Es falso que los presupuestos de 2019 sean sociales

Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019, marginan a dos de los tres servicios públicos esenciales, la sanidad y la educación.

Las rebajas fiscales acordadas por el tripartito de CC, el PP y la ASG sólo son propaganda ya que su impacto en las economías familiares y de las empresas es ridículo, sin embargo, detraen 150 millones de euros del gasto social autorizado al Gobierno de Canarias para el próximo año.

Es falso que este presupuesto sea social.

El Ejecutivo en minoría de CC ha llevado a la Cámara el último presupuesto de la IX Legislatura con una subida, en relación a 2018, de un 6,8%, la mitad aproximadamente del incremento de las cuentas en vigor. Este aumento se debe principalmente a las transferencias estatales consecuencia de la buena gestión realizada también por NC en los acuerdos presupuestarios estatales de 2017 y 2018.

Los recursos propios prácticamente no crecen y en absoluto responden a las necesidades de la población canaria, fundamentalmente por las rebajas fiscales acordadas con el PP y la ASG, sostén parlamentario del gabinete en minoría presidido por Fernando Clavijo. Esta política tributaria implica una reducción de 150 millones de euros en ingresos que, en cumplimiento del artículo 12.4 de la ley estatal de estabilidad, obliga a detraer una cantidad igual del gasto público autorizado a la comunidad canaria.

Pero además, las bajadas fiscales son pura cosmética y propaganda para ir a la campaña electoral de mayo del próximo año: su impacto en las familias y las empresas es ridículo.

Aplicar el tipo cero del IGIC a la entrega de energía eléctrica, en base a los datos reflejados en el proyecto de ley, supone que la factura de la luz de los hogares y las empresas de las islas bajará una media de menos de un euro al mes.

Escaso impacto en los bolsillos de las familias y de la cuenta de resultados de las empresas de unas rebajas tributarias que, sin embargo, nos restarán 150 millones de euros del gasto autorizado al Gobierno en 2019. De éstos, sólo la bajada de medio punto del IGIC hurta más de 100 millones de euros a los ingresos y, por tanto, al gasto público social.

Unas decisiones del tripartito que tienen un reflejo directo en las partidas asignadas a las consejerías de los servicios públicos esenciales. Con menos recursos disponibles consecuencia de la política fiscal y en base a la distribución de los fondos existentes, las medidas del Ejecutivo en minoría de CC son injustas con las políticas sociales.

La revolución social anunciada por Fernando Clavijo en los presupuestos de 2019 se desinfla: Es falso que los presupuestos de 2019 del tripartito de CC, el PP y la ASG sean sociales. La media del gasto de los tres servicios públicos esenciales es de un 4,5%, es decir, dos puntos menos que la media del gasto total.

Los departamentos marginados son la sanidad que crece un 2,6%, cuatro puntos menos. La subida es de 77 millones de euros, de los que 71 millones de euros se dirigen al capítulo I de personal. Solo quedan cinco ridículos millones de euros para afrontar todas las deficiencias existentes con los nuevos programas, equipamientos e infraestructuras.

El segundo departamento que no cuenta para el gabinete de Clavijo es la educación, donde sus partidas suben un 4,1%, casi tres puntos menos que el incremento medio global. Con esta decisión, los parlamentarios nacionalistas ya avanzaron que se volverá a incumplir la ley canaria que obliga a que la inversión en esta materia sea del 5% del PIB en 2022.

Y en el caso del 20% de subida para dependencia no hay fondos nuevos, cero euros de incremento, para la Prestación Canaria de Inserción.

Sobre el aumento de las inversiones que alcanzan la cifra inicial de 1.077 millones de euros incrementada con la próxima firma de los convenios con el Estado en otros 500 millones de euros, Nueva Canarias avanzó que la incapacidad gestora del Ejecutivo de CC volverá a ponerse de manifiesto porque no se ejecutará ni un tercio de los mismos.

Por todo esto Nueva Canarias se plantea presentar una enmienda a la totalidad: una petición de devolución del presupuesto de CC, el PP y la ASG, para defender la necesidad de bajar los impuestos a las rentas más bajas y a los productos básicos, es decir, aplicar una política fiscal progresiva.