¿Qué democracia? (A propósito de “el procés”)

Santiago Pérez, concejal de La Laguna Por Tenerife – Nueva Canarias.

Puigdemont: ¿sólo malversación?

¿Se persigue en España a las personas por sus ideas políticas? En mi opinión, no.
No hay sistema político -y menos debe haber en los que pretenden fundarse en los principios democráticos y en el respeto a los derechos fundamentales- ni ordenamiento jurídico que no reaccionen contra cualquier estrategia para atacar las decisiones políticas fundamentales en que se asienta e implantar -por la vía de los hechos- un nuevo orden: en este caso el de un Estado catalán independiente, quebrando la unidad de España como comunidad política.
La estrategia de las fuerzas independentistas (el procés) para proclamar e instaurar la República catalana al margen del orden constitucional fundado en 1978 se fue ejecutando paso a paso. Primero fue convertir las elecciones al Parlament en un referéndum. Ese propósito tiene perfecta cabida en una sociedad democrática, siempre que el objetivo sea meramente político: obtener con todas las garantías de un proceso electoral un pronunciamiento del pueblo catalán.
Con dicho pronunciamiento, de haber sido favorable (que no lo fue), los dirigentes del procés tendrían que haber iniciado una negociación y una presión legítimas, conscientes de que la independencia sólo podría ser el resultado de un proceso difícil y, seguramente, largo. Pero había demasiadas prisas: porque los efectos de la Crisis, de los recortes despiadadamente llevados por los gobiernos de España y de la Generalitat y de su traducción demagógica en “España nos roba”, no iban a seguir indefinidamente sirviendo de fuelle del malestar social que la Independencia estaba llamada a resolver.
Sin embargo, desde esta primera etapa empezaron las trampas. Un referéndum tiene sus propias reglas: contar síes y noes, contabilizando como síes los votos a las candidaturas explícitamente independentistas. Y el resultado no respondió a las expectativas de éstas.
Para salir del paso, reinventaron las reglas sobre la marcha y pretendieron adjudicarse la victoria del sí  después de una jornada de desconcierto -recuérdese el reconocimiento por la CUP de la derrota-, a base de pasar los resultados de lo que debió ser un referéndum por la zaranda de la distribución de escaños regulada por la  legislación electoral al Parlament y sustituir la derrota del sí en referéndum por la victoria por  mayoría absoluta de escaños de los independentistas y sus aliados. Como si tal cosa.
Lo que ha venido después no resiste los más elementales test de legitimidad de una democracia constitucional.
El Gobierno de Cataluña y su  mayoría parlamentaria cambiaron unilateralmente las reglas de juego -para modificar el Reglamento parlamentario, aprobar las leyes de la transición, organizar el 1-O…-, quebrantaron los derechos de los grupos de la oposición, convocaron al electorado sin las más elementales garantías, desobedecieron los pronunciamientos del Tribunal Constitucional e instrumentaron los medios informativos de titularidad pública y la Policía autonómica para desembocar en la  Declaración de Independencia. Que no podía tener efectos jurídicos en el marco constitucional -ni los pretendía-, porque de lo que se trataba era de proclamar e instaurar un nuevo Estado y un nuevo orden constitucional: el de la República catalana.
Y, como remarcaba Carl Smith, “una Constitución no se pone en vigor según reglas superiores a ella”…”es enteramente imposible aplicar a una nueva Constitución la medida de si ha sido aprobada bajo el patrón de anteriores reglas  y formalidades legal-constitucionales”.
Si la ejecución de la hoja de ruta descrita en documentos como Enfocats o Programa 2000 -que llegado el momento de la Declaración empezaba a seguir las pautas de un levantamiento popular de tipo clásico- merece ser calificada jurídicamente de rebelión, de sedición, o de de simple defensa de las ideas, es una cuestión discutible y que requiere ser resuelta en un juicio con todas las garantías. Y en ese juicio, las dudas sobre si se utilizaron o no todos los ingredientes de la rebelión, deberán resolverse siempre a favor de los acusados.
Los ciudadanos españoles contamos, además, con el refuerzo adicional del amparo ante el Tribunal Constitucional -que no existe en otros países europeos- y, finalmente, con el recurso ante el Tribunal Europeo de derechos humanos.
Por otro lado, es evidente que los ciudadanos corrientes -o los grupos de oposición en las instituciones- no podríamos en modo alguno para “defender nuestras ideas” manejar los resortes del poder que usaron Puigdemont y sus aliados para sus ideas independentistas y su estrategia.
Ni la apelación a la resistencia popular, desde las Instituciones del poder autonómico, tiene nada que ver con la legítima defensa de las ideas.

¿Existió la violencia propia del delito de rebelión?

Si se exige, como considera el Tribunal de Schlewig Holstein, que la violencia sea eficaz para “doblegar al organismo constitucional”, no.
Pero, en mi opinión, el criterio de los jueces alemanes  parte de considerar que la violencia surge y se utiliza súbitamente y no, como la experiencia demuestra, que puede evolucionar en función de las circunstancias (espiral acción-reacción) hasta acabar desencadenándose plenamente. Y consideran también que no existe violencia al margen de una insurrección exitosa, lo que excluiría las formas de tentativa y frustración en el delito de rebelión. Ambos criterios tienen, a mi parecer, poca consistencia. Lo demuestran las propias consideraciones del Tribunal alemán al reconocer que “sí hubo violencia y responsabiliza de ella a Puigdemont”, pero “no fue suficiente para doblegar al órgano constitucional”.
¿Ha debido limitarse el Tribunal alemán a comprobar formalmente si en ambos sistemas jurídicos, alemán y español, se tipifican y sancionan penalmente  conductas similares con independencia del nombre jurídico que se dé a los delitos en los respectivos Códigos Penales?
En mi opinión, no. Creo que el Tribunal no se debe limitar a eso y debe hacer una primera valoración  (“a simple vista”) de si existe una correspondencia apreciable entre los hechos que se persiguen y los delitos que sustentan la petición de extradición, por mucha que sea la cooperación judicial entre los dos países en el ámbito de la UE. Simplemente para evitar  usos fraudulentos de la extradición, perfectamente imaginables.
Pero no ir más allá, como ha hecho el Tribunal de Schlewig Holstein, efectuando pronunciamientos de fondo propios de la sentencia y de la jurisdicción española.
Ante la decisión del Tribunal alemán, creo que a la justicia española no le cabe otra que retirar la euroorden y no renunciar a su plenitud jurisdiccional sobre estos hechos.
Opino que la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE no puede ser usada como una apelación encubierta, ni su objeto es examinar la interpretación de una norma europea ya efectuada por un tribunal estatal; sino verificar, antes de dictarse la resolución que pone fin a un proceso judicial, la conformidad o no de una norma europea o estatal (si afecta a las competencias de la UE) con los Tratados Constitutivos, o despejar las dudas razonables  que puedan plantearse sobre su interpretación o aplicación.
En el caso de que la resolución de los jueces alemanes fuera recurrida ante los propios tribunales de ese país, entonces sí cabría plantearle al Tribunal de apelación  que deba resolver el recurso (o éste promoverla por propia iniciativa) una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE sobre el margen de interpretación/aplicación  que tienen los jueces de los países que han ejecutar la euroorden de extradición.
No hay que olvidar que si a un Tribunal de un Estado de la UE, sobre cuya decisión no quepa recurso alguno, se le pide que promueva una cuestión prejudicial, éste tiene la obligación de promoverla si existe una duda razonable o pertinente sobre la interpretación de la normativa reguladora de la euroorden, a menos que se trate de algo ya “aclarado” por el Tribunal de Justicia de la UE.
Si finalmente los tribunales alemanes conceden la extradición sólo para que Puigdemont pueda ser juzgado por malversación (corrupción), aquí, en estos lares, tendríamos que acabar comparando la trascendencia política y jurídica de los acontecimientos ocurridos en Cataluña con la del Caso Las Teresitas cuyos protagonistas han sido  juzgados y condenados por malversación de caudales y prevaricación. Y eso no resiste el menor test de razonabilidad.

¿Qué democracia?

En amplios sectores de la ciudadanía de siguen sin comprenderse algunas cuestiones claves de la democracia. Por eso encuentran tanto eco proclamas como “nunca puede ser delictivo el ejercicio del voto, ni llamar a las urnas”.
Hay dos grandes formas de entender la democracia con muy hondas raíces históricas. La de signo autoritario: la democracia es el gobierno de la mayoría. Y la de origen liberal: la democracia como poder de la mayoría, pero un poder limitado por los derechos individuales y los de las minorías (políticas, étnicas, religiosas, de orientación sexual…) protegidos por la Constitución.
En sociedades como la  como la española (y la catalana) lastradas  por tantos siglos de autoritarismo y de intolerancia es muy fácil asimilar, como por inercia,  la idea de que la democracia es el poder de la mayoría y punto.
Muchas veces compruebo como personas  de izquierdas a las que me siento ligado por valores compartidos, o por haber transitado juntos largas o recientes singladuras políticas, mantienen esa idea de la democracia, semilla de tantos autoritarismos y tragedias.
Y la forma de desenvolverse de los partidarios del procés, desde el minuto cero, es característica de un democratismo autoritario incompatible con una sociedad abierta, que proclama el pluralismo político como uno de los valores superiores de su ordenamiento jurídico y, por tanto, de su sistema político y su modo de convivencia.
En un tiempo en que parece que todo involucionara hacia el establecimiento o la permanencia  de gobiernos autoritarios (Putin, Erdogan, Maduro, Al Sisi, Orban, Xi Jinping, Trump-hasta–donde–lo-dejen, Ortega…) la pregunta sobre  ¿democracia, qué democracia? es crucial.