Corregir el injusto sistema de financiación autonómica

El pasado miércoles. 16 de marzo, en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso fue aprobada la “Proposición no de Ley sobre la corrección del injusto sistema de financiación autonómica” presentada el pasado mes de Febrero por el Diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo.

comision
La Proposición se aprobó recogiendo una enmienda del Partido Socialista, sin ningún voto en contra, pero con la abstención de los miembros del Partido Popular y de Podemos.

Texto aprobado de la Proposición no de Ley sobre la corrección del injusto sistema de financiación autonómica:

Existen dos elementos que estructuran el modelo de Estado español descentralizado en la Constitución del año 78: los Estatutos de Autonomía aprobados por las Cortes Generales y la financiación que necesariamente debe acompañarles. La financiación autonómica es esencial para el desarrollo del autogobierno pues define los recursos económicos con los que se van a financiar los servicios públicos de sanidad, educación y servicios sociales, así como el resto de competencias que ejerce la Comunidad Autónoma. De poco sirve disponer de competencias y no de recursos. Es más, suele ser un problema disponer de una competencia y no de recursos para desarrollarla porque la consecuencia es que la población queda desasistida.

El Estado español, como todos los Estados compuestos, tiene una historia compleja en esta materia. La financiación autonómica ha constituido con frecuencia un instrumento al servicio de equilibrios e intereses políticos, que no ha respondido a criterios objetivos de búsqueda de equidad y suficiencia financiera.

El actual sistema de financiación autonómica, que vino a sustituir al que estaba en vigor desde el año 2002, fue aprobado por las Cortes Generales en el año 2009 mediante la Ley Orgánica 3/2009, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de Financiación de las Comunidades Autónomas y la Ley 22/2009 por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

El nuevo sistema tomó como año base el año 2007 y se aplicó con efectos retroactivos a 1 de enero del año 2009. Los recursos totales del sistema en ese año base eran 114.580 millones de euros a los que la Administración General del Estado añadió 11.000 millones adicionales que se entregaron gradualmente (el 70 por 100 en el año 2009 hasta llegar al 100 por 100 en el año 2012). Se introdujo en la nueva Ley 22/2009, de financiación una serie de ponderaciones de reparto de esta cantidad, fruto de criterios políticos, que netamente beneficiaron a unos territorios y perjudicaron a otros.

Este sistema aprobado en 2009 alejó a Canarias de la media de financiación española. Cuando se inició el anterior, en el año 2002, Canarias estaba en la media de financiación por habitante, siendo su índice de financiación per cápita el 100,4 por 100. El error de ese sistema de financiación era su poca flexibilidad para adaptarse al crecimiento poblacional elevado. El incremento poblacional de Canarias y de otras comunidades generó mayores necesidades de gasto que el sistema no previó ni contempló en las normas de evolución del mismo. Esto provocó que la financiación per cápita del Archipiélago fuera cayendo de forma cada vez más significativa en años sucesivos, de manera que en el año 2007 el índice de financiación per cápita de Canarias era el 94,5 por 100 de la media española. Se suponía que el nuevo sistema de financiación aprobado debía corregir este desfase y acercarnos a la media, pero no sólo no lo hizo sino que lo empeoró sustancialmente, colocando a Canarias en el año de partida en el 93,9 por 100. Es decir, ya en el primer año del actual sistema estábamos peor que en el último año del antiguo.

En la actualidad el déficit anual de financiación de Canarias se sitúa en unos 600 millones de euros al año, por debajo de la media las autonomías de régimen común.

Por tanto, el sistema de financiación autonómico aprobado en diciembre de 2009 es injusto para Canarias. No hay ninguna razón que justifique que Canarias empeore su financiación por habitante cuando el coste efectivo de la prestación de servicios como sanidad, educación y servicios sociales es mucho mayor en un territorio insular que en comunidades con territorio continuo, tal y como se reconoce en la Constitución Española y en los Tratados Europeos. Existen estudios contrastados que señalan que cuesta como mínimo un 16 por 100 más prestar los mismos servicios en un territorio discontinuo que en un territorio continental.

Esta infrafinanciación que padece Canarias es más grave aún en los momentos de grave crisis económica que sufre el Archipiélago que hace que se reduzcan los ingresos propios de la Comunidad Autónoma al mismo tiempo que se incrementa la demanda de servicios y ayudas sociales de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. El actual sistema ha generado un daño enorme al desarrollo de los servicios públicos en Canarias, degradando aún más si cabe las condiciones de vida de la parte más vulnerable de nuestra población.

Este es, por tanto, un asunto transcendental y de especial urgencia para nuestras islas. El actual sistema de financiación genera injusticia y genera maltrato para Canarias. Es esencial para nuestro Archipiélago que el sistema de financiación autonómica, la distribución de los recursos para el sostenimiento de las competencias de esta comunidad sea justa. Y una distribución justa con Canarias no es estar en la media, es estar por encima de la media. Existen preceptos constitucionales y estatutarios que permiten a Canarias reclamarlo así.

Por todo ello es preciso abordar cuanto antes el elemento decisivo de la financiación autonómica, para que nuestra comunidad autónoma se sitúe como mínimo en la media, evitando así comprometer el futuro de los servicios y las políticas públicas esenciales.

 Ante lo anteriormente expuesto, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:

  1. Emprender de manera urgente la reforma del sistema de financiación autonómica, para garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales en todas las Comunidades Autónomas, de manera que todos los ciudadanos, con independencia de donde vivan, accedan en igualdad de condiciones a dichos servicios.
  2. Distribuir los recursos del sistema de financiación autonómica destinado a favorecer los servicios públicos fundamentales, atendiendo al principio de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias.