Santa Lucía se declara Municipio Opuesto al TTIP

Aprobación en el Pleno Municipal de la Moción que declara a Santa Lucia de Tirajana como municipio opuesto al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP).

No al TTIP

EXPOSICION DE MOTIVOS

En 2013, la Comisión Europea recibió el mandato de los estados miembros de la Unión Europea (UE) de negociar con los Estados Unidos (EEUU) el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (ATCI) más conocido como TTIP por sus siglas en inglés, también conocido como Acuerdo Transatlántico de Libre Comercio (TAFTA) presuntamente con el fin de incrementar el comercio entre la UE y EEUU, reduciendo las barreras no arancelarias, con el supuesto objeto de conseguir crear empleo, crecimiento económico y mejora de la competitividad.

Desde entonces, UE y EEUU están negociando en secreto, con un intolerable déficit de transparencia y control por parte de la ciudadanía y de sus representantes políticos, parlamentos de los Estados y europeo, un amplio acuerdo de liberalización del comercio e inversiones, que representa un serio peligro para la democracia y la debida protección de los derechos en materia de sanidad y educación, del medioambiente, de nuestros derechos digitales o como consumidores, anteponiendo el interés comercial de los inversores y empresas transnacionales (ETN) al interés general.

Esta «mayor liberalización de las relaciones comerciales EE.UU-UE», tal como está concebida, implicaría una rebaja de los estándares europeos y americanos, es decir de las regulaciones que protegen al consumidor, a los trabajadores y al medioambiente, ya que se enfrentan a los beneficios de las corporaciones. De esta manera, y bajo este principio, se pondría fin al «Principio de precaución» vigente en Europa que regula la legislación sobre alimentación y derechos de los consumidores europeos.

Este acuerdo supondrá la mercantilización absoluta de nuestras vidas y el sometimiento total de la soberanía de los estados a los intereses de las grandes corporaciones, con acuerdos que se están negociando en secreto, casi nula transparencia y sin ningún control por parte de organismos públicos que representan a la ciudadanía.

El TTIP, tiene entre sus objetivos la liberalización total de los servicios públicos y la apertura de prestación de los mismos  por parte de empresas transnacionales (ETN) , así como a las compras y licitaciones de bienes y servicios de las Administraciones Públicas, lo que pone en peligro el funcionamiento de todos los servicios públicos y de las compras públicas, en todos los niveles, comprometiendo la facultad de los representantes elegidos para administrar libremente sus comunidades locales y promocionar la industria, el empleo y las iniciativas locales.

Pero, sobre todo, el TTIP, ignora cualquier legislación nacional o local en materia de inversiones. Al introducir la cláusula ISDS de solución de controversias Inversionistas­Estado, que permite a las grandes corporaciones llevar a los gobiernos (local, regional, estatal) ante tribunales privados en caso de que se perjudiquen los intereses y beneficios que estimen de manera subjetiva, lo que limita todavía más la capacidad de las Administraciones Públicas para aplicar leyes en las áreas de salud pública, de medioambiente y protección social.

De este modo, las leyes del comercio priman sobre cualquier otra consideración social, e ignoran la legislación estatal, autonómica o local, de tal forma que los ayuntamientos y las comunidades locales se encuentran totalmente sometidos por este tipo de ajustes estructurales restrictivos. Si las negociaciones sobre el TTIP siguen adelante, la lógica impuesta por este tratado llevaría al desmantelamiento de los servicios públicos, así como a la pérdida de libertad de los poderes locales para suministrar los servicios necesarios que permitan satisfacer las necesidades sociales de sus poblaciones y la promoción de políticas de fomento de la actividad industrial y del empleo local.

La aprobación del TTIP contribuiría, en el caso del Estado Español, a la planificada ofensiva del neoliberalismo conservador de desmantelamiento de los municipios, que bajo el nombre de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local el Gobierno del Estado, pretende tres objetivos básicos:

  • Restringir la democracia y autonomía local.
  • La supresión de competencias y servicios públicos locales.
  • La total privatización de los servicios municipales.

Los gobiernos regionales dentro de la UE tienen el derecho a ser informados sobre la legislación que va a ser acordada a nivel europeo y que les afecta, así como a las corporaciones locales y comunidades autónomas de los territorios del Estado Español, para que así puedan expresar sus opiniones. Ese derecho no se ha facilitado hasta ahora a las distintas regiones y corporaciones locales europeas respecto a las negociaciones que se vienen produciendo con relación al TTIP.

EEUU y la UE intentan incluir en el TTIP medidas para la protección de los inversores. En el caso de presentarse conflictos por parte de dicho colectivo con el Estado, una Comisión de Arbitraje sería quien se encargue de resolverlos, la denominada «Investor-to­State Dispute Settlement» (ISDS). Este órgano tendría competencias para establecer compensaciones económicas de los Estados a los inversores siempre que estos demuestren que aquellos aplican ciertas medidas, tales como el aumento en estándares de la protección del medio ambiente o que reduzcan los beneficios futuros que una compañía conciba que debería obtener. El Estado en este caso puede recurrir judicialmente la decisión y le pueden dar la razón, pero le va a suponer unos costes procesales muy elevados. Además, las decisiones de los órganos de arbitraje son firmes y no pueden ser apeladas.

Cualquier clase de acuerdo, incluyendo la contratación pública debe conducir a aumentar las garantías y no a reducirlas. Ese acuerdo no debe a su vez poner en peligro los aspectos progresivos de la ley de contratación pública de la UE, especialmente los que facilitan el desarrollo regional y local. Estos aspectos son importantes ya que permiten que se realicen las contrataciones públicas teniendo no solo en cuenta el precio sino también otros aspectos como los medioambientales y los sociales, hecho que con este Tratado estaría totalmente cuestionado.

El TTIP, al perseguir la liberalización total de los servicios públicos y la apertura de prestación de los mismos a las empresas transnacionales (ETN), así como a las compras y licitaciones de bienes y servicios de las Administraciones Públicas, pone en peligro todos los servicios públicos y las compras públicas, en todos los niveles de poder, y compromete la facultad de los representantes elegidos para administrar libremente sus comunidades locales y promocionar la actividad industrial, el empleo y las iniciativas locales.

Es evidente que hay que reconocer la importancia del comercio de mercancías y de servicios para el bienestar de la ciudadanía. Sin embargo, la competitividad y el desarrollo económico no deberían ser los únicos criterios para determinar los acuerdos comerciales tales como el TTIP. Asimismo, los aspectos ecológicos y sociales tienen que ser considerados en cualquier negociación comercial bilateral. También es importante que se realice un análisis comparativo sobre los costes que se generarían en estos ámbitos con la aplicación del tratado respecto a las supuestas ventajas que reportaría el mismo. Este análisis no solo debe implicar sus efectos económicos potenciales, sino también los impactos que el TTIP podría tener en ámbitos como el social, el económico, el sanitario, el cultural y el medioambiental, tanto en la UE como en los EEUU y de forma especial en Canarias por especial conformación de territorios insulares.

Los municipios de Canarias, deben estar cerca de las necesidades de sus pueblos, tienen el deber de injerencia respecto a lo que trama el TTIP, y un deber de respuesta, si no quieren verse acusados de no ayudar a su población. Están obligados a proteger los derechos sociales, económicos y ambientales y a hacer frente a los peligros y exigencias que quiere imponer el TTIP aplicando e imponiendo prácticas hoy prohibidas por las leyes europeas. Cabe mencionar entre ellas la producción de productos químicos y farmacéuticos no testados científicamente; la aceptación de alimentos modificados genéticamente, el consumo de carne de ternera y de cerdo tratados con hormonas, el pollo esterilizado con cloro o la extracción de gas por medio del «fracking».

Los municipios de Canarias tienen que ampliar el debate público y democrático sobre Jo que está verdaderamente en juego tras este Tratado y la suerte que correrán los servicios y compras de carácter público.

Por todo ello el Pleno del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana adopta los siguientes acuerdos:

ACUERDOS

1.- Declarar al municipio de Santa Lucía de Tirajana, como Municipio opuesto al TTIP, el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, en defensa de los servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social. Nos oponemos a una rebaja aún mayor de derechos y a la implementación de más privatizaciones para la ciudadanía. Nos oponemos a la eliminación de las barreras al comercio para crear un gran mercado que solo beneficia a las grandes empresas, barreras que regulan y protegen nuestros derechos sociales y ambientales.

2.- Denunciar la falta de transparencia de unas negociaciones y acuerdos que han llevado en secreto desde junio de 2013 la Comisión Europea, el Gobierno estadounidense y los grandes lobbies empresariales que se reúnen a espaldas de la sociedad para negociar las condiciones del tratado. Exigimos que se hagan públicos todos los documentos de la negociación para permitir un debate público abierto y crítico sobre el TTIP y el CETA, Tratado de Libre Comercio entre la UE y Canadá.

3.- Declarar un no rotundo al ISDS, mecanismo de resolución de disputas entre inversores extranjeros y Estados. Nos oponemos a estos mecanismos de solución de diferencias entre el Estado y el inversor y mantenemos con firmeza la soberanía de nuestras sociedades y de nuestros pueblos para la toma de decisiones en la defensa y mejora del interés público y del bien común por encima de los intereses privados. Intereses que pretenden implantar un mecanismo que permita a las multinacionales denunciar a los Estados cuando sus regulaciones les perjudican; en definitiva, ser juez y parte.

4.- Declarar un no rotundo al Consejo de Cooperación Regulatoria; ya que toda regulación de las operaciones comerciales, las condiciones del comercio y el establecimiento de estándares de producción deben estar en manos de los órganos y procesos controlados democráticamente. Frente a los programas neoliberales, la Unión Europea y los Estados miembros deben oponer su propia agenda exterior, basada en la cooperación entre países, la ayuda al desarrollo y el respeto estricto de los derechos humanos y laborales. Los lobbies quieren una institución transnacional muy alejada del control democrático y que actúe fuera de la lógica parlamentaria: en definitiva, un poder «legislativo» supranacional, una barra libre para los poderes económicos.

5.- Declarar un no rotundo a la pretensión de desregulación y a la rebaja de los estándares de protección y al servicio del interés público. El nivel de las normas sociales y laborales, de los consumidores y de la salud pública, la protección del medio ambiente, incluyendo la regeneración de nuestros recursos naturales, el bienestar animal, las normas sanitarias de los alimentos y las prácticas agrícolas ambientalmente sostenibles, el acceso a la información y al etiquetado, la cultura y la medicina, la regulación del mercado financiero, así como la protección de datos y otros derechos digitales se deben mejorar, y no «armonizar» hasta el más bajo común denominador. El reconocimiento mutuo de estándares no es aceptable en la medida en que socava los niveles de protección acordados democráticamente. Hay que garantizar que se aplique el principio de precaución.

6.- Defensa de los servicios públicos como servicios de interés general. No existe peor desregulación que la privatización de los servicios públicos. Defendemos el acceso universal a una educación de calidad, a la atención a la salud y otros servicios públicos como instrumentos para sostener la reproducción social de la vida, así como una contratación pública que promueva el empleo local y las economías locales, la discriminación positiva, el emprendimiento social, la economía sostenible, el cuidado de las personas y al servicio del interés público. Defensa de los derechos humanos universales e inalienables de todas las personas, incluidos los derechos a una alimentación adecuada, agua, salud, derechos sexuales y reproductivos, integridad física y psíquica, ropa, vivienda, educación, protección social, movilidad, cultura, ocio y un medio ambiente limpio, que no pueden estar supeditados a intereses transnacionales o de tratados de liberalización comercial.

7.- Solicitar del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno del Estado Español , su apoyo a todas las iniciativas dirigidas a mantener el carácter público de los llamados servicios socialmente útiles y de interés general.

8.- Solicitar del   Ministerio de Economía   y Competitividad la suspensión de las negociaciones del TTIP y otros acuerdos comerciales similares, como el CETA, Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la UE, y el TTSA, acuerdo multilateral para la liberalización y privatización de todo tipo de servicios públicos, con la finalidad de conseguir:

  • Que mecanismos como el ISDS, mecanismo de resolución de disputas entre inversores extranjeros y Estados, no sean incluidos ni en este, ni en ningún otro tratado.
  • Que el tratado, en su caso, no se limite a objetivos meramente económicos y se le dé la misma importancia y sean de tratados de igual forma en el acuerdo los objetivos sociales y los ambientales.
  • Que se termine la actual falta de transparencia de las negociaciones, se haga pública toda la información y se abra un debate público en la Unión Europea y sus respectivos parlamentos nacionales, autonómicos y locales.
  • Que los servicios públicos y la propiedad intelectual sean excluidos del acuerdo.

9.-   Dar traslado de los acuerdos de esta Moción al Gobierno del Estado Español, a todos los Grupos Parlamentarios del   Congreso de los Diputados, al Gobierno de Canarias, a los grupos parlamentarios del Parlamento de Canarias y al   Presidente   del Cabildo Insular de Gran Canaria.

10.- Comunicar a los registros de mociones y/o municipios opuestos al TTIP, de la toma en consideración y aprobacion de la presente moción por el Pleno del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, en su caso, con el detalle de votos y formaciones políticas que la avalan.

Santa Lucía de Tirajana a 25 de febrero de 2016

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