NC logra que el Senado apruebe empezar a trabajar en su reforma

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María José López, senadora de Nueva Canarias, acaba de lograr que se apruebe por parte de todos los grupos políticos, una MOCIÓN para iniciar la reforma del Senado.

Ha llevado adelante uno de sus compromisos electorales, igual que en el problema de la carretera de La Aldea, la lucha de las camareras de piso o la solicitud de creación de una subcomisión de estudio para niños enfermos de cáncer.

 

Presentación de la Moción:

En España se han plantado innumerables propuestas respecto a la reforma constitucional del Senado y a su sistema de elección. Se han llevado a cabo debates académicos institucionales al respecto, incluidas varias ponencias parlamentarias en la propia cámara alta –como la desarrollada durante la décima legislatura– que han abordado abiertamente la cuestión, con la participación de toda clase de expertos. Y existe ya gran cantidad de información publicada al respecto.

El objetivo de esta moción que trae hoy aquí Nueva Canarias no es otro que el de crear un foro, un espacio en el que abordar la reforma del Senado, donde todos los grupos políticos puedan expresar y defender sus posiciones al respecto. De hecho, no hay ninguna propuesta política que suscite más consenso que la necesidad de reformar el Senado. Todos los partidos políticos, legislatura tras legislatura, proponen su reforma sin que haya hasta el momento fructificado ninguna propuesta.

En su versión más extrema la propuesta consiste simplemente en su supresión, posición que Nueva Canarias no comparte en absoluto. Al contrario, nosotros consideramos que hay que convertirlo en un espacio de diálogo, equilibrio y cohesión territorial.

Desde Nueva Canarias somos conscientes de que el debate sobre el sistema de elección y de las funciones constitucionales del Senado es necesario y legítimo, pero también complicado de abordar en estos momentos. No se dan las condiciones políticas de diálogo y de consenso que requeriría una reforma constitucional, pero esto no puede ni debe frenar el trabajo que planteamos: poner en marcha un órgano de estudio que cambie el funcionamiento del Senado en la forma y en el fondo.

Y esto sólo requiere de voluntad política.

Porque la percepción negativa de la ciudadanía, absolutamente justificada, y la insatisfacción que genera el funcionamiento del Senado, deriva sobre todo de la réplica estéril del trabajo del Congreso de los Diputados; de la imagen de inoperancia de esta cámara y de no ser un órgano de debate y confluencia de los distintos territorios. Ello se refleja actualmente en todas las facetas de su actividad.

El Senado realiza funciones de control político absolutamente miméticas en su formato y estructura: preguntas, interpelaciones, comparecencias en comisiones, como las que celebra el Congreso. Son iguales, pero con actores de menor relieve político, lo cual devalúa su percepción por los ciudadanos y acaba generando insatisfacción.

La función de orientación política, mociones equivalentes a las proposiciones no de ley, es igual también a la que ejerce el Congreso; sin que por tanto el Senado tenga ninguna capacidad atraer el interés de la opinión pública.

En el plano legislativo el Senado tramita los proyectos de ley también con mimetismo respecto al Congreso, repitiendo los mismos trámites: pleno, ponencia, comisión, si bien con más rapidez y menos debate. El Senado no aporta por tanto ningún valor añadido actualmente en el proceso legislativo.

Por eso el verdadero reto en la reforma del Senado se encuentra, en la actualidad, en la redefinición de sus funciones, de sus métodos de funcionamiento y en su especialización en asuntos territoriales. Cuestiones que son posible abordar sin necesidad de realizar una reforma previa de la constitución.

Según Nueva Canarias algunos ejemplos podrían ser los siguientes:

  • Elaboración de un informe de impacto territorial en aquellos proyectos de ley que tengan una especial trascendencia territorial. Es decir, los que vengan referidos a materias cuya competencia ejecutiva esencial corresponda a las comunidades autónomas –sanidad, educación, políticas sociales–. Deberían ser objeto de un informe previo de impacto territorial en el Senado, antes de que el gobierno los remita formalmente al Congreso los Diputados.
  • También las reformas de los Estatutos de Autonomía, las leyes de ampliación de competencias extraestatutarias de las comunidades autónomas o las leyes relativas al régimen jurídico de las entidades locales. Esto permitiría generar un debate político relevante sobre el proyecto de ley antes de su llegada al Congreso.
  • La elaboración de un informe territorial de los presupuestos generales del Estado. Se trataría de un informe anual sobre la estructura territorial del gasto público del Estado, a efectos de reforzar el papel institucional del Senado. La tramitación de este informe se realizaría simultáneamente con la tramitación en el Congreso de los presupuestos generales del estado.
  • En la función de control político se podría establecer la comparecencia del presidente del gobierno ante el pleno, antes de la conferencia anual de presidentes de comunidades autónomas. Y también comparecencias del gobierno ante las comisiones del Senado, antes y después de las reuniones del consejo de política fiscal y financiera, y de las reuniones de las conferencias sectoriales.
  • La comparecencia ante la comisión competente del Senado, previo a su nombramiento, de todas las autoridades del Estado con responsabilidad en las comunidades autónomas, como por ejemplo los delegados del gobierno en las comunidades autónomas.

Todas estas cuestiones, propuestas para promover el impulso al funcionamiento del Senado como cámara territorial, serían abordables con rapidez y sin necesidad de una reforma previa de la constitución.

Ahora bien, señorías, igual de urgente y necesario que llevar a cabo una especialización territorial del Senado es abordar cambios en el reglamento, que permitan agilizar los procedimientos dentro de la propia cámara y garantizar el pleno ejercicio de la función parlamentaria de los Senadores: Fijar reglamentariamente un plazo para la constitución de las comisiones; establecer un calendario mínimo de celebración de las mismas; eliminar el requisito de fijar las cuantías de las mociones –no exigible en el Congreso para las proposiciones no de ley–; incrementar el número de plenos para poder aumentar las posibilidades de participación de los grupos políticos con menor representación; o atribuir las mociones a los senadores que las elaboran y defienden, y no a los grupos parlamentarios, en aras de una mayor transparencia. Son sólo algunos de los ejemplos.

En definitiva, señoría, estos son solo algunos ejemplos.

Hay mucho trabajo por realizar. Que la regeneración democrática de la que tanto hablamos empiece por esta casa. Comprometámonos a empezar, pero también a terminar alcanzando acuerdos. Fijemos entre todos unos plazos razonables de trabajo para concluir la tarea. No lleguemos a las siguientes elecciones a decir que nuestra propuesta electoral sobre el Senado es reformar el Senado y convertirla en una auténtica cámara de representación territorial. Está en nuestras manos. Empecemos el camino del cambio.

Para eso les pido el apoyo a esta moción