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PGE 2017: derechos, equidad y servicios públicos

Roman_Rodriguez

Román Rodríguez, portavoz parlamentario y presidente de Nueva Canarias.

En Nueva Canarias (NC) diferenciamos perfectamente entre investidura y legislatura. Leales a nuestros planteamientos políticos, a nuestros compromisos con nuestra gente y con nuestro aliado en los comicios de diciembre de 2015 y junio de 2016, apoyamos la investidura de Pedro Sánchez y sus 200 medidas regeneracionistas y progresistas. Asimismo, votamos no, en las dos ocasiones, a la investidura de Mariano Rajoy. Si el PP está al frente del Ejecutivo no lo es por nuestro apoyo. Fueron otros los que impidieron un Gobierno de cambio.

Pero una vez en marcha la legislatura tomamos, como corresponde, decisiones en cada una de las leyes que se debaten en las Cortes Generales; lo hacemos en Canarias y en Madrid. Por eso, aunque nos parecía insuficiente, apoyamos la subida del salario mínimo, para mejorar la situación de los trabajadores y trabajadoras en peores condiciones. También la eliminación de incentivos y bonificaciones al impuesto de sociedades, lo que ha permitido recaudar en 2017 más de 5.000 millones de euros para los servicios públicos. Por el contrario, votamos no, en dos ocasiones, al decreto de desmantelamiento de la estiba.

Sucederá igual en el futuro con otras decisiones en las Cortes Generales. Iremos ley a ley. Apoyaremos una norma educativa con respaldo del sector y que sustituya a la conservadora Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). Insistiremos en la necesidad de derogar la reforma laboral y recuperar la negociación colectiva y los derechos laborales. Trabajaremos por una reforma federal del Estado que permita un armonioso encaje territorial desde el respeto a las especificidades y a la plurinacionalidad.

Esa manera de actuar es lo que hemos hecho con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para lo que queda de 2017. Apoyando unas cuentas públicas que benefician notablemente a Canarias, una de las comunidades con mayores problemas (25,7% de desempleo, 35% de la población en riesgo de pobreza, 52% de paro juvenil, deterioro de los servicios públicos…).

No había ninguna alternativa, salvo la prórroga de las cuentas de 2016, tremendamente lesivas para Canarias y el conjunto del Estado.

Con la ley de presupuestos, Canarias dispondrá de 750 millones de euros más. El conjunto de las comunidades autónomas percibirán 5.000 millones de euros adicionales (de los que 200 millones de euros vendrán para Canarias). Mientras que los ayuntamientos podrán dedicar parte de su superávit a inversión.

Recursos del REF

El eje vertebrador de estos PGE para las islas va mucho más allá del ejercicio presupuestario. Pasa, esencialmente, por incorporar a la ley económica del REF los contenidos fundamentales en materia de conectividad y de ayudas al sector primario, convirtiéndolas en derechos permanentes. Es el caso de la mejora de la movilidad. Aunque en la meseta a algunos les cueste comprenderlo, las conexiones aéreas y marítimas interinsulares son cinco veces más caras que las que se efectúan en territorio continental. Eso había, por equidad, que corregirlo. Hemos logrado aumentar las bonificaciones del 50% al 75% en el transporte aéreo; y extender ese descuento del 75% a las comunicaciones marítimas.

Además, en las mercancías, conforme a la legislación existente, tanto entre las islas como entre estas y la Península, se pasa del 70% al 100% de bonificación, lo que beneficiará a las empresas agrícolas y a los productos industriales hechos en Canarias, y debe influir positivamente en la cesta de la compra.

Lo más importante es que no se trata de un acuerdo puntual para un ejercicio presupuestario. Sino que esos contenidos, como decía, se trasladen al texto del REF en tramitación, lo que permitirá consolidar estas medidas como un derecho para la ciudadanía y las empresas del Archipiélago. Igual sucede con la financiación del cien por cien del Programa de Opciones Especificas por la lejanía y la Insularidad (Posei) adicional por parte del Estado, que favorece al tomate (que también ve como se aumenta la ayuda a la producción, de 11.000 a 15.000 euros por hectárea cultivada), al sector ganadero y al del vino. Así como mejoras respecto al transporte terrestre.

Además, hemos conseguido recursos adicionales para infraestructuras, servicios sociales, costas, infraestructuras turísticas, I+D+i y agenda digital, por un global de 140 millones de euros. Y medidas a favor de las energías renovables, entre ellas, la supresión del denominado impuesto al sol para todas las instalaciones que se registren antes del año 2023.

Estatuto y REF

Pero el acuerdo va más allá de lo estrictamente presupuestario. Por un lado, respecto a la desvinculación de los recursos del REF de la financiación autonómica, que deberá quedar fijado en el nuevo modelo que deberá estar inicialmente definido antes de que finalice el año, según el compromiso adquirido en la Conferencia de Presidentes. Por otro, el blindaje de la reforma del Estatuto de Autonomía, para que Canarias alcance los máximos niveles de autogobierno y no se repita la lamentable retirada de 2007.

Asimismo, el compromiso de reformar el sistema electoral canario, sobre la base de lo estipulado en el Pacto por la Democracia firmado por la práctica totalidad de los partidos en Canarias. Lo que permitirá que, en los comicios autonómicos de 2019, se disponga de un nuevo sistema que mejore la proporcionalidad y reduzca las actuales barreras de acceso al Parlamento canario.

El acuerdo con el Gobierno estatal responde, en definitiva, a las necesidades de esta tierra y de su gente. Como consecuencia inmediata, el Parlamento de Canarias tendrá que aprobar, el próximo mes de julio, una ley de crédito extraordinaria para incorporar más de 400 millones de euros que, en nuestra opinión, deben destinarse a sanidad, educación y servicios sociales.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2017 inyectarán a la sociedad canaria unos 750 millones de euros. Se trata de un excelente acuerdo destinado a defender a Canarias, a mejorar los recursos de sus servicios públicos, a consolidar derechos de sus ciudadanos y ciudadanas; a apoyar al sector primario, a los productos elaborados en Canarias y a las energías renovables, a incrementar la capacidad de decisión de nuestra comunidad y a elevar su calidad democrática.