Absueltos los acusados en el caso Palmera

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha absuelto a Silverio Matos, exalcalde del municipio grancanario de Santa Lucía, del delito de prevaricación del que le acusaba la Fiscalía en el denominado caso Palmera. 

El Ministerio Público pedía para el exdirigente de Nueva Canarias (NC) ocho años de inhabilitación por haber aprobado en enero de 2015 un convenio con una empresa privada para adquirir terrenos en la zona de El Doctoral a cambio de participaciones sociales en la empresa mixta que el Ayuntamiento pretendía crear para concurrir al concurso eólico convocado por el Gobierno de Canarias, finalmente suspendido.

La sentencia, notificada este miércoles a las partes, también absuelve a Antonio Ruiz, exconcejal de Urbanismo de Santa Lucía, y a dos empresarios, José Luis Alemán y Antonio Marcial Sánchez. La Fiscalía pedía para el primero la misma pena que para Matos, ocho años de inhabilitación. Los otros dos procesados figuraban en la causa como consecuencia de la intervención de la acción popular, ejercida por el denunciante, Rufino Pérez, exconcejal del Grupo Ansite (una escisión del Partido Popular) en el municipio de Santa Lucía. 

Hechos probados

En su relato de hechos probados, la Sala incide en que el alcalde y el concejal de Urbanismo promovieron  tres convenios de permuta con informes favorables del arquitecto municipal y del interventor, sin que constara en el acta “ningún tipo de objeción” por parte de la secretaria del Ayuntamiento. 

La sentencia, que tiene al magistrado Secundino Alemán como ponente, da validez a la pericial del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna Francisco José Villar Rojas, aportada por la defensa de Matos y Ruiz, para concluir que no era preciso el informe jurídico en el procedimiento elegido por la corporación local, el convenio de permuta, de naturaleza privada. 

La resolución remarca que los acusados actuaron “con pleno convencimiento” de que la permuta no sólo era jurídicamente correcta, sino también “la única viable”, una vez descartada una operación de compraventa, ya que el Ayuntamiento no disponía de consignación presupuestaria, y la expropiación forzosa, cuya tramitación se hubiera demorado durante meses cuando la oferta para concurrir al concurso eólico se tenía que presentar en un plazo de 60 días. El proyecto “era el único viable para disponer de posibilidades de resultar adjudicatario”, señala. 

Para la Audiencia de Las Palmas en el juicio quedó acreditado que la operación, lejos de ocasionar un perjuicio patrimonial al Ayuntamiento de Santa Lucía, era “muy beneficiosa” para las arcas municipales. Según la memoria económica del proyecto, la explotación del parque eólico, a través de una sociedad mixta en la que la corporación se reservaba el control absoluto, con el 51% de las acciones, le hubiera proporcionado durante la vida útil de la infraestructura (20 años) un beneficio de más de veinte millones de euros. 

“Encomiable esfuerzo” de la Fiscalía

La Sala destaca el “encomiable esfuerzo argumental” de la representante de la Fiscalía para sostener la acusación de prevaricación contra ambos exdirigentes, pero discrepa de sus conclusiones y niega la existencia de cualquier tipo de connivencia con los empresarios para favorecerles sin seguir los procedimientos exigibles, imposibilitando con ello la libre concurrencia, como argumentaba el Ministerio Público. “Es como el edificio alto con fuertes columnas que, sin embargo, está abocado a su caída al no tener cimientos sólidos”, manifiesta en torno a la posición de la Fiscalía. 

La sentencia incide en que los escritos de acusación no hacían ninguna referencia a que el objeto de los convenios fuera favorecer a una concejala del grupo de gobierno, Inmaculada Concepción Ramírez, que está casada con Agustín Domínguez, administrador de Machacadora Domínguez, una de las sociedades que cedieron terrenos al Ayuntamiento a cambio de un porcentaje de las participaciones en la sociedad mixta, del 9% en este caso. “Que el alcalde (Silverio Matos) oficie su boda no constituye ningún tipo de irregularidad” ni sirve “para acreditar ningún tipo de connivencia”, exponen los magistrados.

Tampoco se aludía en esos escritos a la posible existencia de inconveniente legal para que el Ayuntamiento pudiera formalizar ese convenio con el marido de una concejala. La aparición del nombre de la edil en el acta de la Junta de Gobierno se debe, según la resolución judicial, a un simple error, sin que su presencia, en todo caso, hubiera resultado relevante para adoptar la decisión. 

Un falso “pelotazo” de 3,6 millones de euros

También rechaza los argumentos esgrimidos por la Fiscalía en torno a la desproporción entre el valor del suelo cedido (120.000 euros por 10.000 metros cuadrados) y el supuesto beneficio que el propietario privado iba a lograr con las participaciones durante la vida útil del parque (3,6 millones de euros).

La Sala recuerda que tanto el autor del proyecto, Rafael Sánchez, gerente de la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, como los tres peritos judiciales que intervinieron en el juicio coincidieron en que la ubicación del centro de control en la parcela propiedad de Machacadora Domínguez era la ideal, de manual. El Ayuntamiento solo disponía de suelo con potencial eólico en esa zona, como acreditó el arquitecto municipal, pero era insuficiente para concurrir con visos de éxito al concurso, por lo que la corporación decidió, a propuesta del gerente de la Mancomunidad, adquirir parcelas colindantes de titularidad privada. 

La sentencia subraya que la primera intención del gobierno municipal era presentarse al concurso usando solo terrenos públicos y que dejó fuera del convenio otra parcela de Machacadora Domínguez, dos circunstancias que, a su juicio, desmontan la teoría del favorecimiento de intereses particulares.

Tampoco comparte la acusación del Ministerio Fiscal sobre el supuesto pelotazo de 3,6 millones de euros. La resolución judicial destaca, en primer lugar, que todos los socios de la empresa mixta partían del mismo punto, del mismo valor del suelo, por lo que no se benefició a ninguno de ellos. “Ni siquiera es correcto señalar que con una finca con un valor de 120.000 euros se va a ganar 3,6 millones, o más correctamente que la base del pelotazo esté en tal premisa que adolece de cierta simpleza”. Para la Audiencia, el error de partida es considerar “que se cambia una cosa por otra”, obviando que lo que cada socio aporta a la empresa es su valor patrimonial y que este viene determinado por el valor del suelo, que es el mismo para todos.

También cuestiona el dato, los 3,6 millones de euros de hipotético beneficio, porque partía de una estimación de 4.000 horas de potencial eólico cuando, según los coeficientes de optimización, debía situarse entre las 2.800 y las 3.000 horas, lo que reduce las ganancias de los 93 a los 61 millones de euros. En relación a la superficie cedida, la Sala recuerda que, además del centro de control, el proyecto preveía las canalizaciones hacia los aerogeneradores y una subestación.

Decisión correcta

A la hora de valorar el posible delito de prevaricación por el que los encausados estaban también acusados, la sentencia expone que la decisión adoptada por la comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Lucía en enero de 2005 y con carácter de urgencia de llevar a cabo una permuta de unos terrenos privados para construir un parque eólico público, «no solo es defendible mediante criterios de interpretación válidos jurídicamente, sino que respondía únicamente al interés general, lo que la sitúa justo en el lado contrario a la arbitrariedad en el ejercicio de la función pública».

El interés de Rufino Pérez era «solo político».

En lo que se refiere a lo expuesto por parte de la acusación popular contra los procesados respecto al delito de prevaricación, el ponente se pregunta «qué información privilegiada se les suministró por parte del alcalde y el concejal» a los empresarios investigados, «ni cuál es la base probatoria de tal temeraria afirmación», sostiene. «El hecho de que elevasen a escritura pública el día anterior a la aprobación del convenio la adquisición de la parcela Doctoral 11, ni supone ninguna irregularidad en sí misma, ni qué decir tiene que hipotéticamente y a lo sumo se podría haber planteado que se sintieron engañados los transmitentes, pues de esa forma quedaron imposibilitados de concurrir al proyecto con el Ayuntamiento, lo que ni siquiera ha acontecido», añade.

La pretensión de condena sostenida en exclusiva por la acusación popular, «no merece mayores consideraciones jurídicas por su absoluta falta de fundamento», detalla y hace alusión a la declaración del acusador Rufino Pérez, que no «proporcionó ningún dato objetivo mínimamente contrastable» en aras a sostener su denuncia y su personación como acusador popular: «Su interés en denunciar unos hechos heterogéneos era político».

La Audiencia reconoce al final de su sentencia que los acusados han sufrido «un daño» en forma de «pena de banquillo» por «tan largo procedimiento de investigación», aunque reconoce que no está en su mano repararlo más allá de declarando las costas de juicio de oficio.

Sentencia completa Caso Palmera