NC propone cambiar el destino de más de 104 millones del presupuesto para 2017 de Clavijo

Nueva Canarias (NC) ha propuesto cambiar el destino de más de 104 millones de euros de los presupuestos para 2017 del Gobierno presidido por Fernando Clavijo. El grupo parlamentario de NC plantea modificaciones para destinar 80 millones de euros del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) a sanidad, educación y servicios sociales; un aumento de las inversiones en todas las islas y otra política fiscal, diseñada bajo el principio de la progresividad y generadora de ingresos para impulsar la recuperación económica y los deteriorados servicios públicos esenciales.

Los diputados de NC Esther González, Luis Campos y Román Rodríguez han presentado las 131 enmiendas parciales al Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de canarias (PGCAC) para 2017, que comenzarán ya a tramitarse en ponencia antes de la aprobación definitiva de los presupuestos en el pleno de los próximos 20 y 21 de diciembre.

Del total de las propuestas alternativas de NC, 13 se corresponden con el articulado del proyecto de ley y las otras 118, a los estados financieros con las que se modifica el destino dado por el gabinete de Clavijo a más de 104 millones de euros.

Campos, en calidad de portavoz adjunto, destacó el bloque de las enmiendas relativas al Fdcan, en la línea de lo defendido para los presupuestos de 2016 pero que fueron rechazadas por los socios del pacto. Nueva Canarias plantea para 2017 que, de los 160 millones de euros totales del citado fondo, 80 millones de euros se inviertan en los servicios públicos esenciales.

El grueso, 60 millones de euros, se invierten en sanidad, principalmente, para “reforzar” el personal y los suministros médicos en todas las islas. Otros 12 millones de euros se destinarán a educación para “recuperar” las partidas destinadas a la franja de cero a tres años eliminadas en 2011 así como un plan de infraestructuras para los centros con más de 25 años de antigüedad. En materia social, Campos destacó los seis millones de euros para que los dependientes, con sus derechos reconocidos, puedan acceder a los servicios existentes así como otro millón de euros para la atención a la discapacidad.

En materia social, el Fdcan de NC plantea invertir un millón de euros para aumentar la cuantía mensual de 472 euros a 503 euros de la Prestación Canaria de Inserción (PCI). Una propuesta viable, según Campos, toda vez que el esfuerzo realizado en el PL permitirá que, el próximo año, no haya listas de espera en esta materia.

Tras destacar la asignación de otro millón de euros para la asistencia jurídica gratuita para las personas víctimas de la violencia de género, Esther González se centró en las 34 enmiendas con las que se plantea una política económica de inversiones para las ocho islas, incluido el acondicionamiento del puerto de La Graciosa. Además y frente a los cero euros del Ejecutivo canario, la presidenta el grupo parlamentario resaltó los 500.000 euros para las cámaras de comercio. Como entidades de derecho público, en opinión de González, tienen que tener la misma consideración que otros organismos similares.

Román Rodríguez expuso las enmiendas dirigidas a perseguir el fraude y contra la política fiscal “conservadora” de Clavijo. Las bonificaciones “indiscriminadas” del Gobierno y las rebajas del IGIC para que los turistas compren más baratos los perfumes en detrimento del bienestar de los ciudadanos canarios, son rebatidas por NC, como explicó el portavoz parlamentario, con alternativas que responden al principio de que “pague más quien más tiene”.

Se trata del impuesto de Sucesiones y Donaciones, el de Patrimonio de las Personas Físicas, el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; los tipos incrementados de gravamen aplicable al Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) para los artículos de lujo así como la supresión de la rebaja del 13% al  tipo reducido del 3% el IGIC para aguas perfumadas, con el que la hacienda canaria deja de recaudar 21 millones de euros.

Román Rodríguez hizo hincapié en que el mayor problema del proyecto de ley, a pesar de las modificaciones puntuales abordadas con las enmiendas alternativas, es que “no sirve” para generar economía ni empleo y, mucho menos, abordar el grave problema de los servicios públicos esenciales.