NUEVA CANARIAS en el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad

delia-padron-debate-d-13055465-37_gRomán Rodríguez, portavoz de Nueva Canarias, ha defendido para el Archipiélago un modelo turístico “más contenido” y que favorezca la redistribución de la riqueza y la creación de empleo.

Rodríguez acusó al presidente Fernando Clavijo de “echar leña al fuego” y poner “a canario contra canario” por el reparto del IGTE, y le ha advertido “como línea roja” de que no apoyará un Gobierno que ponga el territorio “en venta”.

Román Rodríguez ha aseverado en su intervención durante el debate sobre el estado de la nacionalidad canaria que Clavijo ha puesto a institución contra institución en cuanto a los fondos del IGTE cuando, en su opinión, si el Gobierno regional decide distribuir los recursos debe hacerlo “con luz y taquígrafos” y mecanismos “medibles, objetivables”.

Como ejemplo el parlamentario de Nueva Canarias dijo que Canarias acude a Madrid a pedir un sistema de financiación calculado “per cápita” y si en las Islas va a repartir 160 millones de euros “deberían dedicarlo a las prioridades de la sociedad ahora que estamos en situación crítica”.

“Se equivoca en su planteamiento y si no rectifica le va a salir mal, y si no al tiempo”, advirtió Román Rodríguez, quien ironizó sobre el hecho de que el Ejecutivo “ha fichado a dos alcaldes de Gran Canaria, Mogán y San Mateo, gracias a las perras del IGTE”.

Estos recursos escasos deben ir “a nuestras necesidades con limpieza y transparencia”, señaló el diputado de Nueva Canarias, quien dijo que el PP “que es bastante amigo de ustedes, en esto se han cortado y han dicho “no”, igual que algún socialista de Tenerife que si lo dejan dice no y alguno de CC también”.

Aseguró Rodríguez que no le gustó el discurso de Clavijo, que calificó de “insuficiente y un poquito decepcionante, también para los suyos”, y opinó que en dos leyes, las del Suelo y del Turismo, “le han ganado por la derecha” y por eso el PP está “contentísimo”.

En su opinión, el Ejecutivo regional no es un ejemplo a seguir por los problemas del pacto entre CC y PSC y añadió que “entre ustedes el buen rollito se dice pero se practica poco”.

Rodríguez no se alegra de esta situación porque “mientras sean Gobierno nos interesa que lo hagan bien, otra cosa es que si pudiéramos los sustituiríamos”, y reiteró que no le gusta “la hegemonía de uno frente a otro” pues “los que hemos gobernado en pacto sabemos que uno tiene que ser más generoso con el que comparte el proyecto, y no lo hemos visto ni siquiera esta mañana”.

Al respecto, afirmó que Clavijo, con el que le une una buena relación personal “y peor” política, le ha echado hoy piropos “a todos menos a la vicepresidenta”, Patricia Hernández, a la que recriminó que no ha culminado la ley de servicios sociales.

Indicó Román Rodríguez que los datos de la dependencia “son para no dormir” y los asuntos sociales “un drama, un desastre”, con un sistema sanitario “descapitalizado y desmoralizado que está perdiendo prestigio”, mientras que los datos de educación “son para echarse a correr”.

“No se han priorizado las políticas sociales porque estaban interesados en otras políticas”, aseveró Rodríguez, para quien el Gobierno regional empieza a tomar decisiones que giran peligrosamente hacia el pasado, sobre lo que apuntó que la derogación de las directrices turísticas y la ley del Suelo “nos hacen temblar”.

A su juicio, Fernando Clavijo no confía en el Gobierno de Canarias y quiere ceder todo el poder a cabildos y ayuntamientos, en una renuncia a gobernar las siete islas.

 


Claves de la intervención de Román Rodríguez

Canarias padece una realidad social sangrante e inaceptable.

Canarias es la tercera comunidad del Estado en porcentaje de desempleados, solo por detrás de Andalucía y Extremadura.Captura de pantalla 2016-03-29 a las 21.00.48

Según los datos de la última EPA, son 297.100 las personas desempleadas en Canarias, un 26,75% de la población activa, frente al 20,9% estatal. Con 813.300 ocupados, es decir, 87.000 menos que en 2007 (donde se alcanzaron los 900.000 ocupados).

La EPA eleva los parados de larga duración hasta los 183.500 (el 61,7% de los total desempleados) y los hogares con todos los miembros en paro superarían los 102.000 (el 16% de los hogares canarios).

Y, según los datos de paro registrado, más del 51% de los desempleados registrados no cobran ningún tipo de prestación, cuatro puntos porcentuales por encima del Estado. Que se eleva al 57,7 % (171.300 parados) si tomamos como referencia el número de parados de la EPA.

Según los datos de paro registrado, hay 141.000 hombres y mujeres de Canarias que no cobran ningún tipo de prestación.

Sangrantes, también, son los indicadores cuando hablamos de jóvenes menores de 25 años, que alcanza al 48,87% de desempleo.

Lamentablemente asistimos a un escenario desconocido hasta hace bien poco, en el que miles de personas no volverán a trabajar nunca más.

Aunque el empleo mejora lentamente, nos encontramos ante un panorama de precariedad y de explotación laboral: contratos parciales, a media jornada, contratos por dos horas semanales, cuando en la práctica trabajan de ocho a 10 horas diarias.

A lo que se suman las lamentables condiciones laborales de muchos colectivos.

Uno de los que ha alcanzado mayor notoriedad, en los últimos meses, es el de las camareras de piso. Jornadas larguísimas y con una carga de trabajo que duplica, en algunos casos, lo recomendado desde el punto de vista de salud laboral.

A pesar de las reiteradas llamadas de los grupos que integran este Parlamento no se hace lo suficiente para intervenir y acabar con estos casos que nos alejan de los derechos laborales y nos acercan a la más dura explotación laboral.

En salarios, además, Canarias se encuentra a la cola estatal(solo mejor que Extremadura).

Los trabajadores y las trabajadoras del Archipiélago cobran un 15,5% menos que la media estatal, lo que supone unos 3.530 euros menos anuales.

Servicios sociales, sanidad, educación y vivienda

Nos encontramos, asimismo, ante un panorama en el que han aumentado las desigualdades, sin que se produzca la respuesta necesaria por parte de los poderes públicos.

La situación de desempleo y pobreza en las islas exige una mayor atención de los poderes públicos.

Sin embargo, la respuesta es claramente insuficiente, con un enorme fracaso en las políticas sociales y un retroceso significativo de los servicios públicos.

Estamos hablando de una comunidad con más de 48.000 hogares sin ingresos y la Prestación Canaria de Inserción (PCI) sólo cubre a una cuarta parte de los mismos.

A lo que se añaden las escandalosas cifras de pobreza infantil, (con un tercio de la población de cero a 17 años en riesgo de pobreza o de exclusión social), lo que lastra el presente y el futuro de decenas de miles de niños y niñas.

Por ello, reiteramos la necesidad de un plan canario contra la pobreza, consensuado con las fuerzas políticas y las organizaciones sociales, que debe incidir inicialmente sobre los más de 48.000 hogares canarios que no perciben ningún ingreso.

Plantemos, en este sentido, la aprobación de una renta básica para estas familias, con políticas coordinadas y recursos económicos de Canarias, del Estado y de las prestaciones del sistema de Seguridad Social.

Además, no es razonable que, en la Prestación Canaria de Inserción, la media de respuesta se encuentre en unos 400 días, cuando se trata de ayudas básicas urgentes.

Pequeño incremento presupuestario para 2016 que apenas impacta. Es tan grave el punto de partida y la realidad de la pobreza y la exclusión social, que se necesitan acciones y dotaciones mucho más profundas.

Retrasos en la dependencia: ustedes, el Gobierno de Canarias, reconocen que el tiempo promedio de resolución de los expedientes, calculado sobre las resoluciones firmadas en 2015, fue de 1.237 días.

Es decir, que desde que se hace la solicitud y hasta que se recibe la ayuda transcurren tres años y cuatro meses.

En Canarias hay 16.141 personas con derecho a prestación que no la reciben. Es decir, el 53,80% de los que tienen reconocido el derecho no la perciben.

Es, además, la comunidad con menor porcentaje de beneficiarios con respecto a la población.

Consideramos que resulta imprescindible actuar con urgencia sobre la población más desfavorecida y excluida a través de un incremento sustancial de las partidas de emergencia social.

Retraso en la aprobación de la nueva Ley de Servicios Sociales. Usted presidente del Gobierno (Fernando Clavijo) se comprometió a que estuviera en el pasado mes de diciembre.

Hay que recordar que la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, calificó de “irrelevantes” nuestros servicios sociales.

Y que el Diputado del Común destaca que el 30% de las denuncias que recibe se refieren a este ámbito.

Canarias es de las comunidades autónomas con más incidencia de casos de violencia de género. En este ámbito todos los esfuerzos son pocos para combatir una situación que daña la dignidad, la libertad y la vida de muchas mujeres. Canarias debe actuar con recursos y sumarse al pacto de Estado contra la violencia de género que defiende buena parte del arco parlamentario.

Respecto a la vivienda, poco o nada nuevo bajo el sol. Se han frenado los lanzamientos hipotecarios en 2015 pero han seguido incrementándose los desahucios por impago de alquileres.

Se trata de un asunto en el que la comunidad canaria cuenta con competencias exclusivas.

Y hay que decirlo con claridad: desde el comienzo de la crisis y hasta la actualidad no han hecho absolutamente nada. Ni han sido capaces de hacer nuevas viviendas ni han logrado adoptar medidas para frenar los desahucios.

En Canarias hay decenas de familias que demandan una vivienda.

Exigimos la puesta en marcha de la anunciada Oficina de Intermediación Hipotecaria y de Defensa del Derecho a la Vivienda. Ocho meses después de ser anunciada su creación se encuentra aún en la fase de diseño.

Lamentable también es que Canarias no disponga, en este momento, de un plan canario de vivienda, el último es el de 2009-2012.

Y que no se haya destinado financiación a adquisición o construcción de nueva vivienda.

Nos preocupa también la demora en la resolución de los beneficiarios de las subvenciones del programa de ayuda al alquiler de viviendas.

Y la situación de incertidumbre de muchos de los jóvenes que accedieron a la Hipoteca Joven Canaria que, a día de hoy, no tienen claro cuándo y cómo la cobrarán.

Por tanto, creemos que es el momento de la concreción, de la puesta en marcha de planes de vivienda, construida o comprada, para resolver el problema que tienen las decenas de miles de familias que demandan este derecho básico.

La sanidad continúa descapitalizada

Afectada, sin duda, por los recortes sufridos por este gran servicio público. Pero también por graves problemas de planificación y gestión. Con la necesidad de contar con planes de urgencias, de infraestructuras y de equipamientos financiados.

El informe de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública coloca a nuestra sanidad en el último lugar del Estado español.

Con asuntos prioritarios, como las listas de espera y las urgencias. Dos de los dos grandes problemas de la sanidad canaria. Con más de 86.000 personas en listas de espera, de las que 31.193 son quirúrgicas, 22.604, de especialidades; y 32.560, de pruebas complementarias.

Para superar esa situación se necesitan planes con ficha financiera, no solo buena voluntad.

Incumplimiento de la Ley Canaria de Educación: en lugar de acercarnos al porcentaje de inversión que establece la ley, nos alejamos. Así ya sucedió con las cuentas públicas canarias de 2015 y 2016.

Exigimos el cumplimiento de esta norma aprobada por la mayoría del Parlamento en la anterior legislatura.

Se abandonan las escuelas infantiles, con nula aportación del Gobierno canario mientras seguimos estancados en enseñanza de idiomas.

En Formación Profesional, el acercamiento y las loas al modelo vasco no se concretan en la práctica. Además se mantienen los retrasos en las infraestructuras, con la presencia aún de barracones en varios municipios de las islas.

Antes que, como nos tememos, se gaste en farolas y aparcamientos. Primero, las personas y sus problemas.

Los servicios sociales, la educación, la sanidad y la vivienda no son responsabilidad de Bruselas ni de Madrid.

Corresponde a este Gobierno transformar su actual fracaso, caracterizado por la falta de recursos así como por la mala organización y gestión de los servicios.

Considero que a estos temas que afectan a las personas deben dirigirse los recursos disponibles. Desde el principio hemos señalado que esos recursos adicionales del IGTE deberían destinarse, al menos en un 50%, a educación, sanidad y dependencia. El resto a obra pública: carreteras, etc.

Políticas Económicas, fiscales y sectoriales (cambio de modelo productivo)

Para modificar la situación de Canarias es imprescindible un giro en las políticas económicas y fiscales.

En nuestra crítica al presupuesto de Canarias para 2016 señalábamos que:

– Entre 2012 y 2014 se dejaron de gastar, nada menos, que 280 millones de euros. Con dos graves consecuencias. En primer lugar, dejar de financiar adecuadamente los servicios públicos. Y en segundo lugar, no hemos consolidado esos 280 millones de gasto de la comunidad, que computarían a efectos de ampliar la capacidad de gasto en el proyecto presupuestario para 2016 a la hora de aplicar la regla de gasto.

– Ahora la única manera que nos queda de sortear los límites de la regla de gasto pasa por aumentar los ingresos. Y eso ustedes tampoco lo hacen. No hacen nada (salvo el incremento del impuesto al tabaco) para aumentar los ingresos. Al contrario, eliminan, sin distinguir entre ricos y pobres, el Impuesto de Sucesiones.

– Podían haber tocado el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Aprendiendo, por ejemplo, de lo que hace Andalucía, dondehasta 400.000 euros se aplica un 8%; entre 400.001 y 700.000 euros, un 9% y por encima de 700.001 euros se aplica un 10%.

– Se puede subir, como proponemos, los tipos incrementadosdel Impuesto General Indirecto de Canarias (IGIC), que corresponden a consumos no básicos.

En definitiva, no se puede continuar aplicando las mismas y fracasadas políticas que reproducen nuestra pobreza y dependencia. Como sucedió con esos continuistas presupuestos para el presente año.

No se hizo casi nada por el imprescindible aumento de los ingresos, clave para afrontar las grandes desigualdades que padece la sociedad canaria, mejorar el bienestar de su gente y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos.

Para ello son elementos sustanciales la imprescindible reforma de la financiación autonómica, la persecución del fraude y el incremento selectivo de impuestos.

Esta Cámara hizo lo contrario, eliminó el de Patrimonio y se negó a debatir la tasa turística.

Pese a los discursos de cambio del modelo económico, el fracaso es completo en Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i), con ocho millones de euros menos que en 2015, según sus propios datos. Y pretenden, encima, cargarse el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC).

En el ámbito energético, a pesar del desbloqueo de la eólica después de una década, el Gobierno y quienes le apoyan siguen empeñados en desarrollar unas Directrices de Ordenación Sectorial de la Energía (DOSE) que insisten en el gas y añaden la biomasa.

Es decir, contaminación y dependencia del exterior, en lugar de apostar por las energías renovables, para las que tenemos las mejores condiciones mundiales.

Planteamos la retirada de la DOSE, la realización de una auditoría energética y un pacto por la energía. 

Agricultura

– Ordenación y defensa del suelo agrario con los instrumentos de planeamiento necesarios.

– Favorecer la regularización de las explotaciones ganaderas existentes. De las 966 solicitudes realizadas desde el año 2009 sólo se han podido regularizar 266, con el agravante de que desde el año 2013 no se ha regularizado ninguna.

– Cumplimiento completo de la aportación canaria al Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Posei) adicional. Compromiso y agilización del pago de las subvenciones del Posei -ayudas del Estado no abonadas íntegramente, especialmente las correspondiente al año 2011 que se adeudan en su integridad al sector del tomate, ganadero y la viticultura.

– Favorecer el incremento del autoabastecimiento mediante modulaciones progresivas de las ayudas del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) a productos competidores con producción local, haciéndolo compatible con el abastecimiento de la población a precios razonables.

– Apoyo decidido al sector del tomate mediante la elaboración, financiación y puesta en marcha de un nuevo Plan Estratégico del Tomate de Exportación, buscando la colaboración del Estado y de la Comisión Europea.

– Mejora de los procesos de comercialización de la producción local para poder vender a precios razonables.

– Agilización de los trámites para la puesta en marcha del registro de titularidad compartida de las explotaciones agrarias, a fin de incorporar a las mujeres a la propiedad de las explotaciones, tras toda una vida trabajando en esa actividad.

– Exigencia al Gobierno central para reasignar, de forma inmediata, más cuota de pesca de atún rojo para los pescadores a que se proceda una reasignación inmediata de más cuota de pesca de atún rojo para los pescadores canarios.

 Industria

Poner en marcha las actuaciones del Plan de Acción de la Estrategia de Desarrollo Industrial (EDIC) 2016-2020 (en el marco de la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias 2009-2020 aprobada por el Parlamento de Canaria en junio de 2009), anunciado por la Consejería. El crédito asignado para esta tarea y, en general para la atención al impulso del sector industrial en los presupuestos canarios para 2016, son muy insuficientes.

La EDIC plantea unos ambiciosos retos, entre otros, duplicar el producto Interior Bruto (PIB) industrial; conseguir que al menos el 10 % del tejido industrial canario sea de base tecnológica; lograr que el compromiso de inversión empresarial en Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) alcance el 35 % del gasto global que realiza Canarias en este ámbito.

El Gobierno debe agilizar el desarrollo de los tres parques tecnológicos previstos (en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura) y favorecer la emprendeduría de base tecnológica e innovadora con instrumentos públicos de financiación para el apoyo inicial. También debe poner a disposición de los emprendedores suelo industrial barato y cualificado.

 Turismo

El turismo es lo que mejor ha funcionado, con 15.369 millones de euros de ingresos en 2015 frente a los 10.500 millones de euros en 2007, según el Instituto Canario de Estadística (Istac), suponiendo un incremento de la facturación del 46,4% respecto a 2007 pero solo un aumento del 9,3% de empleo, en el mismo período. en hostelería y agencias de viajes.

En el turismo, se hace necesario una regulación de los ritmos de crecimiento frente a la barra libre que pretende el Gobierno.

Nuestro modelo debe ser otro. El de un turismo sostenible, aliado del territorio y del medioambiente. Se trata de elevar la calidad y el gasto que los turistas realizan para generar más empleo, estable y de calidad y mejorar, también, la relación entre la facturación que se hace en origen y en destino. En Canarias es ya del 70% en los países de origen y sólo del 30% en nuestra tierra.

Apostando decididamente por la renovación, que pretende abandonarse.

Y por la regulación de la oferta alojativa irregular.

Y poner en marcha la tasa turística que puede contribuir a la mejora de la competitividad del destino. Mediante la renovación de las ciudades turísticas obsoletas así como la formación de sus profesionales, la protección del patrimonio medioambiental y la promoción exterior. Calculamos que generaría unos 100 millones de euros anuales para estos u otros fines.

Ya la tienen implantada dos de las grandes potencias turísticas españolas- Cataluña y Baleares- que suponen la mitad de los turistas que visitan España.

 Territorio y medio ambiente

En las últimas legislaturas han roto con una buena práctica de este Parlamento: la aprobación por amplio consenso, en la mayoría de los casos por unanimidad, las leyes que atañen al territorio y a la protección del medioambiente. Así sucedió con la Ley de Espacios Naturales de 1984 y con la Ley del Territorio de 1998.

Frente a su empeño en desregular, defendemos un gran pacto por el territorio y el medio ambiente.

Así como la aprobación de una ley de biodiversidad.

Somos críticos con el anteproyecto de Ley del Suelo que pretende aprobar su Ejecutivo. Por varias razones.

En primer lugar, por su modo de elaboración, en los despachos. Cuando correspondía hacerlo con la máxima participación y el máximo debate político y social.

En segundo lugar, porque cambia el modelo haciendo dejación de las competencias de la Comunidad Autónoma respecto a la ordenación del territorio y de que sus determinaciones sean de obligado cumplimiento para cabildos y ayuntamientos. Por eso se deroga el proyecto común al cargarse el 90% de las directrices. Se traslada el control de legalidad de los organismos gubernamentales a las instancias judiciales.

En tercer lugar, porque consagra el urbanismo de proyecto frente al de planificación, lo que significa que se prioriza la realización de cualquier tipo de proyecto sin tener en cuenta las determinaciones de los planes de ordenación para el suelo en el que se pretende ubicar.

Y, en cuarto lugar, porque concentra el poder en el ámbito local, pese a las debilidades administrativas que tienen muchas corporaciones. Con este anteproyecto, cada municipio se gobernará por su cuenta, se judicializará más la relación entre las administraciones públicas y con los sectores privados y los ayuntamientos tendrán que asumir en solitario las responsabilidades patrimoniales y penales derivadas de las decisiones judiciales.

A este texto legislativo se añade el anteproyecto de reforma de la Ley de Renovación y Modernización Turística, también en tramitación, que pretende eliminar cualquier tipo de limitación al crecimiento.

Consideramos que la nueva ley turística responde a los intereses de los sectores más conservadores, instaurando la barra libre al eliminar todo límite sobre suelo clasificado, lo que permite un crecimiento exponencial de nuevas camas.

Este Gobierno está haciendo lo que anhelaban las patronales canarias y Soria (José Manuel, presidente del PP canario y ministro) en materia territorial y turística, lo está concretando.

Lo quiero dejar bien claro. No vamos a apoyar, de ningún modo, modificaciones legales que pongan el territorio y el medio ambiente al servicio de los mercados, que pongan a Canarias en venta.

 Agenda canaria

Defendemos el desarrollo de la agenda canaria que pactamos en las elecciones del pasado mes de diciembre con el PSOE.

En ella son elementos sustanciales:

– La aprobación de los aspectos económicos del Régimen Económico y Fiscal (REF) en tramitación.

– El cumplimiento del REF actual en todos sus términos, entre otros, en las políticas de subvenciones al transportes aéreo y marítimo, que sirven para compensar el hecho insular, así como la reducción de las tasas en los puertos y aeropuertos para favorecer la conectividad.

– La reforma de la injusta financiación autonómica para colocarnos en la media de las comunidades autónomas de régimen común, para poder garantizar los servicios públicos.

Desde su aprobación en 2009 ha causado un gran daño a Canarias, cuantificado en unos 600 millones de euros al año por debajo de la media de las autonomías de régimen común, lo que ha lastrado el funcionamiento de los servicios públicos: la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Hay que buscar la unidad de la sociedad canaria.

Tenemos tres escollos:

  • Que los recursos fiscales del REF no contabilicen en la financiación.
  • La corresponsabilidad fiscal/diferencial fiscal.
  • El destino de los recursos del IGTE.

– Aunque el Tribunal Supremo niega la paralización del proceso de privatización de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), abre las puertas a que Canarias solicite la gestión de sus aeropuertos una vez concluido el mismo. Para alcanzar ese objetivo cabe recurrir, en primer lugar, a la vía de la política. Solicitando al Gobierno estatal que cumpla con el artículo 33.13 del Estatuto para que Canarias pueda ejercer la dirección de esas infraestructuras esenciales. Algo que considero imposible mientras el PP se mantenga al frente del Ejecutivo estatal. Sólo un Gobierno de cambio, de distinto signo y talante, posibilitaría afrontarlo con garantías de éxito.

Queda, asimismo, la vía judicial. Si en la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Canarias no se accede a la justificada petición de nuestra comunidad, Canarias puede y debe reclamar ante el Tribunal Constitucional que se cumplan las previsiones estatutarias y que, dado que el Estado ha dejado de gestionar directamente los aeropuertos al vender el 49% de AENA, estos puedan ser gestionados desde el Archipiélago.

La gestión de los aeródromos deber estar orientada hacia el interés general y no puesta al servicio del negocio privado y la búsqueda del mayor margen de beneficios. Desde NC, como hicimos en la pasada legislatura, apoyaremos al Gobierno de Canarias en las medidas a adoptar para que los aeropuertos canarios puedan ser dirigidos desde nuestra tierra, contribuyendo a que desarrollen, en las mejores condiciones, su importante papel a favor de la cohesión territorial, económica y social de las islas.

– La reforma constitucional para el blindaje del REF y el reconocimiento en la Carta Magna de la condición de Región Ultraperiférica (RUP).

– El incremento del autogobierno y el avance hacia un Estado de naturaleza federal que respete las distintas peculiaridades de los diferentes territorios, entre ellos, de manera destacada las de Canarias, que cuenta con hechos diferenciales únicos por su ultraperificidad, reconocida por la Unión Europea.

 Conclusión

  • La situación de Canarias es muy grave.
  • Los datos de empleo y pobreza son absolutamente inaceptables.
  • Las desigualdades sociales no hacen sino crecer.
  • Los servicios públicos se deterioran y concitan las principales quejas ciudadanas.
  • Para usted los problemas de la gente no constituyen una prioridad.
  • Dice usted que la educación y el conjunto de los servicios públicos “no son productivos”. Enorme error de no menos graves consecuencias.
  • La situación actual no se soluciona si no se aumentan los ingresos públicos y se cambian las prioridades.
  • Carecen ustedes de un modelo para Canarias. Ayer centralizador, hoy en el extremo opuesto. Ayer hablaban de crecimiento turístico solo a través de la renovación y hoy hablan de crecimiento turístico solo a través de la construcción de nueva planta alojativa y sin límites.
  • Y ponen Canarias en venta.
  • Tenemos algunos acuerdos. Por ejemplo, en lo que hace referencia a la agenda canaria con el Estado, especialmente en financiación autonómica.
  • Por ello, no es extraño que las mejoras que se produzcan en Canarias vengan, casi exclusivamente, como resultado de elementos externos.
  • Mientras que los grandes problemas de las Islas, sobre los que tienen competencias y capacidad de actuar, continúen estancados y sin perspectivas de solución a corto o medio plazo.