraciones jurídicas por su absoluta falta de fundamento», detalla y hace alusión a la declaración del acusador Rufino Pérez, que no «proporcionó ningún dato objetivo mínimamente contrastable» en aras a sostener su denuncia y su personación como acusador popular: «Su interés en denunciar unos hechos heterogéneos era político».

La Audiencia reconoce al final de su sentencia que los acusados han sufrido «un daño» en forma de «pena de banquillo» por «tan largo procedimiento de investigación», aunque reconoce que no está en su mano repararlo más allá de declarando las costas de juicio de oficio.

Sentencia completa Caso Palmera