Necesidad de «mejoras sensibles» en las partidas Canarias y valoración positiva de la orientación social de los Presupuesto estatales ’19

A través de las enmiendas, como en años anteriores, NC tratará de recuperar las partidas de lucha contra la pobreza, el Plan de Infraestructuras educativas o las ayudas al riego agrícola, entre otras

Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias, en una primera lectura al contenido de las cuentas públicas estatales entregadas hoy por el Gobierno central al Congreso de los Diputados, considera que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 “son sustancialmente positivos en el conjunto de políticas sociales, que compartimos; y respetan la mayoría de los compromisos adquiridos con Canarias, aunque exigiremos la mejora sensible de las partidas para Canarias, al quedar pendientes temas de gran relevancia -pobreza, infraestructuras educativas o ayudas al agua de riego agrícola, entre otros- que trataremos de corregir en el proceso de enmiendas”.

El presidente de NC apoya el significativo incremento en las políticas sociales. De manera especial los compromisos con los pensionistas y el esfuerzo que se realiza en materia de dependencia, así como en vivienda

Destacó que son aceptables los niveles en el Ministerio de Fomento respecto a las Islas, aunque se produce una merma significativa en carreteras, “como consecuencia del convenio que el Gobierno de CC firmó recientemente con el Estado que reduce la cantidad anual del mismo”, pasando de 200 millones a solo 60. Añadió que se cumple estrictamente en materia de transporte marítimo y aéreo -garantizándose el descuento del 75%- así como el terrestre de pasajeros y el correspondiente a mercancías. También respecto a los planes de empleo y el apoyo al desarrollo de la Metroguagua en la capital grancanaria.

“Pero hemos echado de menos algunos aspectos sustanciales. Como el Plan de Infraestructuras Educativas, el correspondiente a las turísticas, la lucha contra la pobreza, las ayudas al agua de riego agrícola o la mejora de la ficha financiera del POSEI adicional, entre otros asuntos que seguiremos demandando y que trataremos de conseguir mediante enmiendas en la tramitación de su texto”, aseguró Román Rodríguez.

Enmiendas

En ese sentido, el líder de NC recordó que fue mediante enmiendas de su grupo como se logró establecer partidas para la lucha contra la pobreza en las cuentas públicas para 2017 (11 millones de euros), luego incrementadas hasta 30 millones en los PGE para 2018. Al igual que sucedió con las ayudas para el agua de riego agrícola, seis millones en el 2017, ocho en el 2018. O la subvención al 75% de los billetes aéreos y marítimos entre las islas, en los PGE para 2017, y entre estas y el resto del territorio del Estado, en los de 2018. Y, asimismo, NC consiguió en 2017 vía enmienda que el Estado abonará el cien por cien del POSEI adicional. Asegurando que ninguna de esas medidas se encontraba en el acuerdo presupuestario entre CC y PP.

Con relación al conjunto de estas primeras cuentas públicas del Gobierno de Pedro Sánchez, Nueva Canarias valora el significativo incremento en las políticas sociales. De manera especial en sus compromisos con los pensionistas (cuya subida se indexa al IPC, incrementándose además un 3% las pensiones más bajas), en el esfuerzo que se realiza en materia de dependencia (que dispondrá de 510 millones de euros más que en 2018) y en políticas de vivienda (con un incremento de más de 200 millones), así como en la relevante oferta de empleo público y en la mejora de la situación de sus trabajadores y trabajadoras.

“Compartimos esas decisiones, que también benefician a la Comunidad Canaria, así como algunas de las propuestas fiscales -subida a rentas altas o a grandes empresas tecnológicas- que buscan que los servicios públicos, claves en la equidad y en la calidad de vida de la gente, cuenten con recursos suficientes”, asevera el también portavoz parlamentario de Nueva Canarias. “Y persistiremos, asimismo, en la mejora de los asuntos canarios que no han quedado suficientemente reflejados en el articulado, igual que hicimos en anteriores ocasiones. Así como exigiendo el cumplimiento de lo que queda pendiente de los PGE de 2018”.

Renta canaria de ciudadanía

El grupo parlamentario de Nueva Canarias (NC) acaba de presentar en la Cámara canaria su proposición de ley de renta de ciudadanía como garantía de ingresos mínimos. Lo hemos hecho amparados en la normativa, cumpliendo con los derechos reconocidos a los canarios en los artículos 24 y 36 del nuevo Estatuto de Autonomía que entró en vigor el pasado mes de noviembre. Pero, sobre todo, desde el convencimiento de que ayudará a construir una Canarias más solidaria, con mayor equidad y más inclusiva, evitando que una parte significativa de la población de las Islas viva en condiciones de pobreza y exclusión social. Situación que beneficiará al conjunto de la sociedad.

 Hay muchos elementos que contribuyen a mantener unos niveles de vida dignos. Entre ellos, tener un empleo que proporcione ingresos suficientes para la persona y/o núcleo familiar. O contar con adecuados servicios públicos -educación, sanidad, atención a la dependencia- pensiones suficientes o facilidades para acceder a una vivienda. Algo que se complica mucho en Canarias, con más de un 20% de desempleo en la última Encuesta de Población Activa (EPA), la correspondiente al tercer trimestre del pasado año, salarios bajos y precariedad laboral, y más reducidas pensiones.

Según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), Canarias ocupa lugares de cabeza en los peores indicadores de calidad de vida de sus habitantes. El Archipiélago tiene una tasa de riesgo de pobreza que alcanza al 30,5% de su población (nueve puntos más que la media estatal), según datos de 2017, y decenas de familias a las que resulta imposible comprar o alquilar una casa. Padecemos, asimismo, elevados índices de pobreza infantil, un 41,6% de niños y niñas en riesgo, según Unicef, con consecuencias presentes y futuras.

Si hacemos caso a la tasa Arope, el indicador europeo más reconocido y utilizado para analizar los riesgos de pobreza y de exclusión social, esta alcanzó en las Islas el 40,2% en el año 2017 (segunda comunidad con el indicador más elevado), cuando en el ámbito estatal era del 26,6%, una diferencia de casi catorce puntos porcentuales.

Y los ingresos medios netos anuales por persona son de 8.863 euros frente a una media española que asciende hasta los 11.074. Llegamos a estar en el 97% de la renta per cápita media española a comienzos de siglo. Hoy estamos en el 80%, somos más pobres. Y con peor reparto de la riqueza que en el resto de las comunidades.

La pobreza, en nuestra tierra y en el conjunto del Estado, no solo afecta a quienes no tienen un trabajo. Crece el número de trabajadores y trabajadoras pobres. Y en el horizonte inmediato sufriremos también las consecuencias de la robotización, que expulsará a muchas personas en las más diversas actividades económicas.

 

Integración

Garantizar un mínimo de ingresos básicos es una medida económica y social, de profundas raíces éticas, que constituye un instrumento para la integración de todas las personas, de manera que dispongan para sus necesidades básicas, al tiempo que, en el caso de la población activa, se les apoya para que encuentren una salida laboral.

La renta básica no es un planteamiento nuevo. Existe ya en otras zonas de Europa. En España tienen formulaciones parecidas en Extremadura, Baleares y Navarra. El País Vasco la viene aplicando hace una década (Renta de Garantía de Ingresos), pese a disponer de indicadores económicos y sociales mucho más positivos que los canarios.

En nuestro caso, lo hemos venido reclamando en nuestras enmiendas a la totalidad a los presupuestos de la comunidad canaria de 2017, 2018 y 2019; planteando, además, los ingresos presupuestarios para dar cumplimiento a la misma. La ley que hemos presentado a la Mesa de la Cámara es la primera propuesta de renta de garantía elaborada íntegramente en Canarias.

Se dirige a personas con empleo pero que, con sus ingresos, no cubren las necesidades básicas de su unidad de convivencia. A desempleados, con o sin prestaciones, que se encuentran en una situación económica similar. Con el horizonte preferente del empleo como mejor fórmula de inclusión, pero consciente de que este no es posible en todos los casos. Por tanto, estará condicionada a programas para la inserción laboral o inclusión social, cuando fuere necesario. Fuera del mercado laboral, a los pensionistas empobrecidos, especialmente los que cobran pensiones no contributivas y las mujeres, que, por distintas razones, tienen pensiones por debajo de las de los hombres. Tiene un carácter complementario. Es evaluable, para evitar fraudes y compatible con otras prestaciones.

 

60.000 beneficiarios

Proponemos que, a partir de su entrada en vigor, la ley se despliegue de forma progresiva en tres años, estimando al final del proceso atender a unas 60.000 unidades de convivencia, frente a las 11.000 personas actuales de la Prestación Canaria de Inserción (PCI). Sus receptores recibirían, de entrada, 563 euros mensuales en doce pagas, 93 euros más que la PCI. Una cantidad que se amplía en función de los miembros de la unidad de convivencia para llegar hasta los 812 euros si está compuesta por cinco personas.

Para acceder a la misma se exige, como mínimo, un año de empadronamiento en el municipio en el que se solita la prestación o tres continuados de los diez anteriores en cualquier municipio de Canarias, ser mayor de 25 años y disponer de unos ingresos inferiores a la cuantía de la renta de ciudadanía. Su coste global sería cercano a los 300 millones de euros, que son perfectamente sustentables con los 57 millones de euros anuales de la actual PCI y rescatando las irresponsables rebajas fiscales del Gobierno canario (215 millones), así como con recursos del Servicio Canario de Empleo, los servicios sociales y los presupuestos estatales.

Estamos convencidos de que una sociedad justa y democrática no puede dejar desamparada a una parte de su población. Hay que redistribuir mejor la riqueza que se crea en nuestra tierra. Hay que actuar para dignificar la vida de quienes hoy peor lo pasan. Hay que generar más y mejor empleo y, al mismo tiempo, establecer medidas, como la renta básica de ciudadanía, que posibiliten una vida digna a desempleados, trabajadores y trabajadoras pobres, pensionistas con ingresos raquíticos o mujeres víctimas de la violencia de género.

El Gobierno de CC renuncia a 280 millones del convenio de carreteras

El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, denunció hoy que el Gobierno presidido por Fernando Clavijo ha renunciado a 280 millones de euros del nuevo convenio de carreteras, correspondientes a las anualidades de 2018 y 2019, que repercutirá negativamente en el cumplimiento de la ley de los PGE de 2018 y el proyecto de ley de 2019.

El líder de los nacionalistas progresistas desveló que, en el convenio de carreteras de 2018 a 2025 firmado con el Ministerio de Fomento el pasado mes de diciembre, el Ejecutivo de Clavijo renunció a 140 millones de euros en cada una de las anualidades de 2018 y 2019. En total, Román Rodríguez denunció que el Gobierno de CC desisitió de 280 millones de euros de los 400 millones de euros previstos, 200 millones de euros anuales como contemplan los PGE de 2018 y en el histórico de las partidas que cada año han tenido los diversos convenios.

Los nacionalistas progresistas criticaron que esta decisión del Ejecutivo de CC “no fuera comunicada” al Parlamento. Rodríguez advirtió de que la decisión de Clavijo tiene consecuencias negativas en el cumplimiento de los compromisos con Canarias de los PGE de 2018 porque “ya no están los 140 millones de euros de los 200 millones de euros consignados” en la ley presupuestaria al figurar, en el convenio, sólo 60 millones de euros y, en consecuencia, tampoco en los PGE de 2019 porque “han firmado también que haya otros 60 millones de euros”.

NC, para apoyar los presupuestos estatales de 2019, exigirá que “se cumplan” los compromisos pendientes y que se respetarán los acuerdos presupuestarios estatales de 2017 y 2018, ratificados en el nuevo Estatuto y Régimen Económico y Fiscal (REF).

Igual que mantiene la reclamación al Ejecutivo estatal del PSOE la sentencia del Tribunal Supremo favorable al Gobierno de Canarias por los incumplimientos del convenio de carreteras de 2012 a 2016, que suponen 945 millones de euros.

“Nueva Canarias no está con Sánchez ni con Clavijo, está con Canarias” en el proceso de tramitación que inician ahora los PGE de 2019. Si al final, con las enmiendas que defienda NC, conseguimos o no, avances para las islas, tomaremos la decisión definitiva.

De los aspectos generales del proyecto de ley, aprobado ayer viernes en el Consejo de Ministros, el presidente de NC dijo que eran “positivos y muy coherentes con nuestra visión”. Se refería a los 15.000 millones más de ingresos, a su orientación más social, al tratamiento de las pensiones, la política de vivienda y dependencia, entre otros aspectos valorados.

El paro bajó en Santa Lucía en más de 2.700 personas en los últimos seis años a pesar del importante aumento poblacional

Según el Instituto Nacional de Estadística el municipio de Santa Lucía es uno de los que ha registrado mayor incremento de población en los últimos años en Canarias.  A pesar de que con motivo de la crisis económica Gran Canaria y todo el archipiélago perdieron población, el municipio grancanario continuó creciendo aunque a un ritmo inferior, sin embargo el número de desempleados también se ha reducido de forma importante. De las 10.871 personas desempleadas que había en diciembre de 2012 se ha pasado a 8.126 desempleados, una bajada de 2.745 personas, a pesar del aumento de la población en más de 7.700 habitantes durante ese periodo.

En estos momentos el número de personas empadronadas en el Ayuntamiento de Santa Lucía supera los 75.000 (los datos publicados por el INE recientemente se basan en el padrón de enero de 2018 e indican que en esa fecha había una población de 71.863 en Santa Lucía). El año que comenzó el actual mandato municipal, en 2015, la cifra de desempleados en el mes de diciembre era de 9510, este dato se ha reducido a 8.126 en diciembre de 2018.

La alcaldesa Dunia González destaca que “a pesar del importante incremento de la población en estos últimos años hemos logrado bajar en más de 2.700 el número de desempleados desde el año 2.012, esto ha sido  posible gracias a todas las políticas de empleo que hemos realizado desde el Ayuntamiento”. La primera edil destacó “los programas como  Emprende Santa Lucía, los  convenios laborales con otras instituciones o la  formación y acompañamiento en las escuelas taller que hemos realizado y que han repercutido en la mejora de los datos de desempleo, aunque seguimos trabajando para continuar con esa reducción”. La alcaldesa añade que “mientras en otros municipios se redujo la población, mucha gente ha seguido eligiendo  Santa Lucía para vivir  porque se han seguido creando empresas, hemos mantenido servicios públicos que otros han cerrado  y esa gente  venía buscando una nueva oportunidad”.

Como ejemplo de esas políticas recientemente comenzaron a trabajar en diferentes servicios municipales 54 personas gracias a un convenio con el Servicio Canario de Empleo, el Ayuntamiento puso un millón de euros para la contratación por un año de ese nuevo personal. Otras 63 personas desempleadas de larga duración también han logrado un contrato de trabajo y formación gracias al programa “Apoyo al mantenimiento del medioambiente urbano” que cuenta con la colaboración del Servicio Canario de Empleo. 

El pasado mes de noviembre 31 personas recibieron el certificado  de formación de competencias básicas de manos de Radio ECCA gracias también a un acuerdo con el Ayuntamiento. Gracias al programa Emprende Santa Lucía una media de 30 pequeñas empresas cada año han abierto con el asesoramiento municipal de la Agencia de Desarrollo Local que en sus 25 años de existencia ha asesorado a unas 500 empresas.

Durante el año 2018 el Ayuntamiento participó en un programa para el fomento de empleo de mujeres promovido por el Cabildo de Gran Canaria. Gracias a ese programa lograron un contrato laboral 20 mujeres entre 23 y 55 años en empresas del sector servicios en Santa Lucía. Dentro de ese programa también recibieron asesoramiento las empresas de Santa Lucía, que pudieron conocer las bonificaciones y ayudas a la contratación que se pueden recibir de diferentes instituciones.

NC apoya las concentraciones de protesta de las organizaciones feministas contra la extrema derecha

Los nacionalistas progresistas coinciden en que los “derechos de las mujeres no se negocian, bajo ninguna circunstancia”

Nueva Canarias (NC) se sumará a las concentraciones de protesta, organizadas por los movimientos feministas de Andalucía y secundadas a nivel estatal, para el próximo martes 15 de enero contra las pretensiones de la extrema derecha, que aupará al PP y a Ciudadanos al nuevo Gobierno andaluz. Los nacionalistas progresistas mantienen que los derechos de las mujeres “no se negocian ni se frenan, bajo ninguna circunstancia”.

Las pretensiones de la extrema derecha, según estos dirigentes nacionalistas, “en ningún caso pueden ser consideradas”: tenemos que repudiar cualquier planteamiento que suponga un freno al avance de los derechos de las mujeres.

Nueva Canarias hizo un llamamiento al PP y Ciudadanos a replantearse el apoyo recibido, de momento en Andalucía, por la ultarederecha porque implican un retroceso de los valores democráticos y sociales ganados en los 40 años de democracia en el Estado. En opinión de NC, los radicales de la derecha tienen secuestrado al partido de Pablo Casado y Albert Rivera.

Es necesario movilizarse activamente, insistieron ambos, por las libertades y derechos conquistados y seguir trabajando por una sociedad de valores, en el que las mujeres dejen de ser víctimas de la violencia de género y estén en igualdad de condiciones que el resto de la sociedad.