Entra en vigor el Estatuto canario y el Régimen Fiscal y Económico

Hoy, 6 de noviembre, Canarias entierra el sistema electoral más injusto de Europa y acaba con los aforamientos: desaparecen la doble y la triple paridad en el sistema electoral canario, se preven más competencias para la nacionalidad canaria, se fija la demarcación de las aguas territoriales y el anclaje constitucional del REF y su desvinculación de la financiación autonómica general.

La nueva norma, con rango de ley orgánica, acaba con el sistema electoral más injusto de Europa y convierte a Canarias en la primera comunidad autónoma española en abolir el aforamiento del que hasta hoy venían disfrutando las autoridades autonómicas, es decir, los altos cargos del Gobierno (consejeros y presidente) y los diputados regionales. Fernando Clavijo se convierte así en el primer damnificado del fin de los aforamientos: el caso Grúas, en el que está denunciado, regresa a los juzgados de La Laguna y a las resoluciones de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife

A partir de las próximas elecciones de mayo de 2019, los electores canarios tendrán que elegir dos listas al Parlamento regional, una por la circunscripción electoral de su isla, y la otra por una nueva circunscripción regional de nueve escaños. Y puede darse a partir de ahora que la ciudadanía pueda ser llamada a las urnas con el único fin de renovar el Parlamento autonómico porque también aparece ahora en el ordenamiento legal de la nacionalidad la capacidad del presidente de disolver la Cámara siempre que haya transcurrido un año desde su constitución y no esté tramitándose una moción de censura.

Con el nuevo sistema y con la adjudicación de un nuevo escaño a la isla de Fuerteventura por su extraordinario incremento poblacional, desaparecen la doble y la triple paridad. La doble, porque la provincia de Las Palmas pasa a tener un escaño más (31) en las circunscripciones insulares frente a la de Santa Cruz de Tenerife. Y la triple paridad por la creación de la lista regional, donde tendrán más peso los electores de las islas más pobladas a la hora de designar a las nueve personas que conforman ese colegio electoral.

El Parlamento de 70 diputados y diputadas que emane de las elecciones de mayo próximo deberá elaborar, en un plazo no superior a tres años, una nueva Ley Electoral en la que decida incluso (si lo estima conveniente) reducir el número de representantes a 50. O elevarlo a 75. Y cumplir los preceptos del nuevo estatuto en cuanto a los topes exigibles para que las formaciones políticas puedan tener representación parlamentaria, bien manteniendo las actuales circunscripciones insulares o imponiendo una sola regional.

De manera excepcional, en las elecciones de 2019, la ciudadanía de Canarias se enfrentará a unas elecciones en las que habrá cinco urnas: una para elegir a su Ayuntamiento; otra, para el Cabildo de su isla; una tercera para la lista insular al Parlamento; la siguiente, de nueva creación, para la lista regional, y la última, para el Parlamento Europeo, cuya renovación toca cada cinco años.

El nuevo Estatuto de Autonomía concede a Canarias un buen número de nuevas competencias, entre otras la de gestionar las instituciones penitenciarias. Para ello es necesario desarrollar un decreto que dote de contenido económico cada uno de los servicios y el personal público que se transfiere. Además, permitirá que se convoquen referéndums sobre competencias propias de la nacionalidad.

También resulta notable el esfuerzo de los redactores del nuevo Estatuto de Autonomía por definir claramente el perímetro de las aguas territoriales de Canarias, que aun manteniendo su condición de aguas de titularidad del Estado, pasan a dar protagonismo al Archipiélago en su gestión administrativa para asuntos de importancia como las obligaciones de servicio público, el tráfico interinsular o los recursos pesqueros, entre otros. Un mapa incluido en el Estatuto, ayudará a resolver cualquier duda que se pueda plantear en cualquier momento sobre ese perímetro.

El REF

Además del nuevo sistema electoral, el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias consagra el Régimen Económico y Fiscal canario, el REF como una fuente de financiación separada del sistema de financiación que rige para todas las comunidades autónomas. El REF contiene, entre otras medidas, el descuento para residentes canarios del 75 por ciento en sus viajes a la península ibérica –con lo que esta bonificación no dependerá de futuras negociaciones presupuestarias–, ayudas a la desalación de agua para uso agrícola y el destino de una partida de los Presupuestos Generales del Estado para combatir la pobreza si los indicadores canarios se mantienen en peores niveles que los de la media estatal. Esto se supone que otorgará a Canarias mayor capacidad económica para corregir las diferencias derivadas de la lejanía y de la insularidad.

Texto completo del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias: EPUB   PDF   DOCX

 

Presupuestos engañosos en educación

Fernando Redondo Rodríguez y Pablo Joel Santana Bonilla (miembros de la Plataforma por el 5% del PIB para la Educación).

El proyecto de presupuestos presentado por el gobierno de Canarias para 2019, respecto a la educación y los servicios públicos, son un ejemplo de publicidad engañosa y manipulación informativa.

Centrándonos en el ámbito educativo, la divulgación del proyecto por parte del gobierno contiene varias falsedades que los datos desmienten con rotundidad. Por no extendernos, lo ilustraremos con dos ejemplos:

El gobierno dice que “los 1.713 millones de euros del presupuesto de educación son el mayor presupuesto con fondos propios”. Primera falsedad. En el año 2009 –una década atrás, el presupuesto de educación era de 1.750 millones de euros, es decir, 37 millones más. La afirmación del gobierno es escandalosamente engañosa ya que el PIB de 2019 será un 17% más alto que el de 2009 por lo que, siendo rigurosos, para que fueran equiparables, el presupuesto de 2019 debería crecer en 335 millones de euros. Es decir, debería alcanzar los 2.048 millones de euros. Esto nos puede dar una idea de la gravedad de los recortes sufridos por la educación canaria en esta década.

El gobierno también afirma que “esta cifra nos coloca en la senda de superar el objetivo del 5% del PIB en 2022”. Segunda falsedad. Los 53 millones de euros que aumenta el presupuesto de educación respecto al año anterior representa un crecimiento de 0,03 puntos. Esto nos sitúa en el 3,6% del PIB, muy lejos de la senda necesaria para llegar al objetivo. A ese ritmo de crecimiento tardaríamos 49 años en llegar al 5%, mientras que la Ley Canaria de Educación establece que deberíamos llegar en 3 años.

El análisis del proyecto de presupuestos para 2019 nos permite concluir lo siguiente:

1. Aunque aparentemente el presupuesto crece –como dice el gobierno-, ese crecimiento es bajo y ridículo respecto al PIB. Cuando se aprueba la Ley Canaria de Educación en 2014, el presupuesto de educación representaba el 3,79% del PIB. Cuando se agote esta legislatura estaremos en el 3,63%. Es decir, bajaremos en estos 5 años un 0,16% respecto al PIB.

2. Queda acreditado que la educación no es una prioridad para los firmantes del pacto presupuestario. PP, CC y ASG incumplen su compromiso de “incorporar en el Proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma Canaria para 2019 un presupuesto de Educación que se sitúe como mínimo en el 4% del PIB”. Pero además de incumplir la ley, el Presidente Clavijo rompe su promesa electoral de «incrementar el presupuesto de inversión en educación hasta alcanzar la media europea”.

3. Los 270 millones de euros de rebajas fiscales contenidas en los dos últimos presupuestos son innecesarias e injustas. Innecesarias porque tenemos la fiscalidad más baja del Estado y dichos ingresos son imprescindibles para recuperar los recortes sufridos por nuestros debilitados servicios públicos. E injustas porque los más beneficiados serán las clases medias altas y ciertos grupos empresariales, ya que para ese 40% de la población canaria que se encuentra en el umbral de la pobreza (parados y trabajadores pobres), la bajada del IGIC les repercutirá de forma mínima y no se beneficiarán de las deducciones en el IRPF ya que, la gran mayoría, no presenta la declaración de la renta por no estar obligados a ello.

4. Estos presupuestos no son solidarios con la desigualdad económica y social. No contienen ninguna medida que mejore la contribución fiscal de los sectores que más beneficios obtuvieron durante la crisis y la recuperación y, con ello, impiden disponer de unos ingresos y un techo de gasto suficientes para afrontar una verdadera política de redistribución de la riqueza y recuperación de los servicios públicos.

En definitiva, pese a la publicidad engañosa que trata de ocultar la realidad, estos presupuestos no trasladan la recuperación económica a los servicios públicos. La financiación de la educación, en concreto, se encuentra entre las más bajas de la historia en relación con el PIB.

Es falso que los presupuestos de 2019 sean sociales

Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019, marginan a dos de los tres servicios públicos esenciales, la sanidad y la educación.

Las rebajas fiscales acordadas por el tripartito de CC, el PP y la ASG sólo son propaganda ya que su impacto en las economías familiares y de las empresas es ridículo, sin embargo, detraen 150 millones de euros del gasto social autorizado al Gobierno de Canarias para el próximo año.

Es falso que este presupuesto sea social.

El Ejecutivo en minoría de CC ha llevado a la Cámara el último presupuesto de la IX Legislatura con una subida, en relación a 2018, de un 6,8%, la mitad aproximadamente del incremento de las cuentas en vigor. Este aumento se debe principalmente a las transferencias estatales consecuencia de la buena gestión realizada también por NC en los acuerdos presupuestarios estatales de 2017 y 2018.

Los recursos propios prácticamente no crecen y en absoluto responden a las necesidades de la población canaria, fundamentalmente por las rebajas fiscales acordadas con el PP y la ASG, sostén parlamentario del gabinete en minoría presidido por Fernando Clavijo. Esta política tributaria implica una reducción de 150 millones de euros en ingresos que, en cumplimiento del artículo 12.4 de la ley estatal de estabilidad, obliga a detraer una cantidad igual del gasto público autorizado a la comunidad canaria.

Pero además, las bajadas fiscales son pura cosmética y propaganda para ir a la campaña electoral de mayo del próximo año: su impacto en las familias y las empresas es ridículo.

Aplicar el tipo cero del IGIC a la entrega de energía eléctrica, en base a los datos reflejados en el proyecto de ley, supone que la factura de la luz de los hogares y las empresas de las islas bajará una media de menos de un euro al mes.

Escaso impacto en los bolsillos de las familias y de la cuenta de resultados de las empresas de unas rebajas tributarias que, sin embargo, nos restarán 150 millones de euros del gasto autorizado al Gobierno en 2019. De éstos, sólo la bajada de medio punto del IGIC hurta más de 100 millones de euros a los ingresos y, por tanto, al gasto público social.

Unas decisiones del tripartito que tienen un reflejo directo en las partidas asignadas a las consejerías de los servicios públicos esenciales. Con menos recursos disponibles consecuencia de la política fiscal y en base a la distribución de los fondos existentes, las medidas del Ejecutivo en minoría de CC son injustas con las políticas sociales.

La revolución social anunciada por Fernando Clavijo en los presupuestos de 2019 se desinfla: Es falso que los presupuestos de 2019 del tripartito de CC, el PP y la ASG sean sociales. La media del gasto de los tres servicios públicos esenciales es de un 4,5%, es decir, dos puntos menos que la media del gasto total.

Los departamentos marginados son la sanidad que crece un 2,6%, cuatro puntos menos. La subida es de 77 millones de euros, de los que 71 millones de euros se dirigen al capítulo I de personal. Solo quedan cinco ridículos millones de euros para afrontar todas las deficiencias existentes con los nuevos programas, equipamientos e infraestructuras.

El segundo departamento que no cuenta para el gabinete de Clavijo es la educación, donde sus partidas suben un 4,1%, casi tres puntos menos que el incremento medio global. Con esta decisión, los parlamentarios nacionalistas ya avanzaron que se volverá a incumplir la ley canaria que obliga a que la inversión en esta materia sea del 5% del PIB en 2022.

Y en el caso del 20% de subida para dependencia no hay fondos nuevos, cero euros de incremento, para la Prestación Canaria de Inserción.

Sobre el aumento de las inversiones que alcanzan la cifra inicial de 1.077 millones de euros incrementada con la próxima firma de los convenios con el Estado en otros 500 millones de euros, Nueva Canarias avanzó que la incapacidad gestora del Ejecutivo de CC volverá a ponerse de manifiesto porque no se ejecutará ni un tercio de los mismos.

Por todo esto Nueva Canarias se plantea presentar una enmienda a la totalidad: una petición de devolución del presupuesto de CC, el PP y la ASG, para defender la necesidad de bajar los impuestos a las rentas más bajas y a los productos básicos, es decir, aplicar una política fiscal progresiva.

Absueltos los acusados en el caso Palmera

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha absuelto a Silverio Matos, exalcalde del municipio grancanario de Santa Lucía, del delito de prevaricación del que le acusaba la Fiscalía en el denominado caso Palmera. 

El Ministerio Público pedía para el exdirigente de Nueva Canarias (NC) ocho años de inhabilitación por haber aprobado en enero de 2015 un convenio con una empresa privada para adquirir terrenos en la zona de El Doctoral a cambio de participaciones sociales en la empresa mixta que el Ayuntamiento pretendía crear para concurrir al concurso eólico convocado por el Gobierno de Canarias, finalmente suspendido.

La sentencia, notificada este miércoles a las partes, también absuelve a Antonio Ruiz, exconcejal de Urbanismo de Santa Lucía, y a dos empresarios, José Luis Alemán y Antonio Marcial Sánchez. La Fiscalía pedía para el primero la misma pena que para Matos, ocho años de inhabilitación. Los otros dos procesados figuraban en la causa como consecuencia de la intervención de la acción popular, ejercida por el denunciante, Rufino Pérez, exconcejal del Grupo Ansite (una escisión del Partido Popular) en el municipio de Santa Lucía. 

Hechos probados

En su relato de hechos probados, la Sala incide en que el alcalde y el concejal de Urbanismo promovieron  tres convenios de permuta con informes favorables del arquitecto municipal y del interventor, sin que constara en el acta «ningún tipo de objeción» por parte de la secretaria del Ayuntamiento. 

La sentencia, que tiene al magistrado Secundino Alemán como ponente, da validez a la pericial del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna Francisco José Villar Rojas, aportada por la defensa de Matos y Ruiz, para concluir que no era preciso el informe jurídico en el procedimiento elegido por la corporación local, el convenio de permuta, de naturaleza privada. 

La resolución remarca que los acusados actuaron «con pleno convencimiento» de que la permuta no sólo era jurídicamente correcta, sino también «la única viable», una vez descartada una operación de compraventa, ya que el Ayuntamiento no disponía de consignación presupuestaria, y la expropiación forzosa, cuya tramitación se hubiera demorado durante meses cuando la oferta para concurrir al concurso eólico se tenía que presentar en un plazo de 60 días. El proyecto «era el único viable para disponer de posibilidades de resultar adjudicatario», señala. 

Para la Audiencia de Las Palmas en el juicio quedó acreditado que la operación, lejos de ocasionar un perjuicio patrimonial al Ayuntamiento de Santa Lucía, era «muy beneficiosa» para las arcas municipales. Según la memoria económica del proyecto, la explotación del parque eólico, a través de una sociedad mixta en la que la corporación se reservaba el control absoluto, con el 51% de las acciones, le hubiera proporcionado durante la vida útil de la infraestructura (20 años) un beneficio de más de veinte millones de euros. 

«Encomiable esfuerzo» de la Fiscalía

La Sala destaca el «encomiable esfuerzo argumental» de la representante de la Fiscalía para sostener la acusación de prevaricación contra ambos exdirigentes, pero discrepa de sus conclusiones y niega la existencia de cualquier tipo de connivencia con los empresarios para favorecerles sin seguir los procedimientos exigibles, imposibilitando con ello la libre concurrencia, como argumentaba el Ministerio Público. «Es como el edificio alto con fuertes columnas que, sin embargo, está abocado a su caída al no tener cimientos sólidos», manifiesta en torno a la posición de la Fiscalía. 

La sentencia incide en que los escritos de acusación no hacían ninguna referencia a que el objeto de los convenios fuera favorecer a una concejala del grupo de gobierno, Inmaculada Concepción Ramírez, que está casada con Agustín Domínguez, administrador de Machacadora Domínguez, una de las sociedades que cedieron terrenos al Ayuntamiento a cambio de un porcentaje de las participaciones en la sociedad mixta, del 9% en este caso. «Que el alcalde (Silverio Matos) oficie su boda no constituye ningún tipo de irregularidad» ni sirve «para acreditar ningún tipo de connivencia», exponen los magistrados.

Tampoco se aludía en esos escritos a la posible existencia de inconveniente legal para que el Ayuntamiento pudiera formalizar ese convenio con el marido de una concejala. La aparición del nombre de la edil en el acta de la Junta de Gobierno se debe, según la resolución judicial, a un simple error, sin que su presencia, en todo caso, hubiera resultado relevante para adoptar la decisión. 

Un falso «pelotazo» de 3,6 millones de euros

También rechaza los argumentos esgrimidos por la Fiscalía en torno a la desproporción entre el valor del suelo cedido (120.000 euros por 10.000 metros cuadrados) y el supuesto beneficio que el propietario privado iba a lograr con las participaciones durante la vida útil del parque (3,6 millones de euros).

La Sala recuerda que tanto el autor del proyecto, Rafael Sánchez, gerente de la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, como los tres peritos judiciales que intervinieron en el juicio coincidieron en que la ubicación del centro de control en la parcela propiedad de Machacadora Domínguez era la ideal, de manual. El Ayuntamiento solo disponía de suelo con potencial eólico en esa zona, como acreditó el arquitecto municipal, pero era insuficiente para concurrir con visos de éxito al concurso, por lo que la corporación decidió, a propuesta del gerente de la Mancomunidad, adquirir parcelas colindantes de titularidad privada. 

La sentencia subraya que la primera intención del gobierno municipal era presentarse al concurso usando solo terrenos públicos y que dejó fuera del convenio otra parcela de Machacadora Domínguez, dos circunstancias que, a su juicio, desmontan la teoría del favorecimiento de intereses particulares.

Tampoco comparte la acusación del Ministerio Fiscal sobre el supuesto pelotazo de 3,6 millones de euros. La resolución judicial destaca, en primer lugar, que todos los socios de la empresa mixta partían del mismo punto, del mismo valor del suelo, por lo que no se benefició a ninguno de ellos. «Ni siquiera es correcto señalar que con una finca con un valor de 120.000 euros se va a ganar 3,6 millones, o más correctamente que la base del pelotazo esté en tal premisa que adolece de cierta simpleza». Para la Audiencia, el error de partida es considerar «que se cambia una cosa por otra», obviando que lo que cada socio aporta a la empresa es su valor patrimonial y que este viene determinado por el valor del suelo, que es el mismo para todos.

También cuestiona el dato, los 3,6 millones de euros de hipotético beneficio, porque partía de una estimación de 4.000 horas de potencial eólico cuando, según los coeficientes de optimización, debía situarse entre las 2.800 y las 3.000 horas, lo que reduce las ganancias de los 93 a los 61 millones de euros. En relación a la superficie cedida, la Sala recuerda que, además del centro de control, el proyecto preveía las canalizaciones hacia los aerogeneradores y una subestación.

Decisión correcta

A la hora de valorar el posible delito de prevaricación por el que los encausados estaban también acusados, la sentencia expone que la decisión adoptada por la comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Lucía en enero de 2005 y con carácter de urgencia de llevar a cabo una permuta de unos terrenos privados para construir un parque eólico público, «no solo es defendible mediante criterios de interpretación válidos jurídicamente, sino que respondía únicamente al interés general, lo que la sitúa justo en el lado contrario a la arbitrariedad en el ejercicio de la función pública».

El interés de Rufino Pérez era «solo político».

En lo que se refiere a lo expuesto por parte de la acusación popular contra los procesados respecto al delito de prevaricación, el ponente se pregunta «qué información privilegiada se les suministró por parte del alcalde y el concejal» a los empresarios investigados, «ni cuál es la base probatoria de tal temeraria afirmación», sostiene. «El hecho de que elevasen a escritura pública el día anterior a la aprobación del convenio la adquisición de la parcela Doctoral 11, ni supone ninguna irregularidad en sí misma, ni qué decir tiene que hipotéticamente y a lo sumo se podría haber planteado que se sintieron engañados los transmitentes, pues de esa forma quedaron imposibilitados de concurrir al proyecto con el Ayuntamiento, lo que ni siquiera ha acontecido», añade.

La pretensión de condena sostenida en exclusiva por la acusación popular, «no merece mayores consideraciones jurídicas por su absoluta falta de fundamento», detalla y hace alusión a la declaración del acusador Rufino Pérez, que no «proporcionó ningún dato objetivo mínimamente contrastable» en aras a sostener su denuncia y su personación como acusador popular: «Su interés en denunciar unos hechos heterogéneos era político».

La Audiencia reconoce al final de su sentencia que los acusados han sufrido «un daño» en forma de «pena de banquillo» por «tan largo procedimiento de investigación», aunque reconoce que no está en su mano repararlo más allá de declarando las costas de juicio de oficio.

Sentencia completa Caso Palmera

Más autogobierno, más democracia, más oportunidades

Román Rodríguez, portavoz parlamentario y presidente de NC

El pasado miércoles 24 de octubre culminó en el Senado la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias y, asimismo, del nuevo REF económico, y ahora, además, mucho más social, más influyente en asuntos que mejoran la vida de la gente. Se cierra así un largo proceso de varios años de trabajo y debate que ha posibilitado alcanzar un amplio acuerdo entre las formaciones políticas y que establece un marco positivo para Canarias en los ámbitos competenciales, democráticos, económicos y sociales.

Como se sabe, el nuevo Estatuto llega con un significativo retraso: 12 años después de un frustrado intento. Coalición Canaria se encargó, en su momento, de evitar que se debatiera y aprobara por sus temores a que se introdujeran cambios en el sistema electoral canario. Esto parecía importarles mucho más que el hecho de que nuestra comunidad ampliara el ámbito competencial o incluyera nuevos derechos de ciudadanía.

El nuevo Estatuto constituye, sin duda, un enorme avance. Aunque en su tramitación se han rebajado algunos planteamientos competenciales respecto al texto que salió del Parlamento de Canarias. Pero hay dos grandes asuntos de un gran valor que se han incorporado en el trámite en las Cortes Generales: la separación de los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) de los que corresponden a la financiación autonómica y la reforma del injusto y poco proporcional sistema electoral canario. Desde Nueva Canarias, condicionamos las negociaciones para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 y para 2018, exigiendo el desbloqueo de esos dos asuntos trascendentales para Canarias.

Lo primero ha posibilitado incrementar notablemente los recursos económicos de los que dispone nuestra comunidad para financiar las distintas políticas públicas. Lo que ha supuesto unos 220 millones de euros adicionales en 2017, más de 440 millones de euros en el actual ejercicio y casi 600 millones de euros el próximo año 2019. Se trata de recursos que van destinados a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales. Permiten además superar la pérdida de participación que nos lastró entre 2009 y 2016, cuando estábamos anualmente unos 600 millones de euros por debajo de la media de las comunidades de régimen común, en el lamentable acuerdo entre PSOE, PP y CC.

Sistema electoral

En relación a lo segundo, dispondremos de un sistema electoral más justo y equilibrado. Con un diputado más para Fuerteventura y nueve para una lista archipelágica que mejora moderadamente los niveles de proporcionalidad. Además se rebajan las elevadas barreras electorales hasta ahora existentes, pasando del 30% insular y el 6% autonómico al 15% y el 4%, respectivamente. Quiero significar aquí el esfuerzo realizado por la mayoría de las formaciones políticas para buscar un acuerdo más allá de sus posiciones iniciales y, asimismo, la relevante tarea desarrollada por el foro cívico Demócratas para el Cambio.

Por otra parte, el reformado Estatuto reconoce, por primera vez, las aguas canarias, se eliminan los aforamientos, se abre la posibilidad de disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas, y se incluye a La Graciosa como octava isla. Además, la próxima reforma estatutaria deberá ser ratificada por la ciudadanía en referéndum.

Asimismo, más de una veintena de artículos se dedican a derechos cívicos. Comprometiendo a los poderes públicos en el derecho a la igualdad de trato y “la no discriminación por sexo, género, nacimiento, etnicidad, ideas políticas y religiosas, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, lengua…”, asegurándose que se podrán implementar “acciones positivas en beneficio de sectores, grupos o personas desfavorecidas”. También se recoge un compromiso explícito por la tolerancia, la paz y la cooperación al desarrollo.

El capítulo II, Derechos y Deberes, desarrolla elementos que van desde la familia a la situación de los menores y mayores, pasando por las personas en situación de discapacidad y dependencia, la igualdad entre hombres y mujeres, la salud y la educación, el acceso a la vivienda o el ámbito de las relaciones laborales.

 Incluye, por otra parte, una significativa novedad: el artículo 24 reconoce el derecho a una renta de ciudadanía, la renta básica canaria que venimos solicitando desde hace varios años. Pese a los intentos de maquillaje del Gobierno canario, los informes más rigurosos siguen confirmando los altos niveles de pobreza y exclusión social que se padecen en Canarias. Y no limitarse a realizar estudios y encuestas.

REF

También el recién aprobado nuevo Régimen Económico y Fiscal interviene en ese asunto. Conseguimos en las negociaciones con el anterior Gobierno del Estado que se reconozcan ayudas a Canarias en las cuentas públicas estatales destinadas a combatir la pobreza y la exclusión social, mientras esta Comunidad se encuentre por encima de la media estatal en estos parámetros.

Otros aspectos muy sensibles del reformado REF son el blindaje del 75% de bonificación a los billetes aéreos y marítimos, tanto interinsulares como los que corresponden a traslados con el resto del Estado, así como el 100% de bonificación en transporte de mercancías. Se reitera, en su articulado, la separación de los ingresos del REF de los de la financiación autonómica, se incluye un amplio paquete de medidas de apoyo a nuestro sector primario, así como otras destinadas al mercado audiovisual, al sector energético y al resto de las actividades industriales.

Con el reformado Estatuto y el nuevo REF no se resuelven todos los problemas de Canarias, como los que afectan al empleo, a la calidad de los servicios públicos o a la superación de las enormes desigualdades sociales. Esa labor le corresponde a la política y a las instituciones, y a los gobiernos que las dirigen.

La superación de los actuales déficits no se encuentra entre las prioridades del actual Gobierno canario, como confirma el acuerdo CC-PP para las cuentas públicas para 2019, que incluye una reducción de ingresos que no permitirá alcanzar el 4% del PIB en materia educativa, ni solventar los graves problemas de la dependencia, ni afrontar la lucha contra la pobreza. Disponemos de más recursos con las leyes estatales de presupuestos de 2017 y 2018, más capacidad de autogobierno, más democracia y un REF que ofrece respuestas en los ámbitos sociales y económicos. Solo falta un Gobierno que, tras las elecciones de mayo, impulse esas imprescindibles tareas.

Dunia González asume la presidencia de la Mancomunidad

La alcaldesa de Santa Lucía, Dunia González Vega, asumió este viernes la presidencia de la Mancomunidad del Sureste en sustitución del primer edil de Agüimes, Óscar Hernández. González señaló que “esta presidencia siempre me genera mucha seguridad porque los tres municipios trabajamos conjuntamente de forma consensuada para seguir consolidando un modelo sostenible”

En el acto celebrado en la sede de la Mancomunidad del Sureste en Arinaga la primera edil santaluceña asumió la presidencia acompañada de los vicepresidentes de esta institución y alcaldes de Agüimes e Ingenio, Óscar Hernández y Juan Díaz.

La nueva presidenta de la Mancomunidad anunció algunos de los proyectos que se llevarán adelante los próximos meses como “la tramitación administrativa que comenzaremos en noviembre del proyecto de dos aerogeneradores de 2,3 MW en la depuradora para conexión a red, que suponen una inversión final  de 3 millones de euros”. También está previsto firmar el próximo trimestre el convenio con Megaturbinas “que llevábamos años promoviendo y nos permitirá la instalación de un aerogenerador de 4,5 MW en el muelle de Arinaga”. González también hizo pública la licitación en el primer trimestre de 2019 de la planta piloto de Biogás con tuneras, “que permitirá suplir las necesidades de energía eléctrica de la depuradora. Este proyecto supone una inversión de más de medio millón de euros”.

La Mancomunidad del Sureste también tiene previsto sacar la licitación el contrato de Alumbrado Público de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía para los próximos cuatro años con un presupuesto de cerca de 4 millones de euros y el concurso público del cambio a led de los alumbrados públicos de la comarca con un presupuesto de 4 millones de euros. La presidenta de la Mancomunidad destacó que “la inversión total se amortizará en apenas 5 años, ahorrándose los ayuntamientos 800.000 euros al año”.

ONU: fracasa espectáculo anticubano

Estados Unidos fracasó estrepitosamente esta semana en su intento de montar un espectáculo anticubano en el salón de sesiones del Consejo Económico y Social de la ONU (Ecosoc, por sus siglas en inglés). Ahí presentó una nueva campaña contra Cuba con el nombre de Jailed for what (Preso por qué), cuyo objetivo es apoyar a los presuntos presos políticos en la isla, sólo existentes en la pobre imaginación de sus organizadores. El público consistía principalmente de periodistas, pues las misiones acreditadas ante la ONU y los invitados, casi sin excepción, optaron por no acudir. Quienes sí estuvieron presentes fueron todas y todos los integrantes de la Misión de Cuba ante la ONU en Nueva York, quienes al grito de ¡Cuba sí, bloqueo no!, impidieron que fueran escuchados los discursos anticubanos. Días antes, la embajadora Anayansi Rodríguez, jefa de esa misión, envió una carta de protesta a Antonio Guterres, secretario general de la ONU, en la cual denunciaba la convocatoria como parte de la escalada de Washington para justificar la política genocida del bloqueo. La representante cubana también hizo la denuncia en una reunión de urgencia del Movimiento de Países no Alineados, en la que 17 estados se opusieron a la maniobra yanqui. También la realizó ante la Comisión de Asuntos Socio-Humanitarios de la Asamblea General, donde 11 países la rechazaron explícitamente.

La sesión convocada por Washington comenzó casi una hora después de lo programado. Acudieron al panel Kelley E. Currie, representante de Estados Unidos ante el Ecosoc, como orador principal Michael Kozak, jefe de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, viejo conocido en las lides anticubanas y particularmente familiarizado con los mercenarios de Estados Unidos en la isla, que constituían buena parte del escuálido público. Aquéllos reciben cuantiosos fondos en dólares de esa, entre otras muchas dependencias y organizaciones fachada de la CIA, que los financian generosamente. Fue también uno de los oradores el despreciable Luis Almagro, secretario general de la desprestigiada OEA, a quien no le alcanza el tiempo para calumniar a Venezuela y conspirar contra su gobierno legítimo, a menos que se trate de hacerlo también contra Cuba o Nicaragua. Como es conocido, La Habana ha dicho que nunca volverá a la OEA.

La rabia de Estados Unidos ante la próxima condena abrumadora en la ONU del bloqueo contra Cuba es de tal magnitud, que no atina a hacer nada razonable. Sus personeros han hecho últimamente una serie de declaraciones crecientemente hostiles hacia la isla y su revolución. El problema es que Washington sabe que llueva, truene o relampaguee, el 31 de octubre una mayoría casi absoluta de naciones se pronunciará enérgicamente, una vez más, contra esa medida unilateral e ilegal y pedirá su levantamiento. Como no puede impedir la reiterada humillación que recibirá, como todas sus mentiras contra Cuba quedan en evidencia, es cada vez menos original y más alocado en sus intentos de desviar la atención de esas realidades.

El último gran fiasco fue el de los supuestos ataques sónicos contra su personal diplomático en Cuba, que terminaron siendo objeto de burla por científicos de varios países, incluyendo estadunidenses. Tan obvia fue la mentira sobre las ondas sónicas que hasta en el diario español El País, nada amistoso con Cuba, apareció una columna que atribuía su autoría intelectual a Mike Pompeo desde su cargo anterior de director de la CIA, en unión del senador por Florida Marco Rubio, al que muy acertadamente califica de “una suerte de asesor palaciego en asuntos cubanos”. El autor de la columna atribuye la idea de los supuestos ataques al propósito de la administración de Trump de reducir a su mínima expresión los avances en las relaciones bilaterales, que durante el periodo de Obama llegaron al restablecimiento de relaciones diplomáticas y a un buen número de acuerdos y proyectos bilaterales.

El cinismo de Estados Unidos no conoce límites. Apelar al tema de los derechos humanos en su obsesión anticubana es el colmo del descaro. Cuba es miembro activo y respetado de la ONU, signatario de la mayoría de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Washington, enfrascado hasta hoy en sangrientas guerras, no ha firmado la mayoría de esos instrumentos, ni siquiera el de los derechos de la niñez, y se retiró del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El genocida de Hiroshima y Nagasaki tiene más de 50 millones de pobres, su policía asesina más negros cada año, encarcela a niños migrantes, posee el mayor presupuesto de guerra, discrimina salarialmente a las mujeres, fomenta ideas fascistas como el odio, la xenofobia y superioridad de ese país y él sí tiene presos políticos, entre otros lugares en Guantánamo, en territorio ilegalmente ocupado de Cuba.

Ángel Guerra Cabrera (La Jornada)

NC obtiene el apoyo del Parlamento para evitar que el 75% se vea afectado por subidas artificiales de precios

Nueva Canarias (NC) ha obtenido el apoyo unánime del Parlamento para evitar que el derecho garantizado de la bonificación del 75% en las conexiones aéreas con el resto del Estado de los residentes en las islas se vea afectado por subidas artificiales de precios entre las compañías. La iniciativa del grupo nacionalista progresista insta al Ministero de Fomento a vigilar la evolución de las tarifas y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que investigue y sancione de verificarse prácticas de coordinación comercial en materia de precios. Para cumplir en su totalidad con las obligaciones de la ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, la proposición no de ley de Nueva Canarias insiste en solicitar al Gobierno de Pedro Sánchez que inicie el procedimiento para la fijación de los precios de referencia en las rutas previamente declaradas como Obligaciones de Servicio Público (OSP). En la estrategia de redoblar los esfuerzos en esta materia, el portavoz parlamentario, Román Rodríguez, confirmó que el diputado Pedro Quevedo en el Congreso defenderá la misma propuesta en la Cámara Baja.

La iniciativa defendida por Román Rodríguez y aprobada con el apoyo de los seis grupos contiene tres medidas:

  • Comienza por demandar a Fomento que establezca un procedimiento de seguimiento de la evolución de los precios en las rutas entre Canarias y el resto del Estado y que esta información sea transparente y accesible a la ciudadanía.
  • Sigue con la petición dedicada a la CNMC para que fiscalice el proceso de construcción de precios con el fin de garantizar la competencia y velar para que las compañías aéreas no establezcan pactos de colusión que incrementen las tarifas y, si ésto sucediera, que se adopten las correspondientes medidas sancionadoras.
  • Por último, que el Ejecutivo del PSOE inicie el procedimiento para establecer las Obligaciones de Servicio Público que permitirán fijar precios máximos de referencia, que son de obligado cumplimiento para las compañías.

El portavoz nacionalista recordó que estos tres objetivos están contemplados en la ley de los PGE de 2018 con la que, desde el pasado mes de julio, se puso en marcha, “y para siempre”, el descuento del 75%, gracias a los acuerdos presupuestarios de NC con el Gobierno estatal. En este tiempo, tal y como destacó y en base a los datos de Fomento, la demanda ha aumentado un 50%. Insistió también en la importancia de que el 75% esté protegido por la ley del Régimen Económico y Fiscal de 1994 así como en la reforma que, la semana que viene, aprobará definitivamente el Senado.

El portavoz nacionalista recordó que Fomento se comprometió con Quevedo a hacer un seguimiento de la evolución de las tarifas. No obstante, explicó que la proposición no de ley pretende que el “derecho garantizado” del 75% por la ley de los PGE de 2018 “no se convierta un medio” para que las compañías capten más rentas con un aumento artificial de los precios.

Este incremento artificial, explicó, tendría varios efectos negativos. Para la Administración pública, un mayor coste. Al igual que para los canarios que viven en la Península y han tenido que renunciar a la condición de residentes por motivos personales, profesionales o de estudios. Asimismo, avisó que puede perjudicar al turismo peninsular que viaja a las islas en vuelos regulares, que es minoritario.

El presidente de NC dijo que el Ejecutivo estatal debe “cumplir, en todos sus términos,” con la ley del PGE de 2018, es decir, que Fomento controle y transparente la evolución de los precios y que el Gobierno estatal, a través de la CNMC, garantice el respeto a las reglas de la competencia y persiga pactos de colusión para subir precios.

Para concluir con las obligaciones de ley presupuestaria en vigor, la iniciativa secundada por el Parlamento solicita a la Administración estatal que inicie los procedimientos administrativos para establecer precios máximos de referencia en las rutas de las islas con el resto del Estado previa declaración como OSP. Esta solicitud fue aceptada por Ábalos al reconocer, en la Cámara Baja, que estaba justificada, tal y como refirió el presidente de NC.

Rodríguez manifestó que se pretende trasladar, a las conexiones con el resto del Estado, el sistema que funciona con éxito en las rutas interinsulares, donde hay competencia, plazas y frecuencias. Un sistema que “también está amparado” por la legislación estatal y de la Unión Europea, reiteró.

El portavoz parlamentario nacionalista se refería a la Ley de 1997 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social y en el Reglamento 2408/92 del Consejo Europeo. Román Rodríguez volvió a referir que, en la actualidad, en la Unión Europea (UE) hay 176 rutas declaradas OSP. Veinte son españolas, de las que 13 corresponden a Canarias, cuatro a Baleares, dos a Extremadura y una a Andalucía.

Santa Lucía recibe el premio “Canarias Promueve Salud”

La alcaldesa de Santa Lucía Dunia González compartió con la ciudadanía el premio Canarias Promueve Salud otorgado por el Gobierno regional dentro del II Encuentro Regional de Islas y Municipios Promotores de la Salud. Dunia González, que intervino este miércoles en las Jornadas Santa Lucía Saludable que se celebran en el municipio hasta este viernes, aseguró que “es un galardón que reconoce una importante trayectoria, una labor participativa de nuestro tejido social que durante muchos años ha trabajado para que la ciudadanía que vive en Santa Lucía tenga calidad de vida”.

La primera edil destacó que “Santa Lucía lleva muchos años trabajando en el ámbito de la promoción de la salud y el fomento de hábitos saludables dirigida a los jóvenes, las familias y de forma especial a las personas mayores y en esa línea se han puesto en marcha centros y nuevos recursos, todos ellos espacios y actuaciones que aporta calidad de vida a todos los sectores de la ciudadanía”.

Las Jornadas Santa Lucía Saludable, que implica a varios sectores de la población, tuvieron como protagonistas en su segundo día a las personas mayores, a los que se les mostró los beneficios de la actividad física en la salud. Más de un centenar de mayores también participaron en talleres de relajación e higiene postural y conocieron la importancia de la alimentación para la salud y el lenguaje del amor.

El programa para el jueves comienza a partir de las 9.30 horas en el Teatro Víctor Jara y su contenido está dirigido a los adolescentes. Más de 600 estudiantes de 3º de enseñanza Secundaria asistirán a una charla sobre el uso seguro y saludable de las nuevas tecnologías y participarán en los diferentes talleres simultáneos sobre sexualidad saludable, el riesgo de tatuajes y piercings, técnicas de relajación y educación nutricional.

Garantizar la renta básica en los Presupuestos

En 2019 se tiene que llegar a los 150 millones de euros para garantizar una renta básica que cubra unas condiciones de vida dignas a las personas en riesgo de pobreza

Nueva Canarias plantea que el Gobierno de Canarias tiene recursos suficientes para “repartir con justicia” los ingresos fiscales de una de las comunidades del Estado con una mayor brecha y desigualdad social. El portavoz parlamentario de NC, Román Rodríguez, anunció que defenderá que los presupuestos canarios para el próximo año destinen unos 150 millones de euros a combatir la pobreza. Para los nacionalistas progresistas, la crisis de la vivienda y en la gestión de la dependencia serán otros dos objetivos a abordar durante la tramitación del último proyecto de ley presupuestario de la IX Legislatura. Rodríguez catalogó como “incalificable” que el Ejecutivo en minoría de CC “no ponga” al año entre 1.000 y 1.500 viviendas para el alquiler social y que más de 10.000 canarios con el derecho reconocido a la dependencia se queden sin recibir los servicios o ayudas amparadas por esta norma o fallezcan antes.

Tras la reunión mantenida el pasado miércoles con Fernando Clavijo y la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, NC ha comenzado a perfilar las líneas políticas que defenderá en las cuentas de 2019. Partiendo del principio de que la política fiscal determina la orientación social de un Gobierno, Román Rodríguez denunció que las rebajas tributarias acordadas entre CC, el PP y la ASG para 2017 significaron 125 millones de euros menos en las arcas canarias y, en base a la regla de gasto, esta decisión supuso que el gabinete de CC dejara de invertir la misma cantidad en la mejora del bienestar de los canarios.

Con la convicción de que el tripartito conservador volverá a reeditar el pacto fiscal y los presupuestos de 2019, Rodríguez avanzó que reclamará la revisión de la rebaja del 7% al 3% del IGIC a la telefonía móvil. Los 40 millones que se dejaron de ingresar, según el portavoz de NC, se han quedado en manos de las operadoras porque la gente “no hemos notado” esta rebaja.

Con el mismo criterio de “mejorar” los ingresos de la comunidad a través de su capacidad tributaria y mediante la persecución del fraude, Nueva Canarias reiterará, entre otras medidas, el aumento de los tipos del 9,5% al 11% y del 13, 5% al 15% del IGIC al consumo y productos suntuarios, la revisión del impuesto de Sucesiones y Donaciones con el criterio de progresividad (que “pague más el que más tiene”) y la reclamación histórica de la creación de la tasa turística con la que se ingresará, como mínimo, unos 150 millones de euros.

“Planteamos generar ingresos porque no puede ser que el territorio del Estado más desigual y con la mayor brecha social tenga las políticas de integración más raquíticas”, denunció Román Rodríguez. En este sentido, aludió a los 70 millones de euros destinados a combatir la exclusión social, a los que se añaden los 30 millones de euros de los acuerdos presupuestarios estatales de 2018 de NC.

“Como mínimo”, en opinión del portavoz nacionalista, en 2019 se tiene que llegar a los 150 millones de euros para garantizar una renta básica que cubra unas condiciones de vida dignas a las personas en riesgo de pobreza (un tercio de la población de las islas). Rodríguez recordó que, tras la próxima aprobación en el Senado de la reforma del Estatuto, la renta básica será un “derecho que podrán reclamar” los canarios.

Gracias a la desvinculación de los ingresos tributarios del Régimen Económico y Fiscal (REF) de la financiación autonómica, el portavoz nacionalista recordó que el Gobierno consolida 600 millones de euros para los servicios públicos esenciales. Esta fuente de ingresos, para NC, debe servir para que las más de 10.000 personas con el derecho reconocido reciban los servicios o ayudas de la dependencia, que “hoy el gabinete de CC les niega”.

La crisis en materia de vivienda, transcurrida una década sin política en esta materia, será otra demanda a abordar en las cuentas del próximo año. Román Rodríguez tachó de “incalificable que, no se pongan” al año, entre 1.000 y 1.500 viviendas en alquiler social.

En opinión de esta formación política, sin aumentar los ingresos será “muy difícil” que se cumpla con una inversión en educación equivalente al 4% del PIB que, entre otros objetivos, debe ayudar a mejorar la escolarización de cero a tres años.

Para “sacar a las islas de la cola de todo, como nos ha llevado” el Ejecutivo de CC a pesar de los incrementos presupuestarios de 2016, 2017 y los históricos de 2018, Román Rodríguez abogó por realizar un esfuerzo especial para reducir las listas de espera sanitarias, mejorar los equipamientos e incrementar el personal de este servicio público.