Román Rodríguez plantea una ley exprés en las Cortes para librar los anticipos de la financiación autonómica

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, ha planteado hoy la tramitación urgente en las Cortes de una ley “exprés” que dé cobertura al Ejecutivo central para librar los anticipos a cuenta de la financiación autonómica.

Rodríguez cree que esta vía es, ahora mismo, la única opción posible para desbloquear un asunto que compromete el equilibrio presupuestario, aboca a las autonomías al incumplimiento del objetivo de déficit público y pone en riesgo la prestación de servicios públicos esenciales, como la educación o la sanidad.

El vicepresidente se ha pronunciado en estos términos a preguntas de los medios de comunicación después de conocerse el informe de la Abogacía del Estado que considera inviable que un Gobierno en funciones y con un presupuesto prorrogado pueda abonar esos anticipos por impedimentos legales, que en el caso de Canarias ascienden a 223 millones de euros.

“La única salida a este atolladero es que los grupos parlamentarios o el propio Gobierno central promuevan una iniciativa legislativa para permitir el pago de estos fondos, a través de una modificación legal, si se quiere de carácter excepcional”, subrayó.

El vicepresidente recordó que las Cortes aprobaron el año 2011 una reforma de la Constitución en apenas un mes, “por lo que no veo impedimentos para tramitar una ley exprés que dé respuesta a la delicada situación económico-financiera de las comunidades autónomas”.

Rodríguez señaló que el problema afecta a quince autonomías y que su resolución debe trascender de la discusión partidista, porque están en juego los 7.000 millones que el Estado les adeuda en conjunto y la prestación de servicios básicos.

“Es difícil que alguien se pueda oponer a una solución de este tipo si jurídicamente es posible, dada la magnitud del problema”, argumentó el vicepresidente, quien sostuvo que “si el Ejecutivo no puede resolver un problema por una dificultad legal, el Legislativo debe actuar para dar respuesta a una necesidad objetiva de quince comunidades autónomas, cuyas cuentas están seriamente comprometidas”.

Dunia González nombrada Directora del Tesoro y de Política Financiera

Dunia González ha sido nombrada este miércoles directora del Tesoro y de Política Financiera del Gobierno de Canarias. Se trata de una dirección que depende directamente de la Consejería de Hacienda. Román Rodríguez ha querido contar con ella por el profundo conocimiento y larga experiencia que Dunia tiene en la administración municipal. 

En el comunicado que el Gobierno de Canarias anunció el pasado miércoles su nombramiento, se destacaba que Dunia González es licenciada en Ciencias de la Educación, rama de Pedagogía, por la Universidad de La Laguna y tiene un máster en Participación y Salud por la Universidad Complutense de Madrid.

Ha sido, además de alcaldesa del Ayuntamiento de Santa Lucía, concejala de Educación y de Urbanismo; antes había desempeñado el puesto de técnico y coordinadora del programa de la Unidad de Promoción de Drogas y Promoción de la Salud en el Ayuntamiento de Santa Lucía. También ha sido miembro de la Ejecutiva de la Federación Canaria de Municipios (FECAM), donde ha presidido la Comisión de Nuevas Tecnologías y Administración Electrónica.

Previsiblemente la próxima semana renunciará a su acta de concejala para ponerse al frente de la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera.

El miércoles se nombraron un total de nueve altos cargos. Entre ellos: Gonzalo Rodríguez, como director del Instituto Canario de Estadística (Istac); Manuel Ángel Hernández Dámaso, como director general de Transportes; José Basilio Pérez Rodríguez, director general de Agricultura; Almudena Estévez Estévez, viceconsejera de Economía e internacionalización; Dunnia Rosa Rodríguez Viera, directora del Servicio Canario de Empleo; Isabel Cubas Marrero, viceconsejera de Servicios Jurídicos; Víctor Manuel Melián Santana, Director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías y Octavio Luis Jiménez Ramos, Director general de Programas Asistenciales del Servicio Canario de la Salud. 

Entrevista de Luis Campos

En Radio Planeta, Luis Campos revisa la actualidad política nacional, insular y la del municipio de Santa Lucía.

«El escenario actual de la política del estado es desolador… Nueva Canarias no tendría nada que perder en una nuevas elecciones, pero no sería una buena noticia para Canarias que hubiera unas nuevas elecciones… Es prioritario que se conforme un gobierno.»

«El actual gobierno de Santa Lucía ha sido condicionado por una persona que ha traicionado a su propio partido y a sus votantes… En dos meses aún no sabemos cuál es el programa de acción municipal para los próximos cuatro años.»

«Abrir el tráfico en la zona peatonal de Vecindario es retroceder más de una década… Hoy todas las ciudades del mundo tienen espacios peatonalizados, que enriquecen la convivencia y el encuentro de la ciudadanía.»

NC lamenta que el Grupo de Gobierno no ejerza su competencia de control de la obra de Pozo Izquierdo

Francisco García exige a la Alcaldesa en funciones y al grupo de Gobierno que actúe ya ante esta situación insostenible.

El concejal de Nueva Canarias Santa Lucía, Francisco García, exige a la alcaldesa en funciones y al grupo de gobierno que actúe de una vez por todas, exigiendo las medidas correctoras y necesarias a los propietarios de la obra que se desarrolla en suelos agrícolas de Pozo Izquierdo y que están generando un problema de salud pública a sus vecinos.

Asimismo lamenta, que en lugar de ejercer sus competencias, el alcalde salga en prensa una vez más echando balones fuera y responsabilizando al anterior grupo de gobierno por la concesión de licencia de obra a dicha empresa.

Recuerda Francisco García, que efectivamente, la empresa que explota el terreno agrícola obtuvo licencia para la construcción de los nuevos invernaderos el pasado 4 de Junio. “Cualquier empresa o particular puede solicitar licencia de obra, y de cumplir los requisitos, estamos obligados a darla, en caso contrario cometeríamos prevaricación”, comenta Francisco García. “Lo que parece olvidar el actual Grupo de Gobierno, es que una vez concedida la licencia, la empresa está en la obligación de cumplir con lo que expresa la misma, y el ayuntamiento de ejercer su competencia de seguimiento y control de dicha obra, cuestión que hasta ahora no ha ejercido de manera eficiente vistos los resultados”.

Para Nueva Canarias Santa Lucía la otorgación de la licencia de obras es una buena noticia, que no ha sido cuestionada por este partido, ni por parte de los vecinos, que se alegran de la recuperación como zona de cultivo las hectáreas de terreno agrícola, así como la retirada de los viejos invernadero que estaban causando un daño al medio ambiente, por lo que supone de creación de empleo y mejora del entorno.

Lo que denuncian los vecinos de la zona es que desde que se iniciaron las obras a finales de Junio la situación es insostenible. Y ha habido dejadez de funciones por parte de la propia empresa quien debe tener un ingeniero responsable de la obra , y también del ayuntamiento. Ya que la ley les obliga tal y como consta en la propia licencia “Tanto el propietario o promotor, el constructor y la dirección técnica tomarán todas las medidas de SEGURIDAD Y SALUD necesarias conforme al real decreto 1627/ 1997 de 24 de Octubre”. Así como también recoge que el “incumplimiento de cualquier requisito puede ser motivo para tomar medidas según ordenamiento jurídico” . 

La licencia es un acto reglado que debe otorgarse si se cumple la ley , la ejecución de la obra es otra cosa y requiere de seguimiento por parte del ayuntamiento, más aún si existen denuncias de los vecinos.

“La realidad”, explica García, “es que estamos ante un problema de salud pública y no se actúa de manera eficaz en beneficio de la población. Existen muchas alternativas a seguir, pero hay que saber ejecutarlas , escuchar a la ciudadanía y responder ante los problemas.  Recuerda el concejal de Nueva Canarias,  “que el pasado año sucedió un caso similar en el municipio vecino de Agüimes, en Las Rozas donde el alcalde , el mismo que otorgó la licencia , ante las denuncias de los vecinos, mandó parar la obra y hacer un cierre exterior que evitara que el polvo y la tierra llegara a las viviendas

Nueva Canarias considera inaceptable la respuesta del Alcalde. “No se gobierna culpando a los demás y echando balones fuera, sino ejerciendo sus competencias y tomando decisiones” afirma Francisco García. 

La llegada de los 18 millones contra la pobreza es “hacer justicia” con Canarias

El portavoz parlamentario de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, dijo hoy que la llegada de los 18 millones de euros para la lucha contra la pobreza, pendientes de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, significa “hacer justicia” con las islas.

Campos valoró el cumplimiento de los acuerdos presupuestarios estatales logrados por los nacionalistas progresistas en una materia tan necesaria y sensible en una comunidad con el 40,2% de la población en riesgo de exclusión. El dirigente nacionalista aseguró que estos fondos servirán para que el Gobierno del cuatripartito impulse medidas que contribuyan a paliar la enorme desigualdad  social padecida en Canarias, tal y como recoge el pacto de progreso.

Luis Campos afirmó que la transferencia de los 18 millones de euros pendientes de los 30 millones de euros de los PGE de 2018 es hacer “lo justo” con una sociedad con uno de los índices de pobreza más altos de todo el Estado. El portavoz parlamentario de NC recordó que la lucha contra la exclusión social ha sido una de las prioridades de los nacionalistas progresistas desde que lograron, por primera vez, representación en el Parlamento de Canarias en la VIII Legislatura, momento en el que se presentó el primero de los planes para combatir la pobreza impulsados por esta formación política en la Cámara.

Desde entonces, continuó, “hemos insistido en la necesidad de que Canarias tuviera políticas específicas en un problema tan sensible”. Un objetivo, recordó, que “conseguimos  gracias” al voto 176 de Pedro Quevedo en el Congreso de los Diputados e “incluido en nuestros acuerdos presupuestarios estatales de 2017 y 2018 a pesar de las duras reticencias iniciales” del Gobierno estatal.

Este trabajo se complementó al lograr, al mismo tiempo, anclar en el Régimen Económico y Fiscal (REF) la garantía para que anualmente Canarias reciba fondos, a través de los presupuestos estatales, mientras los indicadores estén por encima de la media estatal.

Campos hizo hincapié en que uno de los compromisos del pacto de progreso pasa por reducir las tasas de pobreza, entre otras razones, porque “tenemos la obligación de cumplir con los derechos reconocidos” a los canarios en los artículos 24 y 36 del Estatuto de Autonomía. El primero recoge el derecho a una renta de ciudadanía y el segundo es una garantía para que los derechos reconocidos se apliquen en su sentido más favorable para su plena eficacia, tal y como figura en la norma estatutaria.

“Estamos convencidos”, destacó el portavoz parlamentario, de que las ayudas para combatir la pobreza contribuirán a hacer de Canarias un pueblo “más equitativo, solidario e inclusivo, lo que nos ayudará y beneficiará a toda la sociedad”.