Saharauis: más de cuarenta años de resistencia a la invasión de Marruecos y de permanencia de los campamentos de refugiados de Tinduf

Aprobación en el Pleno Municipal de la Moción  en defensa de los Derechos del Pueblo Saharaui.

 Exposición de motivos

Cumplidos ya los 55 años de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales y 71 de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, se hace necesario abordar de manera preferente, la resolución de la causa saharaui, ya que en este 2016 se cumplen 41 años desde el abandono por parte de España del Sáhara Occidental, siendo en la actualidad un territorio No Autónomo pendiente de descolonización, sometido además a una ocupación ilegal por parte de Marruecos.

Correspondiendo a las Naciones Unidas y a sus Estados miembros la responsabilidad principal en materia de descolonización y teniendo el Consejo de Seguridad la máxima responsabilidad en la búsqueda de una solución justa y definitiva, acorde con la Carta fundacional de las NNUU y las múltiples resoluciones en las que el Pueblo Saharaui tiene reconocido el derecho a la autodeterminación, no podemos entender la inoperancia para la resolución de este conflicto.

Existe una enorme preocupación por la violación de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, expresada en las resoluciones de la ONU, al igual que en los informes del Relator de la ONU contra la Tortura y las reiteradas denuncias de delegaciones de observadores internacionales que han visitado los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental. Esta situación crea un clima de represión y de intimidación en la población saharaui, que sufre todo tipo de vulneraciones en sus derechos políticos, sociales y económicos. Las torturas, las detenciones ilegales, los juicios sin garantía, las condenas injustas, la prohibición de la presencia de observadores de Derechos Humanos en el Territorio, están creando un clima de violencia que sólo consigue agravar la situación.

Especialmente grave ha sido el juicio militar contra 25 activistas saharauis del Campamento de Gdaym-Izik con condenas perpetuas, y a 30 años, 25 años y 20 años de prisión, vulnerándose las mínimas garantías procesales de los detenidos y denunciándose las torturas y la ausencia de pruebas, como han informado los observadores internacionales presentes en el juicio.

Igualmente preocupante es el expolio de las riquezas naturales, que, de manera ilegal, se viene produciendo en el territorio del Sáhara Occidental y que vulneran los derechos económicos de la población saharaui.

Se constatan las enormes dificultades para solventar las necesidades de carácter humanitario en los Campamentos de Refugiados de Tinduf, que están a punto de provocar una catástrofe humanitaria. Las carencias alimentarias, sanitarias, abastecimiento de agua, equipamientos sociales y educativos y de necesidades básicas, están llevando a la población refugiada a una situación de desesperación, agravándose todo ello por la disminución de la ayuda humanitaria de los países donantes, como consecuencia de la crisis económica y los recortes sociales y presupuestarios.

Existe una responsabilidad histórica, política y jurídica del Estado Español al haber firmado con Marruecos y Mauritania los ilegales acuerdos tripartitos de Madrid en 1975. En su calidad de potencia administradora del territorio y miembro del grupo de Países Amigos del Secretario General para el Sáhara Occidental, además de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU durante el mandato 2015/2016, no podemos obviar la necesidad de un compromiso firme para viabilizar la solución de este conflicto.

Canarias tiene una especial sensibilidad con la causa y la tragedia del Pueblo Saharaui, por su cercanía geográfica y por las tradicionales e históricas relaciones sociales, económicas, educativas y comerciales, que existieron desde la época de la Colonia durante decenas de años.

La Comunidad Canaria está muy interesada en que se avance hacia solución de este largo y vergonzoso conflicto que sólo se puede garantizar en el marco del respeto a la legalidad internacional, las resoluciones de las Naciones Unidas y el respeto a los irrenunciables derechos del Pueblo Saharaui a vivir en paz y en libertad en su Territorio.

Hoy, fieles a nuestro compromiso, y teniendo en cuenta que Santa Lucía, fue el primer municipio canario en hermanarse con el pueblo saharaui, nos sumamos a la red de instituciones y organizaciones que exigen que se resuelva la justa causa del Pueblo Saharaui.

Por todo ello, se proponen para su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento los siguientes ACUERDOS:

  1. Reiterar el apoyo al derecho que tiene reconocido el Pueblo Saharaui a la Autodeterminación y a ejercitarlo a través de un Referéndum libre, democrático y donde se planteen todas las opciones, tal como reconoce el Derecho Internacional y, sobre todo, las reiteradas resoluciones de la ONU. El conflicto tiene su origen en un proceso de descolonización que no ha concluido, por lo que cualquier fórmula que no respete este principio se aleja de una solución efectiva y realista.
  1. Mostrar la preocupación por la violación de los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados que se ejercen sobre la población civil saharaui del Sáhara Occidental, e instar el cese inmediato de la represión, la libertad de todos los presos políticos saharauis defensores de los DD.HH., el fin del expolio de los recursos naturales y el acceso al territorio de observadores internacionales. En este sentido es esencial la ampliación del mandato de la Minurso para garantizar el respeto de los Derechos Humanos en el Territorio y que la ONU garantice no sólo el alto el fuego, sino que evite la vulneración de los Derechos Humanos, hasta la celebración del Referéndum. Igualmente se exige la anulación del juicio militar contra los 25 activistas del Campamento de Gdaym-Izik y la libertad inmediata de todos los detenidos.
  1. Hacer un llamamiento al Gobierno de España, al Gobierno de Canarias y a todas las instituciones canarias para incrementar los proyectos de ayuda humanitaria destinados a paliar las graves carencias de productos básicos en los campamentos de refugiados, sobretodo en alimentación, salud, educación, vestido, calzado y servicios básicos, agravadas por las recientes inundaciones que han destruido en su totalidad el Campamento de Dajla.
  1. Solicitar del Gobierno de España el reconocimiento efectivo del Frente Polisario, como representante legítimo del Pueblo Saharaui, tal como lo considera la ONU, y facilite y otorgue a sus representantes el mismo status diplomático del que goza la Misión Diplomática Palestina en España, con el objeto de facilitar sus iniciativas políticas y humanitarias en nuestro país orientadas a responder a las necesidades del Pueblo Saharaui.
  1. Demandar del Gobierno de España una postura mucho más activa, en la defensa de las resoluciones de la ONU para la celebración del Referéndum de Autodeterminación, el respeto a los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, y el fin del expolio de los recursos naturales, instando para ello tanto a la ONU como a la UE al cumplimiento de la legalidad internacional, así como al Gobierno de Marruecos.
  1. Dar traslado de los presentes acuerdos al Secretario General de la ONU, Presidencia de la Comisión Europea, Presidencia del Parlamento Europeo, Casa Real Española, Presidencia del Gobierno, Ministerio de Asuntos Exteriores, Misión Permanente de España ante Naciones Unidas, Gobierno de Canarias y Fecam.

En Santa Lucía, a 25 de febrero de 2016.

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