NC obtiene el apoyo del Parlamento para evitar que el 75% se vea afectado por subidas artificiales de precios

Nueva Canarias (NC) ha obtenido el apoyo unánime del Parlamento para evitar que el derecho garantizado de la bonificación del 75% en las conexiones aéreas con el resto del Estado de los residentes en las islas se vea afectado por subidas artificiales de precios entre las compañías. La iniciativa del grupo nacionalista progresista insta al Ministero de Fomento a vigilar la evolución de las tarifas y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que investigue y sancione de verificarse prácticas de coordinación comercial en materia de precios. Para cumplir en su totalidad con las obligaciones de la ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, la proposición no de ley de Nueva Canarias insiste en solicitar al Gobierno de Pedro Sánchez que inicie el procedimiento para la fijación de los precios de referencia en las rutas previamente declaradas como Obligaciones de Servicio Público (OSP). En la estrategia de redoblar los esfuerzos en esta materia, el portavoz parlamentario, Román Rodríguez, confirmó que el diputado Pedro Quevedo en el Congreso defenderá la misma propuesta en la Cámara Baja.

La iniciativa defendida por Román Rodríguez y aprobada con el apoyo de los seis grupos contiene tres medidas:

  • Comienza por demandar a Fomento que establezca un procedimiento de seguimiento de la evolución de los precios en las rutas entre Canarias y el resto del Estado y que esta información sea transparente y accesible a la ciudadanía.
  • Sigue con la petición dedicada a la CNMC para que fiscalice el proceso de construcción de precios con el fin de garantizar la competencia y velar para que las compañías aéreas no establezcan pactos de colusión que incrementen las tarifas y, si ésto sucediera, que se adopten las correspondientes medidas sancionadoras.
  • Por último, que el Ejecutivo del PSOE inicie el procedimiento para establecer las Obligaciones de Servicio Público que permitirán fijar precios máximos de referencia, que son de obligado cumplimiento para las compañías.

El portavoz nacionalista recordó que estos tres objetivos están contemplados en la ley de los PGE de 2018 con la que, desde el pasado mes de julio, se puso en marcha, “y para siempre”, el descuento del 75%, gracias a los acuerdos presupuestarios de NC con el Gobierno estatal. En este tiempo, tal y como destacó y en base a los datos de Fomento, la demanda ha aumentado un 50%. Insistió también en la importancia de que el 75% esté protegido por la ley del Régimen Económico y Fiscal de 1994 así como en la reforma que, la semana que viene, aprobará definitivamente el Senado.

El portavoz nacionalista recordó que Fomento se comprometió con Quevedo a hacer un seguimiento de la evolución de las tarifas. No obstante, explicó que la proposición no de ley pretende que el “derecho garantizado” del 75% por la ley de los PGE de 2018 “no se convierta un medio” para que las compañías capten más rentas con un aumento artificial de los precios.

Este incremento artificial, explicó, tendría varios efectos negativos. Para la Administración pública, un mayor coste. Al igual que para los canarios que viven en la Península y han tenido que renunciar a la condición de residentes por motivos personales, profesionales o de estudios. Asimismo, avisó que puede perjudicar al turismo peninsular que viaja a las islas en vuelos regulares, que es minoritario.

El presidente de NC dijo que el Ejecutivo estatal debe “cumplir, en todos sus términos,” con la ley del PGE de 2018, es decir, que Fomento controle y transparente la evolución de los precios y que el Gobierno estatal, a través de la CNMC, garantice el respeto a las reglas de la competencia y persiga pactos de colusión para subir precios.

Para concluir con las obligaciones de ley presupuestaria en vigor, la iniciativa secundada por el Parlamento solicita a la Administración estatal que inicie los procedimientos administrativos para establecer precios máximos de referencia en las rutas de las islas con el resto del Estado previa declaración como OSP. Esta solicitud fue aceptada por Ábalos al reconocer, en la Cámara Baja, que estaba justificada, tal y como refirió el presidente de NC.

Rodríguez manifestó que se pretende trasladar, a las conexiones con el resto del Estado, el sistema que funciona con éxito en las rutas interinsulares, donde hay competencia, plazas y frecuencias. Un sistema que “también está amparado” por la legislación estatal y de la Unión Europea, reiteró.

El portavoz parlamentario nacionalista se refería a la Ley de 1997 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social y en el Reglamento 2408/92 del Consejo Europeo. Román Rodríguez volvió a referir que, en la actualidad, en la Unión Europea (UE) hay 176 rutas declaradas OSP. Veinte son españolas, de las que 13 corresponden a Canarias, cuatro a Baleares, dos a Extremadura y una a Andalucía.