«Vamos hacia el déficit excesivo por una política fiscal oportunista y electoral»

Entrevista publicada en EL DÍA.ES

Román Rodríguez, vicepresidente y consejero de Hacienda y presupuestos afirma que el «problema gordo» lo tienen en el capítulo de personal «con decisiones que ya no tienen marcha atrás pero sí consecuencias en los próximos ejercicios»

El líder de Nueva Canarias (NC) se encuentra inmerso en el análisis concienzudo del presupuesto en vigor y en ir poniendo las bases de las cuentas de 2020. Román Rodríguez critica sin ambages al Gobierno anterior de CC por adoptar medidas que descuadran los gastos y que pueden llevar a Canarias a incumplir no sólo la regla de gasto, sino también el límite del déficit. Hasta al menos mediados de agosto no se tomarán medidas concretas para corregir el rumbo, por lo que el nuevo Gobierno todavía no está en disposición de tomar decisiones a corto plazo y ni siquiera con qué financiación cuenta para el presupuesto de 2020.

¿Hasta dónde llegan las dificultades con las que se ha encontrado el nuevo Gobierno en el presupuesto en vigor?

Hemos heredado un presupuesto envenenado. La previsión de ingresos está sensiblemente por debajo de los datos provisionales que tenemos y, además, hay algunos gastos que se han hecho a sabiendas de que no había cobertura presupuestaria. Esta condición se precisará cuando dispongamos de toda la información pero es la que ha llevado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), solo con los datos del primer trimestre, a advertir del riesgo serio de incumplimiento de la regla de gasto. Ahora tenemos también los datos del segundo trimestre y los estamos precisando con un informe que llevaremos al Gobierno en siete o diez días, pero sí hay una seria reducción de las previsiones de ingresos por la prórroga presupuestaria, el enfriamiento de la economía y las decisiones en materia de política fiscal que se han tomado, con bajadas de impuestos en los últimos años que comprometen la estabilidad presupuestaria y que ya habíamos advertido que tendrían consecuencias. Mantenemos que la política fiscal realizada por el anterior Gobierno se manejó de forma irresponsable y eso lo ratifica la Autoridad Fiscal.

¿Y concretamente qué decisiones se tomaron que comprometen el gasto?

Me refiero a la autorización de gastos en relación con la reducción de la jornada laboral de los trabajadores de la sanidad y la educación que, evidentemente, no vamos a revertir, pero que se tomó en plena campaña electoral. El presidente del Gobierno anterior dijo que iba a incumplir la ley haciendo uso de los datos del superávit para llevar a cabo estas medidas. Eso no lo podía hacer el Gobierno y al final no lo hizo, pero sí comprometió el gasto sin los ingresos necesarios porque los recursos del superávit están fuera de la contabilidad y de la capacidad de decisión de la Comunidad Autónoma. Lo que decidió el Gobierno anterior con la conformidad del Consejo Asesor, que no sé si tenía toda la información, fue comprometer gastos sin cobertura. El punto ocho de la disposición adicional decimosexta de la ley de presupuestos de 2019 se ha incumplido de forma flagrante. Hoy con estos datos provisionales de los técnicos de la Consejería de Hacienda estaríamos no sólo incumpliendo la regla de gasto en el primer semestre con la proyección hacia todo el ejercicio, sino que Canarias va a ir hacia déficit excesivo, por lo que no habrá superávit. Por eso hablo de herencia envenenada ya que, además de la desviación ordinaria que suele haber en los grandes servicios públicos, lo que no había era cobertura para esas dos grandes decisiones que ya no tienen marcha atrás, pero sí consecuencias. Todo esto se hizo de forma consciente porque los datos de la AIReF son del primer trimestre y, por ejemplo, la orden de Educación es de mayo.

Pero el Gobierno anterior tomó estas decisiones con la conformidad del Consejo Asesor y con un Ejecutivo central que a día de hoy no se ha pronunciado todavía ¿no?

Lo hicieron sin tener en cuenta lo que ellos mismos establecieron en la ley de presupuestos a sabiendas de que no había cobertura. No se puede decir tan alegremente que se va a utilizar el superávit cuando no hay respaldo legal ni autorización de Hacienda. Rescataré los expedientes que se hicieron en su momento pero algunos de ellos no tienen ni siquiera el informe reglado de la Dirección General de Presupuestos. El Gobierno anterior tuvo en este tipo de medidas un discurso oportunista y por razones estrictamente electorales y al final, pese a la propaganda, hemos heredado un presupuesto que incumple la regla de gasto y con déficit excesivo.

¿Qué implica esta situación para el cumplimiento de los compromisos sociales del nuevo Gobierno?

Tenemos que medir esta situación con precisión absoluta. Ya hemos pedido información adicional a los departamentos que consumen más gasto, los formularios ya salieron a los departamentos correspondientes para tener en los próximos días esa información y comprobar el alcance junto al resto del Gobierno. De esta forma, analizaremos el escenario real y la disponibilidad de crédito no esencial del que disponemos sin consumir o inversiones no afectadas que no se van a ejecutar y que nos pueden servir para desarrollar otro tipo de actuaciones. Tendremos también que usar créditos de la sección 19 -gastos de diversas consejerías- para ajustar los desajustes y ya veremos qué otras medidas. La idea es que a mitad de agosto el Gobierno disponga de un informe definitivo y adopte un acuerdo preciso sobre la realidad y las iniciativas que podamos proponer.

¿Entonces el Gobierno no renuncia a sus compromisos? ¿Tienen temor a precipitarse?

Nos hemos encontrado con dificultades y tampoco podemos adoptar medidas precipitadas ante la irresponsabilidad del Gobierno anterior de tomar decisiones sobre gastos sin ingresos suficientes. Fernando Clavijo presumió en el debate de investidura de haber bajado los impuestos en 470 millones y he pedido un informe sobre eso. Supongo que, bajo esa tesis, a día de hoy hay esa cantidad menos de ingresos en el presupuesto. En su momento compartimos parte de las rebajas fiscales cuando favorecen a las rentas bajas pero tendremos que evaluar la política fiscal cuando llegue el momento. Trataremos de recuperar aquellas decisiones que consideramos irresponsables, inoportunas y con consecuencias con el fin de destinar esos recursos a responder a las necesidades que tienen las administraciones públicas. El problema gordo lo tenemos ahora en el capítulo de personal.

¿De cara al 2020 se tendrá que cambiar mucho el presupuesto en relación con el actual para adecuarlo al programa de este Gobierno?

Espero que no. Al final del proceso realizaré las propuestas pero lo primero que tenemos que saber es en qué situación estamos porque será necesario adoptar medidas correctoras. El problema no sólo está en el presupuesto vigente sino que se consolida el gasto comprometido en los próximos ejercicios. Las medidas que tomemos las acordaremos en el conjunto del Gobierno. Ahora bien, siempre he dicho que es falso que bajar impuestos suponga más gasto social y aquí tenemos el ejemplo.

¿Pero este Gobierno quiere hacer una reforma fiscal en profundidad o solo habrán retoques de algunos impuestos?

Mi propuesta es que antes de tomar ese tipo de decisiones primero habrá que analizar en qué rebajas fiscales estamos de acuerdo como es el caso de la tasa rosa, los alimentos básicos y otro tipo de cuestiones que afectan a las rentas más bajas. No vamos a renunciar a una reforma fiscal en profundidad pero de lo que se trata es de revertir alguna de estas decisiones poco responsables.

¿Entre las decisiones poco responsables a las que se refiere se encuentran subir el IGIC del 6,5 al 7% o restablecer el impuesto de sucesiones y donaciones?

Pudiera ser. Yo en eso no tengo ninguna duda, otra cuestión es que sea la decisión que tomemos en el Gobierno ahora o el año que viene. Tendremos que evaluarlo todo y la propuesta de NC siempre ha sido la progresividad fiscal, también en sucesiones y donaciones porque hay que tener en cuenta el patrimonio que se hereda, pero son asuntos que aún no hemos debatido en el Gobierno.

¿Y los nuevos tributos medioambientales?

No lo hemos discutido todavía. En estas 72 horas que llevamos trabajando lo que nos hemos dedicado es a analizar el estado de los ingresos y los gastos a día de hoy.

¿Y de qué manera van a abordar la política fiscal con las organizaciones empresariales, que se oponen a cualquier subida de impuestos?

Supongo que el presidente convocará al Consejo Asesor y les explicará que la rebaja de medio punto del IGIC ha tenido consecuencias en los ingresos y que compromete la estabilidad presupuestaria de la Comunidad. Espero que el nivel de comprensión que tuvieron cuando se bajaron impuestos también lo tendrán si se suben, una vez que pongamos sobre la mesa los números de verdad y las consecuencias de las decisiones tomadas de manera frívola. Las medidas que adoptemos las explicaremos, evidentemente.

¿El Gobierno quiere recuperar los 470 millones dejados de ingresar por la bajada de impuestos para aplicar sus iniciativas sociales?

Insisto en que no estamos en contra de todas las rebajas fiscales sino de aquellas que se han hecho de forma indiscriminada, sin diferenciar las rentas y sin ningún criterio de progresividad. Se trata de revisar lo que no afecte a los consumos básicos y a las rentas medias y bajas. No descartamos nada pero los tributos los tocaremos si son necesarios porque ahora Canarias ya no acabará el año con superávit y estamos pendientes de la negociación de la deuda del convenio de carreteras, además de que todavía no sabemos si habrá Gobierno central en septiembre o no y presupuestos del Estado el próximo año. Lo que tenemos claro es que no vamos a renunciar al programa social del Gobierno, no tenemos calibrado cuánto necesitamos para empezar a aplicarlo pero la próxima semana ya reuniré a los servicios profesionales de la Consejería de Hacienda para iniciar el proceso de estudio de los presupuestos de 2020 y marcar las prioridades en función de lo que nos envíen los distintos departamentos. En dos semanas espero tener la información precisa tanto de lo que tenemos ahora como de las previsiones de 2020.

¿Cuenta el Gobierno canario con la variable que suponen los 500 millones que adeuda el Estado de los fondos adelantados del convenio de carreteras?

Lo que podemos aspirar en términos políticos es a intentar librar del superávit los 500 millones. Es algo bastante complejo y sería deseable que esta cantidad no fuera finalista, aunque también es cierto que si los liberamos tampoco se pueden gastar en lo que tu quieras por la ley de estabilidad. Ahora estamos en el escenario de negociar para que sean transferidos en varios plazos, recuperando un pacto para desvincular esta cantidad del superávit y, vía convenio, vengan a Canarias en un periodo de tres o cuatro años.

El Gobierno anterior solicitó en la ejecución de sentencia que el tribunal aclarase que esos fondos se puedan destinar a gasto social ¿lo ve viable?

Una cosa es lo que se solicite y otra cosa es que la Audiencia Nacional entre en ese tipo de asuntos, es legítimo que el Gobierno pida aclaraciones pero otra cosa es que los jueces lo hagan. Lo que dirán es que se pague ese dinero sin entrar en otro tipo de cuestiones.

Usted asume también los asuntos vinculados a la Unión Europea y está sobre la mesa el nuevo presupuesto comunitario y un brexit que se presume duro ¿cómo lo afronta?

Mi responsabilidad es la defensa de las singularidades canarias en el marco comunitario, que ahora esencialmente se centra en no perder participación en el presupuesto 2021-2027, sobre todo con el Posei, y la convalidación de las ayudas de Estado de los próximos años. Pero hay malas noticias ya que, por un lado, Alemania se encuentra en retroceso económico con un 0,5% de previsión de crecimiento de su PIB y, por otro lado, la previsible salida dura del Reino Unido de la UE. Esta situación tirará hacia abajo de la economía europea, la devaluación de la libra afectará a la capacidad de compra de los británicos y puede comprometer a las exportaciones agrícolas canarias. En los asuntos europeos estamos preocupados e inquietos por la incertidumbre a la que nos enfrentamos.

¿El pacto alcanzado finalmente en el Cabildo de Gran Canaria consolida el acuerdo autonómico entre PSOE y NC?

La alianza progresista de Gran Canaria en la legislatura pasada alumbró el camino de este pacto de progreso en Canarias. Han habido problemas en la configuración del pacto en el Cabildo que ya están resueltos y graves problemas en algunos municipios que NC?no olvida porque la dirección del PSOE de Gran Canaria puso en riesgo el pacto regional. En el seno del partido se criticó la alianza con los socialistas pero yo aposté por la luz larga, es decir, construir una mayoría alternativa para realizar las políticas que queremos hacer a partir de ahora. Las desconfianzas de los pactos locales no deben quebrar la alianza insular y los problemas en el Cabildo no deben quebrar la alianza canaria. También tengo que decir que este pacto regional no debe impedir el entendimiento entre las fuerzas nacionalistas a medio plazo y ya he dicho en varias ocasiones, por activa y por pasiva, que las diferencias entre los partidos nacionalistas son las políticas y no las personas.