Un Estatuto del siglo XX

Román Rodríguez, portavoz parlamentario y presidente de NC

La reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias entra en su recta final tras su mayoritaria aprobación en el Congreso. Contó con el voto favorable del diputado de Nueva Canarias (NC) Pedro Quevedo que solicitó, además, su tramitación urgente en el Senado y en el Parlamento de Canarias con el objetivo de que entre en vigor de la forma más inmediata posible, ante la incertidumbre que genera un posible adelanto electoral. Igual petición ha formulado nuestra senadora por Gran Canaria María José López. Queda aún su debate en la Cámara Alta y en el propio Parlamento canario, por los cambios introducidos en el texto que salió de las Islas.
Una actualización estatutaria que llega con más de diez años de retraso. En efecto, Coalición Canaria (CC) impidió que el Estatuto fuera reformado en 2007, cuando se daban todas las condiciones para que saliera adelante. CC renunció entonces a alcanzar más autogobierno, impidió que Canarias se colocara en los máximos niveles competenciales, por su temor a que en el debate parlamentario pudieran producirse modificaciones en el sistema electoral canario. Sacrificó el autogobierno por sus estrechos intereses partidistas.

Entre los elementos de avance en el autogobierno que incluye el nuevo Estatuto se encuentran, entre otros, la separación de los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) de los de la financiación autonómica. Y la ampliación de competencias en áreas como sanidad y comercio exterior, puertos y aeropuertos de interés general, telecomunicaciones o gestión del litoral. Así como en el transporte marítimo que se lleve a cabo exclusivamente entre puertos de Canarias.

Relevante es, también, su artículo 4.1, que señala que el ámbito espacial de la comunidad, “comprende el archipiélago canario, integrado por el mar y las siete islas con administración propia… así como por La Graciosa y los islotes de Alegranza, Lobos, Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste”. Reconoce a La Graciosa como isla e incluye, por primera vez, el mar que rodea a las islas en “un contorno perimetral que siga la configuración general del archipiélago… Las aguas que queden integradas dentro de este contorno perimetral recibirán la denominación de aguas canarias y constituyen el especial ámbito marítimo de la Comunidad Autónoma de Canarias”.

Derechos y deberes

Se incorporan en su articulado un amplio capítulo de derechos y deberes, indicándose que los poderes públicos de las Islas “garantizarán el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación por razones de sexo, nacimiento, género, etnicidad, ideas políticas y religiosas, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, lengua o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Plantea, además, la posibilidad de realizar “acciones positivas en beneficio de sectores, grupos o personas desfavorecidas”.

Su texto incluye compromisos en torno a la familia, los menores, los mayores, las personas en situación de discapacidad o dependencia y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, indicando que “se adoptarán medidas efectivas para educar en valores de igualdad, no sexistas, así como políticas y acciones activas” de protección integral a las víctimas de la violencia machista, prestando especial atención al desarrollo de medidas preventivas.

Así como otros referidos a orientación sexual, salud y educación, vivienda, mundo laboral, acceso a las tecnologías de la información y comunicación, participación, culturales o medioambientales. Señala también que “las personas que se encuentren en situación de exclusión social tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía”, la renta básica canaria que hemos venido defendiendo desde NC. Aunque es cierto, como ya he señalado otras veces, que el reconocimiento de un derecho no garantiza su automático cumplimiento. Como sucede con la Constitución y el derecho a la vivienda, hoy en buena medida quebrado para sectores muy amplios de personas y familias.

Por otra parte, con relación a los aforamientos, que han generado polémica en el período más reciente, el Estatuto canario es el primero en el que, sin fijar restricción alguna, los elimina para los cargos públicos.

Asimismo, de manera novedosa y acorde con la creciente sensibilidad en esta materia, su articulado aborda los derechos de los animales, reconociéndolos como “seres que sienten y con derecho a no ser utilizados en actividades que conlleven maltrato o crueldad”.

Reforma electoral

El nuevo Estatuto incorpora, en su disposición transitoria primera, la reforma del sistema electoral vigente desde el 82. Establece un Parlamento integrado por setenta escaños, mantiene la actual distribución por islas excepto en el caso de Fuerteventura, que pasa de siete a ocho. A ello se le suma una circunscripción autonómica de nueve escaños. Se reducen, asimismo, las barreras de acceso a la Cámara (actualmente del 30% insular y 6% archipelágico), que ahora serán del 15% de los votos válidos en la circunscripción insular o del 4% de los autonómicos.

Constituye una reforma moderada, que debe entrar en vigor para los comicios de 2019, que permite ganar en proporcionalidad y evitar que formaciones con suficiente apoyo popular en las urnas queden fuera del Parlamento, como en su momento le sucedió a Nueva Canarias (2007) o a Ciudadanos (2015). Y en cuya redacción se compromete a la Cámara canaria a elaborar, en un plazo de tres años, una ley electoral aprobada por una mayoría de tres quintos.

Se trata, por tanto, de un nuevo Estatuto que supone significativos avances en autogobierno -en los niveles máximos competenciales que posibilita el actual marco constitucional-, que blinda los recursos fiscales del REF e incorpora significativos derechos sociales y ciudadanos; y que contribuye a elevar la calidad democrática. Permite, asimismo, una mejora de la definición territorial de nuestra comunidad, con el reconocimiento de las aguas canarias. 

Un renovado Estatuto que ha supuesto un gran esfuerzo de acuerdo entre fuerzas políticas con planteamientos muy diferentes. Una norma, que puede y debe ser aprobada en los próximos meses, que inaugura una nueva etapa en el autogobierno. Que valoramos por lo que supone de avance, aunque en Nueva Canarias no renunciamos a seguir profundizando en el autogobierno, desde una reforma constitucional que posibilite un modelo federal del Estado.

El Ayuntamiento forma ‘agentes antirrumores’ para combatir estereotipos sobre la diversidad cultural

El Ayuntamiento de Santa Lucía, a través del proyecto ‘Camino’ de la Concejalía de Solidaridad, pone en marcha el curso ‘Ciudadanía activa para combatir rumores y estereotipos sobre la diversidad cultural’, que se impartirá del 11 de octubre al 8 de noviembre, con la que se dota de herramientas a agentes sociales, profesionales o personas interesadas para combatir los rumores y estereotipos que dificultan la convivencia. 

Las inscripciones se realizan en el Centro Municipal de Solidaridad Santa Lucía, localizado en el edificio del Ateneo Municipal y el plazo es hasta el 6 de octubre. El curso ofrece una formación mixta, online, del 11 de octubre al 5 de noviembre con una duración de 20 horas o presencial, del 6 al 8 de noviembre, de 17.00 a 20.30 horas en las Aulas de Formación del Ayuntamiento de Santa Lucía, que consta de 10 horas.
El proyecto ‘Camino’, que se desarrolla en el municipio de forma coordinada con la agencia Stop Rumores de la Federación Andalucía Acoge, es una estrategia de impacto comunicativo y social que tiene como objetivo luchar, de forma sostenida en el tiempo, contra la rumorología negativa que dificulta la convivencia en la diversidad.
Mejorar las competencias para gestionar la diversidad en nuestro entorno y reflexionar sobre las acciones a desarrollar para implementar una estrategia antirrumores son otros de los fines de este proyecto, que contiene un taller en el que se darán a conocer estrategias básicas que ayudarán a acompañar a otras personas en su proceso reflexivo para minimizar sus prejuicios y tomar conciencia de sus estereotipos, usando una metodología vivencial y de aprender haciendo.
La concejala de Solidaridad del Ayuntamiento de Santa Lucía, Pino Sánchez, explica que ‘Camino’ surge “después de un diagnóstico para conocer cuáles son las necesidades y los retos que tiene Santa Lucía en el ámbito social para los próximos años. Ver y entender la diversidad como una oportunidad y no como una amenaza es un desafío que queremos afrontar de la mano de nuestra ciudadanía”.
Pino Sánchez subraya que “pretendemos impulsar un proceso para actuar contra la desinformación que hay en este ámbito y construir desde el respeto a la diferencia un nuevo proceso de trabajo comunitario en nuestro municipio”.

Dunia Gonzáles con las AMPAS

“Asumo con orgullo la concejalía de Educación y agradezco a Raúl de Pablo el excelente trabajo que ha realizado. Vamos a seguir trabajando por la mejora de la calidad educativa en Santa Lucía y agradezco profundamente el compromiso y dedicación de las madres y padres que trabajan en las AMPAS”

La alcaldesa de Santa Lucía Dunia González se comprometió a “continuar reclamando las infraestructuras educativas que necesita Santa Lucía desde hace más de diez años”. La primera edil realizó estas manifestaciones en la reunión que mantuvo con todas las asociaciones de madres y padres del alumnado del municipio. 

Durante el encuentro, celebrado con motivo del inicio del curso escolar, Dunia González escuchó las demandas de las AMPAS, a las que anunció que se renuevan las ayudas previstas desde el Ayuntamiento para la realización de actividades extraescolares en los centros.
La reunión, celebrada la tarde de este jueves en el salón de actos de las Oficinas Municipales, también sirvió para conocer a las nuevas juntas directivas de las AMPAS, que se han renovado en casi un noventa por ciento y, según destacó la alcaldesa “están formadas la gran mayoría por mujeres, algo que demuestra la implicación de las mujeres en algo tan importante como la educación”. Dunia González también les anunció que a partir de septiembre ha asumido la Concejalía de Educación, que hasta ahora estaba delegada en el concejal Raúl de Pablo, que tras lograr una plaza como docente en la comunidad autónoma seguirá como edil de Deportes sin remuneración a cargo del Ayuntamiento. La alcaldesa reconoció el trabajo realizado por Raúl de Pablo.
González, quien agradeció a todos los padres y las madres el trabajo voluntario que hacen a lo largo del año, aseguró que “cuando se invierte en educación los resultados no se ven a corto plazo. Los efectos de nuestros programas de apoyo al éxito escolar se verán en el futuro”, y añadió que “para nosotros la mejor inversión de las instituciones públicas es en educación”.
En cuanto a las ayudas que cada año aporta el Ayuntamiento a través de la subvención para actividades extraescolares que reciben las AMPAS, “por nuestro firme compromiso con la educación pública de calidad”, la alcaldesa señala que el próximo mes de octubre se firmará un nuevo convenio, que este año cuenta con una partida de más de 120 mil euros.

Adjudicado el proyecto de la central hidroeléctrica Chira-Soria

Red Eléctrica ha anunciado la adjudicación del proyecto de ingeniería de la central hidroeléctrica Chira-Soria. Lo ha hecho por un total de 20 millones de euros y se trata de un proyecto con el que Gran Canaria pretende avanzar hacia su autosuficiencia energética.
Según la empresa, se trata de uno de los mayores contratos de servicios de ingeniería de obra suscrito en Canarias. El proyecto ha sido adjudicado a la UTE Ingeniería Soria-Chira, consorcio formado por las empresas AIN Active, SLU y Amberg Engineering AG y que ahora se tendrá que encargar del diseño e ingeniería del proyecto de construcción, así como la asistencia técnica y la dirección de obra de la central.
Red Eléctrica destaca en su página web que al concurso se han presentado las principales empresas nacionales, europeas e internacionales de ingeniería especializada, de acuerdo con las especificaciones estipuladas en el anuncio de licitación publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el pasado mes de noviembre. El contrato abarca la redacción de las especificaciones de compra de todos los paquetes de licitación, así como la asistencia técnica y la dirección de obra hasta su puesta en servicio.
Con este contrato, Red Eléctrica consolida una inversión de 39,4 millones de euros en el proyecto. Además, recuerda que el pasado mes de junio finalizó la ampliación de la campaña de geotecnia con un presupuesto de 1,5 millones de euros, en la que se ejecutaron sondeos de exploración, catas, geofísica y ensayos a diferentes profundidades, con el fin de conocer en detalle las características geológicas y geotécnicas del terreno. Gracias a estos trabajos, explica que se ha obtenido toda la información sobre el terreno donde se construirá la central subterránea.
Hacia un nuevo modelo energético
La central hidroeléctrica de bombeo de Soria-Chira será una infraestructura esencial para avanzar hacia la consecución del nuevo modelo energético canario, basado en las energías renovables, las interconexiones entre islas, el almacenamiento de energía a gran escala y un mejor y mayor mallado de la red eléctrica.
Red Eléctrica explica que ello permitirá maximizar la integración de energía renovable no contaminante y proporcionará a todos los usuarios una energía con mejor seguridad y garantía de suministro.
La central alcanzará los 200 megavatios de potencia, lo que representa alrededor del 36 % de la punta de demanda actual de Gran Canaria y cuenta con una inversión que superará los 320 millones de euros.
El proyecto incluye la construcción de una planta desaladora de agua de mar y las obras marinas asociadas, así como las instalaciones necesarias para su conexión a la red de transporte para poder evacuar dicha energía al sistema.
Una vez puesta en servicio, la central de bombeo permitirá almacenar, bombeando agua desde el embalse inferior al superior, los excedentes de generación renovable no integrables en el sistema eléctrico que se darán cuando la producción de este tipo de energía sea elevada. Así, será posible su aprovechamiento posterior en momentos de menor producción renovable. “Todo ello, además, aportando seguridad al sistema eléctrico, evitando vertidos de energía renovable y maximizando, consecuentemente, la integración de este tipo de energía en Gran Canaria”, subraya Red Eléctrica.

Chira-Soria, una ‘pila’ que producirá el 60% de la energía que demanda Gran Canaria
Hoy Gran Canaria genera, en un 90%, su electricidad a partir de combustibles fósiles, con apenas un 10% de la generación proveniente de las energías renovables, principalmente la eólica. Estos porcentajes se cambiarán de aquí a cinco años, cuando se estima que la central reversible Chira-Soria esté en funcionamiento, llegando hasta el 60% de la energía de origen renovable.
Chira-Soria se trata de una central hidroeléctrica que se construirá aprovechando dos presas que ya existen en la zona central de la isla y que se estima que podrían generar hasta 200 megavatios diarios de electricidad. Teniendo en cuenta que en Gran Canaria el consumo eléctrico diario está entre los 300 y 400 megavatios, y que en algunos picos llegan a los 500, la caída de agua desde Chira (a 903,5 metros de altura) a Soria (a 620 metros de altura) a través de unas tuberías subterráneas de más de cinco metros de diámetro y dos kilómetros de profundidad permitirán a la isla acercarse a la autosuficiencia. Su funcionamiento es sencillo. Cuando el agua cae, se pone en contacto con las turbinas que producirán una gran cantidad de energía que se distribuirá a las centrales transformadoras que Red Eléctrica Española (REE) tiene en la isla a través del tendido eléctrico.
Lo más destacado de este proyecto es que se podría decir que generará energía con un combustible infinito. Esto se debe a que cuando el agua llegue a Soria, y en los momentos de exceso de energía producida (por escasa demanda o por exceso de producción eólica), el sistema bombeará el agua desde el vaso inferior al superior, cargando de agua esta central como si de una pila se tratase. Evidentemente el proceso de elevación consume, tanto o más que la energía que produce, pero su utilidad radicará porque será la energía eólica de los molinos (los ya existentes más alguno en la zona) los que produzcan la fuerza necesaria. Principalmente se elevará el agua en los momentos excedentarios de los aerogeneradores y de noche, cuando los grupos convencionales están infrautilizados.

En un principio, cuando las presas se construyeron, estaba planeado que se usaran como recursos hidráulicos e incluso se pensó emplearlas para abastecer de agua a la capital grancanaria, hecho descartado tras el desarrollo de las desaladoras de agua, quedando simplemente para el riego agrícola de las cuencas del sur de la isla. Cuando se transformen para el salto hidroeléctrico se seguirá garantizando el abastecimiento a los agricultores de la isla, e incluso se asegurará ya que se dispondrá casi de todo el volumen de Soria. Y es que Chira-Soria llevará unido la construcción de una estación desaladora de agua en Arguineguín que nutrirá de agua al complejo en la época que el régimen de lluvias sea escaso. El agua también se conducirá hasta el embalse gracias a la energía eólica.
Para Gerardo Henríquez, gerente del  Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, la importancia de este proyecto es que asegurará el suministro energético en un sistema aislado como es Gran Canaria, donde por ahora se opera fundamentalmente con dos centrales térmicas diésel y donde la introducción de la energía eólica es escasa (alrededor de los 80 megavatios diarios, por debajo del Plan Energético de Canarias para 2020). Así, asegura que el salto hidroeléctrico es fundamental también para el desarrollo de la energía eólica porque, como ya se citó, se utilizarán sus excedentes para recargar Chira.
En la actualidad  las centrales térmicas están en un nivel de producción por encima de la necesidad real debido a que hay que prever subidas, por lo que se tiene que producir por encima de lo necesitado. Por su parte, la energía eólica tiene el problema de que solo se utiliza cuando hay viento suficiente. Con Chira-Soria estos problemas desaparecen ya que su gran ventaja es que en el momento que haga falta producir más energía de la estimada, esta se obtendrá simplemente haciendo circular el agua entre las dos represas. Un agua que se podrá disfrutar de manera casi infinita.

Una inversión de 300 millones de euros
Henríquez cree que la central será la obra de ingeniería económicamente más importante de Canarias en los próximos años ya que tiene un coste estimado de 300 millones de euros financiados por REE. La empresa ya ha desplazado a los ingenieros hasta la isla y su intención es que a lo largo del próximo año se inicien las obras para, en un plazo de tres años y medio, el proyecto esté finalizado.
La idea de desarrollar el salto  hidroeléctrico para introducirlo en el sistema energético insular fue ideada en 2004 por la institución dependiente del Cabildo grancanario. A partir de ese momento se comenzaron a hacer estudios que demuestran que es viable utilizar, por su situación, cota y capacidad, estas dos presas. Años más tarde, el proyecto se plasma y sale a concurso a finales de 2010.
Aunque en un principio la adjudicataria fue Endesa, a través de Unelco-Generación,  en diciembre de 2014 llegó a un acuerdo para que fuera REE quien gestione la central, que se debió porque  hubo un cambio legislativo que obligaba a la ejecución de estos proyectos o en su caso, si la empresa no procedía a ejecutarlo, a la subrogación al operador del sistema, que es REE.
El proyecto estuvo paralizado en parte porque el Ministerio de Industria, concretamente la Comisión Nacional de la Energía, no había fijado la retribución por megavatio producido. No fue la única incertidumbre cuando Antonio Morales tomó el mando del Cabildo. Casi tuvo que empezar de cero los trámites. Finalmente, el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria  aprobó a finales de julio que REE construya y explote la central a cambio de un canon mínimo de 6,4 millones al año. Por el momento, para comenzar las obras están a la espera de los estudios del Gobierno de Canarias, entre los que están la memoria ambiental por parte de la Consejería de Política Territorial y los propios permisos de la Consejería de Industria.

Presupuestos y superávit

Román Rodríguez. portavoz parlamentario y presidente de Nueva Canarias.

La elaboración y posterior aprobación, si se dan las condiciones y el Gobierno cuenta con apoyos suficientes, de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 está centrando buena parte de la agenda política, y lo continuará haciendo en los próximos meses. Tendrá consecuencias en la estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez, quien puede ver reducidos los apoyos parlamentarios que recibió en la moción de censura que le llevó a la Presidencia. La permanencia de la crisis territorial catalana sobrevuela, también, sobre los presupuestos.

El nuevo proceso se abre tras dos cuentas públicas estatales, las de los años 2017 y 2018, en las que una buena gestión de la aritmética parlamentaria ha beneficiado mucho a Canarias, permitiendo que se corrigiera de manera significativa el maltrato padecido en años anteriores, especialmente al conseguir separar los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) de los de la financiación autonómica.

Posibilitó que se superara el enorme déficit que nos causó la financiación aprobada en 2009 y nos colocó cerca de la media del conjunto de las comunidades. Además de consolidar importantes logros en movilidad y recuperar planes y convenios. Habrá que estar muy atentos en el nuevo período para consolidar lo avanzado en estos años.

Artículo 135

Continúan presentes los condicionantes que trajo la reforma constitucional que el PSOE y el PP impusieron, de forma exprés, el verano de 2011. Me refiero a la aprobación, sin refrendo de la ciudadanía y auspiciada por las presiones de algunas potencias europeas y de los mercados, de la reforma del artículo 135 de la Constitución. La misma reforma que da sustento a las políticas de austeridad y recortes que tantos estragos sociales han causado, que tanto daño han infligido a los servicios públicos, y cuyas consecuencias se siguen y se seguirán percibiendo.

En Nueva Canarias (NC) hemos venido defendiendo que se blinden en la Carta Magna los servicios públicos y los derechos ciudadanos, y no la deuda y el déficit, que sólo benefician intereses de minorías; eliminando, por tanto, el actual contenido del artículo 135.

En desarrollo y aplicación de esa auténtica contrarreforma constitucional neoliberal que supone el reformado artículo 135 vendría, posteriormente, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy, aprobada en febrero de 2012. En su articulado se establecen límites al déficit estructural y a la deuda pública, fijándose, así mismo, un techo de gasto para las administraciones públicas.

En el período reciente, hemos pasado de una larga etapa de recesión a varios años de crecimiento económico y de generación de empleo, aunque éste sigue siendo muy precario. Considero que la ley de estabilidad debe ser reformada de manera significativa. En su actual formulación constituye, en mi opinión, un importante freno para el crecimiento de la economía y del empleo.

Austeridad y recortes

Las medidas adoptadas al amparo de la nueva redacción del artículo 135, las políticas de austeridad y recortes han causado durante varios ejercicios un enorme daño a la educación, a la sanidad y a los servicios sociales, que perdieron relevantes partidas económicas y redujeron personal. Se vio gravemente afectada la calidad del servicio que prestan a los ciudadanos y ciudadanas y disminuyó sensiblemente los niveles de equidad social.

Desde NC hemos venido reclamando que se modifique la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Posición en la que insistimos en medio del presente debate presupuestario. Nos parece, además, que en el actual marco de crecimiento económico hay que revertir la situación creada.

Entendemos que las propuestas de los cambios en el Plan de Estabilidad pactado por el Gobierno de Sánchez con la Comisión Europea mejoran modestamente la situación anterior, pero siguen insertas en la restrictiva normativa vigente. Coincidimos con el Ejecutivo estatal en que resulta tan conveniente como justo acabar con una norma, con grandes visos de inconstitucionalidad, impuesta por el PP: la que permite que el Senado pueda vetar el techo de gasto propuesto por el Gobierno, cuando en la legislación española existe una preeminencia del Congreso sobre la Cámara Alta; constriñendo además la potestad del Ejecutivo reconocida en la Constitución, de elaborar y presentar los presupuestos.

En la ley de presupuestos estatales de 2018 ya se incluyó la posibilidad de disponer del superávit de 2017, pero a las comunidades autónomas sólo se les permitió utilizarlo en inversiones financieramente sostenibles, excluyendo la opción de destinarlas a gasto corriente. 

Considero que hay que dar un paso más. Es preciso lograr que, por ley, se establezca un nuevo marco diferenciado del reparto de la regla de gasto. Para que las administraciones públicas -tanto comunidades autónomas como entidades locales e insulares- que cumplan con los objetivos de déficit y de deuda pública acordados, así como con los plazos de pago a proveedores establecidos legalmente y que presenten superávit presupuestario en términos de contabilidad nacional; puedan aplicar dicho superávit, en su totalidad, a la financiación de los servicios públicos y competencias que tengan atribuidas.

En el caso de Canarias, si se consiguieran esos justos objetivos de utilización del superávit de la comunidad y entes locales, supondría contar con significativos recursos añadidos para afrontar la grave situación social de unas Islas que, pese a la mejora global de los parámetros macroeconómicos, siguen presentando elevados niveles de pobreza y exclusión social, así como los peores servicios públicos.

Resulta, cuanto menos, incoherente que el Gobierno canario exija también ese uso del superávit para educación o sanidad. Por varias razones. Contrasta, por ejemplo, con su actitud cuando en 2016, con los servicios públicos peor financiados que hoy, se negó a dedicar un solo euro de los 160 millones de euros del Impuesto General por el Tráfico de Empresas (IGTE) a mejorar la situación sanitaria, educativa y de los servicios sociales. Prefirió gastarlo en plazas, farolas y aparcamientos.

Además, no resulta de recibo que el Ejecutivo de CC, al tiempo que reclama esos recursos al Gobierno estatal, exigencia que compartimos y apoyamos; anuncie oportunistas rebajas fiscales que reducen los ingresos de la comunidad canaria. Este planteamiento merma las posibilidades de rescatar los servicios públicos y conseguir que respondan a las exigencias de la ciudadanía, a las demandas de sus profesionales y, en definitiva, a la mejora de los niveles de bienestar de nuestra comunidad.

Román Rodríguez es portavoz parlamentario y presidente de Nueva Canarias.

La isla que defiendo

Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria

Tras el descanso de agosto retomo el compromiso que he asumido de mantener cada semana un contacto directo con la ciudadanía. Lo hago recién pasadas las fiestas del Pino que convocan a miles de hombres y mujeres de esta isla y de toda Canarias. En Teror hemos asistido de nuevo a un encuentro comunitario que nos reafirma en nuestra identidad, en nuestra cohesión, en la voluntad de construir un futuro común, de avanzar juntos. Gracias a la fiesta compartimos lo que nos une como pueblo, un sentimiento de unidad que nos ha ayudado en los momentos más complicados de nuestra historia.

Sin duda estas fiestas han servido para recuperar las fuerzas necesarias y así  afrontar un nuevo periodo que, influenciado por las elecciones de mayo-junio de 2019, se prevé especial, intenso y difícil. Los procesos electorales previstos, y los burdos electoralismos que casi siempre blanden los que carecen de la capacidad de ofrecer alternativas de futuro reales para la sociedad a la que representan, van a estar sin duda muy presentes de aquí al próximo verano. Por eso considero importante compartir en esta reentrada las prioridades que el Cabildo que presido tiene para afianzar el proyecto con el que nos comprometimos al asumir el gobierno de la isla hace poco más de tres años.

Frente a un proyecto transformador e ilusionante que pretende cohesionar y generar sentido de pertenencia de toda la ciudadanía grancanaria, algunos partidos políticos, fundamentalmente el PP y CC, con su apéndice Unidos x GC, ya han empezado la campaña con un mensaje catastrofista que no responde a la realidad actual de Gran Canaria y que trasluce enfado porque esta isla redonda progrese. Les gustaría realmente que todo fuera mal porque les beneficiaría. Y como no es así se ponen de acuerdo en el discurso falso y manido de que la Isla está parada y en compararnos –con cifras manipuladas- con Tenerife. Es su matraquilla. Lo que no ha hecho la derecha en estos años de Gobierno en Gran Canaria (el PP ha presidido este Cabildo en más de un 80% del tiempo) intentan ahora convertirlo en un arma arrojadiza contra el Gobierno de Progreso, de transformación de la realidad grancanaria, del Cabildo de Gran Canaria.

Pero los datos son tozudos. Gran Canaria está mejor que cuando llegamos al gobierno de la Isla. Mucho mejor. Y en la mayoría de los indicadores superamos al resto de las islas. Aunque no les guste. Aunque hagan lo posible por evitarlo. Aunque monten estructuras de poder desde el Gobierno de Canarias para anular el desarrollo de esta isla generando agravios inadmisibles. Aunque se compren voluntades políticas, mediáticas y empresariales que actúan desde dentro, a modo de Caballo de Troya.

La realidad es que desde 2015 hasta ahora la evolución de los presupuestos de este Cabildo de Gran Canaria ha sido especialmente significativa y estos han pasado de 592 a 854 millones de euros, un incremento de 262 millones. En 2017 ejecutamos un 87% de los presupuestos. Con mayor presupuesto ejecutamos un mayor gasto real. ¡Nunca en el siglo XXI el Cabildo ha tenido un gasto real como ahora! 2017 ha sido el año con más ingresos y con más gastos del Cabildo en su historia. Los ingresos han aumentado considerablemente y salvo en 2013 – nunca ha habido un nivel de ejecución de inversiones – un 68% – como en el ejercicio de 2017.

Hemos puesto en marcha un plan de inversiones como nunca se había realizado en la historia de esta institución insular. Como nunca en sus 106 años de historia. Estamos haciendo real y efectivo el Plan Transforma Gran Canaria, una propuesta de inversiones de más de 700 millones de euros que puede alcanzar los 1.000 millones en los próximos meses –serán casi 1.500 al final de este mandato- y que estamos desarrollando con rotundidad, con firmeza. Más de 2.000 obras distribuidas por toda la isla, por sus 21 municipios. Son inversiones para transformar Gran Canaria; para dinamizar la economía pública y privada; para mejorar las condiciones sociales y el empleo; para diseñar un futuro sostenible apoyado en una economía diversificada; para embellecer y reverdecer la isla; para poner a punto nuestros polígonos industriales; para llevar las renovables a la depuración y la desalación; para contribuir a la penetración de las energías limpias; para construir más de 1500 nuevas plazas sociosanitarias; para aumentar considerablemente las camas de dependencia; para luchar contra el desempleo y la exclusión social; para afianzar la industria audiovisual; para implantar la economía azul; para avanzar en la soberanía alimentaria; para forjar una isla inteligente; para mejorar la conectividad; para regenerar las infraestructuras turísticas y aumentar la calidad, la estancia y el gasto medio de las personas que nos eligen para hacer turismo; para la cultura, el deporte, la igualdad, la solidaridad, la participación, el medio ambiente y nuestra identidad; para defender valores democráticos en un momento grave de deterioro de esos principios en gran parte de la sociedad europea…

Tenemos claro el modelo de isla por el que queremos transitar: modelo, proyecto, recursos, complicidad social, participación institucional, firmeza ante las agresiones… Y los datos.

Nuestro puerto dobla en facturación al otro puerto más significativo de Canarias; nuestro aeropuerto es el que recibe a más pasajeros. Gran Canaria es la isla que más recauda; la que más ingresa… (aunque nos oculten las cifras). Pero hay más datos, muchos más datos positivos, y hablo en su mayor parte (salvo en los datos de empleo) de cifras del primer trimestre de este año, que contradicen ese mantra que quieren repetir machaconamente para hacer daño –temerariamente- al gobierno progresista del Cabildo.

Con respecto a la evolución de la población ocupada, en el primer trimestre de 2015 la población ocupada  en GC era de  305.320 personas y hoy es un total de 347. 780. En Tenerife era de 332.290 y hoy es de 376.620. Hemos aumentado un 13,91 % en GC y un 13,3 % en Tenerife. Sucede lo mismo con la tasa de paro. En el primer trimestre de 2015, en GC la tasa de paro era de un 30,41 % y en Tenerife de un 29,99 %. Hoy día en GC es de un 21,76 % y en Tenerife de un 19,91 %. En Gran Canaria la tasa de paro ha disminuido en un 10,08% y en Tenerife un 8, 65 %. Ha disminuido por tanto mucho más en GC en estos últimos tres años. De cada dos puestos de trabajo creados en las islas desde 2015 para acá, uno se ha creado en Gran Canaria.

En lo que se refiere a la población parada, en el primer trimestre de 2015 en Gran Canaria, la cifra de la población era de 109.009  y en Tenerife era de 103.574, según las oficinas de empleo. De esa fecha hasta ahora las cifras son de 88.559 parados en Gran Canaria y de 88.903 en Tenerife. En Gran Canaria disminuye en este periodo  más de un 16% y en Tenerife en torno a un 12 %. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, en las dos islas capitalinas la evolución es bastante parecida pero en Gran Canaria aumentamos en un 15,38 % frente al gobierno insular del PP en 2015. Sucede igual con el índice de confianza empresarial que en GC aumenta 6,6 puntos y en Tenerife 9 puntos. Pero aumentamos frente a lo que les inspiraba el gobierno del PP hace apenas tres años. Con relación a las empresas inscritas en la Seguridad Social, en Gran Canaria hemos aumentado un 7,82 %  frente a Tenerife que lo ha hecho en un 6,4 %.

Y fíjense ahora en unos datos especialmente importantes que se refieren a la industria turística que aporta un 34 % al PIB de las islas de manera directa. Y mucho más de manera indirecta. Con respecto a la evolución del número de turistas, en Gran Canaria aumenta en 996.319 turistas desde el primer trimestre de 2015 hasta aquí (un 27,74 %) y en Tenerife en 979.708 (un 18,83 %). Y con respecto a la evolución del gasto turístico realizado en destino el dato es especialmente significativo: aumenta en Gran Canaria en 264,5 millones de euros (21,6 %) frente a un aumento de 263 y medio casi en Tenerife (un 15,44 %).

La diferencia es notoria. Todos, pero todos, los datos de 2015 hasta aquí son positivos. Se ha mejorado manifiestamente. Con respecto al anterior  gobierno del PP, pero también con respecto a Tenerife al que tanto les gusta recurrir para generar una interesada confrontación. Esta isla mejora en todos sus indicadores. La apuesta inversora insular está contribuyendo claramente a la reactivación económica y a la generación de empleo. El esfuerzo de la sociedad civil y el de este Cabildo y sus Ayuntamientos está consiguiendo dar un vuelco a la situación económica que nos encontramos al llegar al gobierno de la Isla. Lideramos el desarrollo económico y la creación de empleo en Canarias,  pero no nos podemos confiar. No podemos reproducir los modelos caducos de los que han gobernado esta casa en más de un 80 % del tiempo. Es tiempo de confianza, de proyectos estratégicos, de nueva economía, de desarrollo social, de diversificación de las propuestas, de no venderse por un puñado de votos.

Y de seguir avanzando. Lejos del pesimismo. De los profetas del pesimismo que irresponsablemente pretenden lanzar el mensaje de que la isla está parada. De que es difícil invertir aquí intentando señalar al Cabildo, cuando es la única administración que cumple con los trámites y los plazos, como acaba de señalar recientemente un portavoz empresarial. Por eso en las próximas semanas volveremos a implementar el Plan Transforma Gran Canaria con una nueva propuesta de inversiones de más de 60 millones de euros. Para seguir generando inversión, para seguir generando economía productiva, para avanzar en la equidad social y la igualdad. Y no renunciar a que Gran Canaria lidere para los próximos años la consecución de unos objetivos estratégicos imprescindibles para nuestro futuro, para el de Gran Canaria pero también para Canarias.

Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria.

Baja el desempleo

El número de parados registrados en las oficinas públicas de Empleo bajó un 0,89% en Canarias en julio respecto al mes anterior, quedando en 206.747 personas, 1.847 menos que en junio, según datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo.

En relación al mismo mes de 2017, el desempleo se redujo en las Islas un 5,12%, al disminuir en 11.148 los parados registrados en la Comunidad Autónoma, de acuerdo a sus cifras.

Estas detallan que la mayor bajada del paro se dio en el colectivo sin empleo anterior, que se redujo en 602, seguido por el sector servicios, con 576 desempleados menos; la agricultura, con un descenso de 443; la construcción, con 128, y la industria, con 98.

Al cierre de julio, la mayor parte de los parados del archipiélago estaba en el sector servicios, que sumaba 157.440, y a continuación se situaron los de la construcción, 20.279; los del colectivo sin empleo anterior, 16.521; los de la industria, 7.947, y los de la agricultura, 4.560.

El Ministerio de Trabajo precisa, además, que en las islas son más las mujeres desempleadas que los hombres en igual situación, al alcanzar la cifra de las primeras las 119.418 personas, frente a las 87.329 de la de los segundos.

El número de contratos formalizados en Canarias en julio ascendió a 81.547, 10.581 y un 14,91 % más que en junio y 3.425 y un 4,38 % más que en el mismo mes de 2017.

Santa Lucía sigue bajando el número de personas desempleadas por quinto año consecutivo.

Santa Lucía alcanzó en el mes de Julio, el número de desempleados más bajo desde el año 2008, con 8075 personas registradas en el SCE. Se confirma de esta manera el descenso constante año tras año. Aunque aún queda mucho por hacer, es importante el esfuerzo que desde los propios trabajadores, empresas privadas y Ayuntamiento se viene realizando desde hace años, a través de la formación continua, planes de empleo, planes de dinamización, Emprende Santa Lucía, Escuelas Taller y otras líneas de actuación.

Tendríamos que remontarnos al año 2008 para encontrar una cifra de desempleo menor, sólo que en aquel momento había 11.000 personas menos viviendo en el municipio, frente a las más de 74.000 actuales. Lo que da un mayor valor a este descenso, pues a pesar de no haber dejado de crecer en población ni un solo año, hemos logrado disminuir las cifras de desempleo.

Santa Lucía, municipio saneado

Recientemente el Ministerio de Hacienda ha publicado la deuda viva por municipio a 31 de diciembre de 2017. En conjunto, todas las localidades deben 23.722 millones de euros. Por tanto, cada español debería pagar en torno a 509 euros para poder saldar la deuda de sus ayuntamientos, en caso de que el reparto fuera homogéneo.

Sin embargo, la distribución es muy desigual en los 8.125 municipios de España. Hay 48 localidades en los que la deuda supera los 3.000 euros por habitante (liderados por Puebla de la Sierra, con 8.600 euros) y otros en los que la corporación está a cero.
Un informe de la Airef publicado la última semana de julio señala que gran parte del superávit de las corporaciones locales (derivado de los ajustes de la aplicación de la regla de gasto) se destina a incrementar sus depósitos bancarios. En conjunto, el total de depósitos de los municipios se sitúa por encima de los 24.000 millones de euros a cierre de 2017, una cifra que incluso supera ligeramente los 23.722 millones de la deuda agregada. “La deuda neta de activos financieros líquidos de las corporaciones locales ha descendido por debajo del 0,5% de PIB y se prevé cercana al 0% o incluso negativa a fin de 2018”, dice el informe.

Esto se circunscribe a un proceso por el que los ayuntamientos van aminorando la deuda, que ha caído a un 9% en 2017. Según las estimaciones de la Airef, a cierre de 2018, las corporaciones locales alcanzarán el 2,2% de deuda sobre PIB, “cumpliendo ampliamente el objetivo fijado del 2,7%”.

Grandes urbes

Entre los municipios de más de 100.000 habitantes, Jaén repite como la ciudad más endeudada de España. Su pasivo vivo alcanza los 426 millones, es decir, cada habitante alcanza una deuda teórica de 3.700 € por habitante, lo que la coloca en el puesto 23 del total de los municipios de España. Le siguen de cerca Jerez de la Frontera y Parla, cuyos habitantes deben entre 3.433 € y 3.321 € cada uno. Entre las grandes, solo Marbella y Las Palmas de Gran Canaria tienen el saldo de la deuda por ciudadano a cero.

El municipio madrileño de Puebla de la Sierra es el que tiene mayor deuda por habitante de España. Cada uno de sus 61 habitantes adeuda 8.654 euros. Desplaza en lo más alto del ránking a Monasterio de la Sierra (Burgos), de 42 habitantes, que cae al tercer puesto tras haber liderado la clasificación en tres ocasiones. La localidad burgalesa ha reducido su pasivo desde los 369.000 euros vivos a los 300.000, que corresponden a unos 6.500 euros por habitante. En segundo lugar queda el valenciano Vallada (7.141 euros por habitante). El cuarto y quinto puesto lo ocupan el madrileño de Moraleja de Enmedio (6.990 euros) y el castellonense de Navajas (6.837 euros).

Paralelamente, la Airef ha alertado de la situación crítica de estos tres municipios, así como puso en “alto riesgo” a Algeciras, Gandía, La Línea de la Concepción, Aranjuez, Totana, Navalcarnero, Isla Cristina y Ayamonte. También consideró un riesgo alto de que el Ayuntamiento de Madrid incumpla la regla de gasto, así como en Barcelona, Córdoba, L’Hospitalet de Llobregat y Tenerife.

Precisamente los datos de Hacienda arrojan que la capital de España ha reducido su deuda viva un 11% en 2017. Y, por habitante, pasa de corresponder 1.222 euro a 1.081. En cuanto a la ciudad condal, el pasivo se mantiene congelado. Pasa de los 522 euros por habitante a los 521.

Santa Lucía entre los municipios más saneados de España.

Nuestro municipio vuelve a destacar entre los municipios , no sólo de Canarias sino incluso de toda España, con menos deuda. La deuda por habitante a finales de 2017 no superaba 1 euro.

Este dato es significativo y demuestra una vez más la buena gestión, la responsabilidad con el dinero público, así como la honradez y capacidad de trabajo de Dunia González y todo su equipo.

Descarga el INFORME de Hacienda (xls)

¿Cuánta deuda tiene tu ayuntamiento? (Herramienta de Cinco Días para ver los datos de cada municipio)

Evaluación del Comisionado de Transparencia

Recientemente el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias (órgano creado por la Ley de Transparencia de Canarias y dedicado al fomento, análisis, control y protección de la transparencia y del derecho de acceso a la información pública en el ámbito canario) ha informado sobre los datos del pasado año.

Según las evaluación hecha por el Comisionado canario, tanto los ayuntamientos de Tenerife como los Gran Canaria avanzaron en el cumplimiento de sus 166 obligaciones de publicación de contenidos en los portales de  transparencia de sus páginas web, si bien con diferentes intensidades.

El Índice de Transparencia de Canarias lo aprobaron el pasado año 21 de los 31 ayuntamientos de Tenerife y 7 de los 21 de Gran Canaria, aunque todos los ayuntamientos de una y otra isla llegan por primera vez a aprobar en su conjunto; es decir, a alcanzar una nota media de más de 5 sobre 10.

En Gran Canaria superan el aprobado Arucas, Las Palmas, Santa Lucía, Santa Brígida, San Bartolomé de Tirajana, Valsequillo y Mogán.

Santa Lucía en tercer lugar de Gran Canaria

Santa Lucía se sitúa como uno de los municipios más transparentes de Canarias, según este informe del Comisionado de Transparencia que valora el cumplimiento de las 166 obligaciones de publicación de contenidos en los portales de  transparencia de las páginas web. En el caso de Gran Canaria, nos sitúa en tercer lugar con 7,5 puntos.

En nuestra forma de hacer y entender la política, a esos parámetros técnicos habría que añadir la cercanía, las asambleas periódicas de barrios, y las reuniones con colectivos, que han convertido la gestión en Santa Lucía en un referente de la gestión municipal.

Nueva Canarias cuestiona las “verdaderas razones” del Gobierno en la liga escolar de eSports

El portavoz adjunto de Nueva Canarias (NC) en el Parlamento, Luis Campos alertó en el pleno del Parlamento de Canarias de la penetración del sector de los videojuegos competitivos, los eSports, impulsado por poderosas multinacionales de este negocio, en los centros hospitalarios de las islas.

¿Qué multinacionales de este negocio están interesadas en financiar una liga en los centros educativos públicos de las Islas? ¿O cuánto dinero de los fondos públicos se van a destinar a promocionar un negocio de empresas privadas?

Campos lanzó esta advertencia tras recriminar al Gobierno de CC que apoye la penetración del sector del juego en los centros escolares ante el peligro de normalizar esta actividad. El diputado nacionalista exigió a la consejera de Educación, Soledad Monzón, que renuncie a promover una competición de videojuegos en los centros escolares.

Cuestionó las “verdaderas razones” que el Gobierno de Canarias mantiene para promocionar una liga escolar de los videojuegos competitivos, los e-sports, tras su fallido intento de que fueran reconocidos como un deporte en la nueva norma canaria en tramitación. Porque no es razonable esta “insistencia” del Ejecutivo autonómico por promocionar una actividad cuya “adicción” la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado como trastorno mental, e “inadecuada” desde el punto de vista pedagógico. Porque bajo la justificación de promover las competencias digitales de los menores se hace una política contraria a los acuerdos del Parlamento para adoptar medidas contra la obesidad y el sedentarismo entre los jóvenes.

 Campos sostuvo que, después de fallar la introducción de los e-sports en la Ley del Deporte de Canarias, y a pesar de la oposición de una parte importante de la comunidad educativa de las Islas, la facultad de Educación Física de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y del Colegio de Licenciados en Educación Física, el Gobierno “trata de colar ahora” esta actividad lúdica y de ocio en los centros escolares mediante el desarrollo de un campeonato. 

Intervención de Luis Campos

 

Artículo de interés sobre el tema: Escuela 3.0, con religión y videojuegos, pero sin apoyos ni deberes. De Emilio J. Armas Ramírez, Profesor de Enseñanza Secundaria e integrante del Secretariado Nacional del STEC-IC.